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Pensamiento Crítico

Una Revolución en marcha en Puerto Rico

Azahara Palomeque | ctxt.es | 10 Agosto 2019

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“¿Has visto los videos del perreo combativo?, ¿no te los pasé?” –me dice un amigo boricua. Y, tras abrir uno de los enlaces, compruebo cómo, frente a la catedral, en pleno corazón del Viejo San Juan, miles de personas se mueven a ritmo de reguetón y a gritos de “Ricky, renuncia”. La música une a un colectivo que ha sabido transformar la reivindicación de derechos sociales en una fiesta sin parangón, en una apuesta por los cuerpos con vida que contrastan con la devastación y los más de 4.000 muertos que provocó el huracán María en 2017. Cantantes como René Pérez (Residente), Ricky Martin y Bad Bunny han participado en unas marchas que no han logrado disolver la brutalidad policial y los litros de gases lacrimógenos vertidos. Se ha protestado a cacerolazos, en moto, a caballo, por mar y por aire, como reporta la periodista Victoria Leandra. Más allá de lo anecdótico, esta diversidad de maneras de decir basta revela una complejidad histórica marcada por la resistencia. Si el futuro de la isla es incierto, no lo es la capacidad combativa de sus habitantes, ni de la diáspora.

“Es como otro 15M” –me dice mi amigo–, “pero mucho mayor”. Las protestas han llegado a protagonizarlas más de un millón de personas, casi un tercio de la población isleña. Se trata, al igual que el 15M, de un movimiento sin líderes y en que la crítica total al quehacer partidista expresa una radicalidad política que desborda toda institucionalización. Al margen de los paralelismos, el movimiento boricua es, sin embargo, único en cuanto que parte de la llamada “colonia más antigua del mundo” y ha adquirido las formas más diversas.

La historia, las causas

Mi amigo boricua es el profesor y novelista Luis Othoniel Rosa. Le he pedido que me lleve directamente a la raíz de las manifestaciones, que rebobine y vayamos trazando juntos el camino recorrido por Puerto Rico desde 1898, desde lo que en España se conoce como el “desastre”, el momento a partir del que la isla dejó de ser colonia española y pasó a manos del gigante del norte. Él se queja –prácticamente todos los boricuas se quejan en estos momentos– y me exige una visión de futuro, que observe las calles y sus anhelos, que analice una “euforia” incontrolable, una “alegría colectiva que los gringos no pueden entender”. 

La última vez que nos vimos fue en enero, cuando de su mano conocí los entresijos de Borinquen, desde nuestro recorrido por las calles sanjuaneras que tanto recuerdan a la arquitectura andaluza hasta las playas de Patillas, un enclave perdido del sureste muy cercano a la zona en la que el huracán tocó tierra y donde aún quedan casas derruidas y semáforos que no funcionan. También asistimos juntos a una fiesta familiar en Bayamón, en la algazara nocturna, bailábamos Despacito y discutíamos las consecuencias del desmantelamiento de la universidad pública. Esa fiesta parece ahora la premonición de un clamor que comenzó el pasado 13 de julio, cuando el Centro de Periodismo Investigativo sacó a la luz 899 páginas de un chat en que el gobernador Ricardo Rosselló y su equipo hacían comentarios machistas y homófobos, se burlaban de las víctimas de María y hasta bromeaban sobre la posibilidad de matar a tiros a Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan, cuyos enfrentamientos con Trump después de la catástrofe medioambiental la han convertido en una celebridad. 

Tras casi dos semanas de manifestaciones masivas en las calles de la capital, en otras partes de la isla y en varias ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Miami, Rosselló declaró oficialmente su dimisión el 24 de julio. Se hizo efectiva el 2 de agosto. Junto a él, más de una decena de miembros de su gabinete ha dimitido hasta ahora, incluyendo algunos involucrados en las conversaciones del chat. Días antes de que comenzaran las protestas, el FBI arrestó a la secretaria de Educación, Julia Keleher, y a la directora de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila, por ofrecer contratos por valor de más de 15 millones de dólares a empresas con las que tenían vínculos personales. 

Las causas de la ira popular se remontan, sin embargo, a una crisis política y económica que lleva vapuleando a la nación insular más de una década. En 2016, Puerto Rico estuvo al borde del colapso financiero cuando, incapaz de declarar la bancarrota debido a su estatus como Estado Libre Asociado, Estados Unidos aprobó la llamada ley Promesa (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act). Esta estableció una Junta de Control Fiscal que gestiona el presupuesto de la isla y que, con la connivencia del gobierno, ha impuesto medidas de austeridad que han cristalizado en fuertes recortes en servicios sociales como la educación y la sanidad. La Junta también gestiona una deuda pública que muchos consideran ilegítima, en un territorio donde casi la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Esta pérdida de autonomía financiera se ha sumado al sentimiento generalizado de que la isla no es sino una colonia, una nación con una cultura propia pero cuya soberanía ha sido intervenida por la Casa Blanca. 

 

Los puertorriqueños son, desde el punto de vista legal, ciudadanos estadounidenses; no obstante, les está prohibido votar en las elecciones al congreso y a la presidencia americana. El oportunismo con que fue concedida esa ciudadanía en 1917, como estrategia política para que miles de boricuas pudiesen alistarse en el ejército en la Primera Guerra Mundial, junto a la constante subyugación a los dictámenes del norte, ha llevado a escritores como Eduardo Lalo a aseverar que el pasaporte no hace sino acentuar la extranjería del pueblo puertorriqueño.

