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Pensamiento Crítico

Bolsonaro privatiza la naturaleza

Por Eric Nepomuceno | Diario Página/12, Argentina | 06 Diciembre 2019

A través de un decreto el presidente de Brasil Jair Bolsonaro ha privatizado tres parques nacionales, entre ellos el lado brasileño de las Cataratas de Iguazú. Los parques fueron incluidos en el Programa Nacional de Desestatización (PND) a través de los cual el presidente brasileño espera generar nuevos ingresos. Se trata de los parques nacionales de Lençois Maranhenses (noreste), Jericoacoara (noreste) e Iguazú (sur). Estos espacios naturales paradisíacos podrán ser privatizados y entregados en concesión. Este es sólo el comienzo un plan más amplio de privatizaciones, dijo el Ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes.

El decreto fue publicado por el Diario oficial de la Unión (boletín oficial) el martes y tiene vigencia inmediata. Establece que las empresas que obtengan las concesiones tendrán que brindar apoyo para las visitas públicas. También deberán prever costos y generar acciones de apoyo a la conservación y gestión de los parques. La privatización recae tanto sobre los servicios como la infraestructura, así como la liberación del mercado aéreo a empresas extranjeras. El PDN en el cuál fueron incluidas estas privatizaciones está vigente en Brasil desde la década de 1990. Ese programa fue usado por varios gobiernos para dar en concesión bienes y servicios públicos al sector privado.

La medida contempla promover la llegada de más turistas al país. Para eso otorgará facilidades en la obtención de visas turísticas a ciudadanos de Australia, Canadá, China, Japón y Estados Unidos. Además establece la contratación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para que estudie las concesiones. Esta entidad también deberá llevar a cabo acciones de apoyo para la supervisión de servicios técnicos y la revisión de proyectos.

Según la legislación de Brasil, los parques nacionales son unidades de conservación federal. Esto quiere decir que son áreas naturales creadas y protegidas por el poder público. El uso de sus recursos naturales sólo se puede realizar de forma indirecta.

El Parque Nacional de Iguazú, ubicado en la frontera con Argentina, es internacionalmente conocido por las cataratas del mismo nombre. Es un área protegida de gran biodiversidad, con miles de especies de plantas y unas 400 de aves. Hasta hoy el gobierno de Brasil cobraba entradas para las visitas. La empresa responsable de su cuidado dependía de un órgano gubernamental. Con el decreto el estado se desprenderá de su gestión. Recibe a cerca de 1,7 millones de turistas por año.

Una reunión entre gánsteres

Una reunión ocurrida el pasado seis de noviembre pero solamente revelada ahora explica la base de la política ambiental aplicada en Brasil desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia.

En aquella ocasión, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, recibió en su despacho a cuatro integrantes del Congreso, todos vinculados al sector rural, acompañados por cinco propietarios rurales del estado amazónico de Acre.

Luego de la reunión, Salles –quien sigue asegurando que no hay devastación en la Amazonia– determinó que se suspendiese totalmente la fiscalización en la reserva ambiental Chico Mendes.

De esa forma, Salles acató y cumplió lo prometido por el ultraderechista Jair Bolsonaro a lo largo de la campaña electoral y luego reforzado cuando se instaló en la presidencia: terminar con lo que clasifica como ‘industria de la multa’, o sea, la fiscalización ambiental.

Junto a sus ataques furiosos a la extensión de las reservas indígenas, las áreas de protección ambiental son foco permanente de críticas de Bolsonaro, ahora llevadas a la vida real por el ministro del sector.

Solamente entre enero y fines de octubre de este año, la reserva Chico Mendes tuvo 75 kilómetros de floresta totalmente devastados, un aumento de 203% en comparación con todo el año pasado.

De los cinco propietarios participantes del encuentro, todos infractores ambientales, cuatro fueron a las barras de los tribunales. Son conocidos por acciones ilegales en la Chico Mendes, bautizada con el nombre del militante ambientalista asesinado hace 21 años.

Uno de los activistas más respetados y reconocidos globalmente en su época, Mendes defendió la creación de una reserva natural de protección en Xapuri, municipio de su estado natal.

Nunca la vio: fue muerto por orden de dos propietarios rurales que habían invadido tierras públicas y por él denunciados y luego presos.

Los presentes hicieron duras denuncias de "actos truculentos" llevados a cabo por los fiscales responsables de preservar la mata de la región. Por "actos truculentos" se referían a la fiscalización que impide, o trata de impedir, actividades prohibidas, de la creación de ganado a la extracción ilegal de madera.

Uno de los presentes, Rodrigo Santos, amenazó de muerte a un funcionario del Instituto Chico Mendes, responsable por preservar la región demarcada por ley. Fue su respuesta a la denuncia presentada por el fiscal, probando que Santos, además de haberse apoderado de tierras públicas mediante documentación falsa, había desmatado 69 hectáreas protegidas.

Otro, un ex procurador-general de Justicia del estado de Acre, Jorgenei Ribeiro, el pasado septiembre fue denunciado por el Ministerio Público por haber desmatado 71 hectáreas de la floresta protegida para abrir la ruta, destinada al transporte de madera extraída ilegalmente.

Ya Gutierri da Silva fue condenado por extracción ilegal de maderas nobles, y recurre de la sentencia en libertad. Fátima Sarkis, por su vez, tiene creación de ganado en área protegida, o sea, creación ilegal, e igualmente responde a una acción en la Justicia.

Uenderson de Brito es blanco de una denuncia oficial por ocupar 400 hectáreas dentro de la reserva para creación ilegal de ganado.

De los políticos presentes, una diputada y un senador preparan un proyecto de ley destinado a reducir drásticamente el área de la reserva ambiental, ya ocupada por vastas zonas de pecuaria ilegal. Una senadora es pastora evangelista, condenada en segunda instancia por improbidad administrativa.

Que un ministro reciba a acusados y condenados por acciones contra su cartera ya sonaría a algo absurdo.

Pero que luego de oírlos atienda de inmediato a sus demandas, violando lo establecido por ley, rompe cualquier límite de decencia.

Mejor dicho: rompería. Porque no hay una sola señal, un vestigio ínfimo de decencia en todo lo que se refiere a Bolsonaro y su gobierno fétido.

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