La condición colonial de Puerto Rico, la absoluta desconfianza hacia todos los partidos políticos y la necesidad ciudadana de gestionar las finanzas de la isla –al grito de “Ricky, renuncia, y llévate la Junta”– han sido, y continúan siendo, los mensajes más populares en las marchas. Además, por los vericuetos del Viejo San Juan han circulado multitud de pancartas recordando a los muertos del huracán María tanto en fotos e historias personales como en forma de número: 4.645. La cifra fue proporcionada por un estudio de Harvard meses después de que el gobierno de Trump y el del depuesto Rosselló la situaran en apenas unas decenas. 

Si el chat filtrado puede considerarse la gota que colmó el vaso y lanzó a la ciudadanía a la calle, las protestas son, para la antropóloga y profesora de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) Yarimar Bonilla, el resultado directo del huracán. En una entrevista reciente publicada por Jacobin Magazine, Bonilla destaca que las declaraciones contenidas en el chat se estaban produciendo al mismo tiempo que la población de la isla luchaba por mantenerse a flote tras la debacle medioambiental que dejó a miles de personas sin electricidad y agua corriente durante meses, sin acceso a servicios médicos básicos y sin escolarización. No sólo la naturaleza jugó una mala pasada a los puertorriqueños: un  estudio de Amnistía Internacional señaló la imposibilidad de acceder a ayudas federales. La agencia encargada de proporcionarlas, FEMA, exigía cumplimentar las solicitudes por internet y en inglés, así como demostrar la posesión de la vivienda mediante documentos que no son comunes en la isla. 

Mientras los puertorriqueños enterraban a sus muertos en fosas comunes, miembros del gabinete de gobierno se burlaban de los cadáveres. Según Bonilla, la capacidad ciudadana para sobrevivir a base de redes comunitarias, mediante las que compartir comida, agua, pilas o insulina, es el resultado de una cultura de autogestión frente a la pasividad de sus representantes. Para la antropóloga, es precisamente esta resiliencia la que ha tomado las calles estos días, la que llevado al pueblo “no sólo a cuidarse a sí mismo, sino también a cambiar su gobierno”. 

Un futuro incierto

Han pasado varios días desde que Ricardo Rosselló renunciase a su puesto como gobernador. Es el primero en hacerlo desde 1948, año en el que se permitió a los puertorriqueños votar a su representante máximo local. Antes lo elegía el presidente de Estados Unidos. Las leyes que rigen el Estado Libre Asociado no garantizan la convocatoria de elecciones si el jefe del ejecutivo dimite; en su lugar, un sistema de sucesiones establece el acceso al cargo, otorgándoselo primero al secretario de Estado. Este puesto se quedó vacante tras la dimisión de Luis G. Rivera Marín, quien participó en el chat. Rosselló designó entonces como sucesor a Pedro Pierluisi en mitad de una polémica por la constitucionalidad del procedimiento que acabó con su liderazgo en apenas unos días. Además, Pierluisi pertenece a la élite política rechazada por los manifestantes y son conocidos sus vínculos con la Junta, para la que ha ejercido como abogado. Tras la salida de Pierluisi por mandato del Tribunal Supremo, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, ha asumido el cargo de gobernadora en un clima de inestabilidad política que no tiene visos de acabar pronto.  

Queda también por determinar la estrategia de Washington. Desde el comienzo de las protestas, Trump ha intentado rentabilizar esa furia colectiva tachando al gobierno boricua de “corrupto” y proporcionando cifras falsas sobre la ayuda monetaria recibida en fondos federales: 92 mil millones de dólares según el presidente, aunque otras fuentes apuntan a que han sido poco más de 13 mil. Para muchos, la pésima gestión de estas cantidades destinadas a la recuperación post-María supondría un motivo para restringir el acceso de la isla a fondos federales, mientras que medios como The Intercept han alertado de que el cuestionamiento de la legitimidad del gobierno puertorriqueño puede acabar fortaleciendo a la Junta de Control Fiscal, que asumiría todavía más potestad sobre la colonia.

Pero, “¿y las calles?, ¿y la gente?” –me reprocha mi amigo boricua. Se puede afirmar de manera rotunda que aquéllos que han ocupado las entrañas de San Juan arriesgándose a una carga policial y exigiendo, con la vitalidad de unos cuerpos danzantes, justicia para los que yacen bajo tierra, reclaman más autogobierno y no la merma de una soberanía ya raquítica y siempre a la sombra de la Casa Blanca. El hartazgo, frente a una clase política adinerada capaz de mofarse de la ciudadanía en los momentos más críticos, y frente a un estatus colonial que no parece haberse interrumpido desde 1493, ha aglutinado a miembros de distintas clases sociales, ideologías y generaciones en un poderoso grito que sigue activo. Como ocurriera con el 15M, la gente está organizándose de manera asamblearia para decidir el futuro de una nación en que la participación ciudadana supere el gesto de las urnas. Se debate una posible auditoría de la deuda, mejor gestión de la educación y la sanidad, restricciones al poder de la Junta o su total eliminación. Frente al bandolero “míster politiquero que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo”, denunciado en la conocida canción de Tego Calderón y Don Omar, se levanta el Afilando cuchillos de René Pérez y Bad Bunny, himno que ha calado en las manifestaciones aún activas y que anuncia la llegada de un pueblo dispuesto a decidir su futuro. Quizá, después de todo, la respuesta esté en el perreo.

(*) Azahara Palomeque es escritora, periodista y poeta. Exiliada de la crisis, ha vivido en Lisboa, São Paulo, y Austin, TX. Es doctora en Estudios Culturales por la Universidad de Princeton.   Para Ctxt, disecciona la actualidad yanqui desde Philadelphia. Su voz es la del desarraigo y la protesta.

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