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Tras un año del fallido golpe, los engaños mediáticos aún se develan

17 Julio 2019
Tras un año del fallido golpe, los engaños mediáticos aún se develan

Por John Perry | The Gray Zone

Todo el mundo, desde el Departamento de Estado hasta el New York Times, atribuyó al gobierno de Nicaragua un ataque mortal durante el intento de cambio de régimen del año pasado. La nueva información ha generado serias dudas sobre la historia inicial, destacando la campaña más amplia de desinformación realizada por los medios de comunicación estadounidenses y británicos.

El fallido golpe de estado del año pasado en Nicaragua estalló cuando las protestas estudiantiles contra las reformas de la seguridad social, se convirtieron rápidamente en un intento armado de derrocar al gobierno de Daniel Ortega.

El intento de cambio de régimen fue una batalla para las mentes de la gente, así como para el control de las calles. La violencia se usaba para aterrorizar a los partidarios del gobierno, pero era aún más importante como vehículo de propaganda.

Un periodista disparó mientras estaba en cámara, los manifestantes golpeados por el fuego de un francotirador o un incendio provocado en un hogar familiar fueron delitos de alto perfil que fueron inmediatamente acusados por el gobierno.

La clave para el bombardeo de relaciones públicas antisandinistas fue un aluvión organizado de publicaciones en las redes sociales, declaraciones indignadas de organismos locales de «derechos humanos» que condenan al gobierno, medios de derecha que llegan al mismo juicio y personas locales intimidadas para «confirmar» la historia.

En la Conferencia Global por la Libertad de Prensa en Londres, el 11 de julio, el Ministro de Política Nacional de Nicaragua, Paul Oquist, lanzó un ataque abrumador contra la cobertura casi uniformemente a favor de la oposición de la crisis política de su país, por parte de los principales medios de comunicación de Estados Unidos y Gran Bretaña.

«Los hechos y la verdad no importan a los agresores en la era posterior a la verdad, solo colocan sus intereses en primer lugar, por encima de todo. Este es un nuevo nivel de libertad perversa; libertad de toda ética y de toda moralidad «, tronó Oquist.

«Las noticias falsas en la era posterior a la verdad apoyan las campañas de desestabilización coordinadas, las sanciones ilegales y la criminalización de quienes las desafían, las amenazas de agresión y la agresión armada».

Durante el año pasado, durante su campaña por el derrocamiento de Ortega, los grupos de oposición asumieron la suposición, en gran parte correcta, de que si mostraban de manera rápida que la violencia era culpa del gobierno, lo repetiría la prensa internacional.

Se puede confiar en que las principales ONG internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, tomen los juicios de sus contrapartes locales a un valor nominal.

Una vez que se hubiera alcanzado un consenso internacional sobre cómo retratar la violencia, los órganos regionales y mundiales, como la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas, lo repetirían, e inevitablemente el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Después de una serie de incidentes tan violentos, la reputación del gobierno de Ortega a nivel internacional se selló.

Lo peor de estos ataques ocurrió el 16 de junio del año pasado. A las 6.00 de la mañana, en el barrio de Managua conocido como Carlos Marx, jóvenes enmascarados arrojaron cócteles Molotov a una casa ocupada de tres pisos.

El fuego se extendió rápidamente desde la planta baja, utilizado para un negocio familiar de fabricación de colchones, hasta las salas de estar en el piso de arriba, donde la familia estaba comenzando su día. Los vecinos se apresuraron a ayudar, pero seis personas fueron quemadas vivas, entre ellas un bebé y una niña de dos años.

Esto podría fácilmente haber sido un golpe autoinfligido a la imagen «pacífica» que los manifestantes habían creado. Pero, en cambio, se convirtió en un emblema de la supuesta respuesta violenta del gobierno a las protestas. ¿Cómo se logró esto?

Entre los que aparecieron rápidamente en la escena estaba un representante del cuerpo local de “derechos humanos”, CENIDH: Gonzalo Carrión. Testigos presenciales informaron que Carrión había estado presente cuando militantes de la oposición se hicieron cargo del campus de la universidad de la UNAN antes del intento de golpe de Estado, e incluso habían sido testigos de su violencia.

Sin ninguna investigación previa obvia, grabó una entrevista culpando al fuego de los partidarios del gobierno, calificándolo de «estado terrorista». Esto, por supuesto, era consistente con un patrón de información errónea por parte del CENIDH durante todo el golpe.

También llegaron rápidamente reporteros de Canal 10, el canal de televisión que apoya la oposición: entrevistaron a uno de los sobrevivientes y lo presionaron para que culpara a la policía por el ataque incendiario.

Mucho más tarde explicaría cómo su vulnerabilidad, en medio de los intentos por encontrar a su familia y rodeado de partidarios de la oposición, fue objeto de abusos. El diario principal de la derecha de Nicaragua, La Prensa, tampoco tenía dudas de quiénes eran los culpables: «Los mafiosos de Ortega queman y matan a una familia de Managua», publicó su titular al día siguiente.

En ese momento, la realidad era que ningún forastero sabía quiénes eran los jóvenes enmascarados que habían iniciado el incendio, ni los periodistas que llegaron intentaron descubrirlo. Cientos de miles de mensajes en las redes sociales comenzaron a aparecer, culpando al gobierno.

La prensa internacional, como en tantas ocasiones, tomó el liderazgo de los medios locales. Reuters, una agencia que siempre ha tomado una línea anti-Ortega, destacó a los acusadores del gobierno y citó al secretario de la Organización de los Estados Americanos, que lo describió como «un crimen de lesa humanidad».

Un informe de la BBC fue más equilibrado, pero aún enfatizó las acusaciones contra el gobierno. El New York Times puso el fuego de la casa junto con otros incidentes para describir lo que llamó una campaña de terror por parte de las fuerzas que respaldan a Ortega.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos rápidamente estuvo de acuerdo, diciendo que el ataque fue «patrocinado por el gobierno». En una semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos repitió la acusación, basándose en “declaraciones públicas” que no identificó.

Como sucedió, cuando ocurrió el incendio, estaba preparando un artículo sobre el golpe de estado para The Nation. No en vano, me pidieron que extendiera el artículo para incluirlo. Escribiendo solo 48 horas después, e influenciado por los informes iniciales, mi evaluación (publicada el 22 de junio) fue inevitablemente tentativa:

«El gobierno fue acusado rápidamente, porque supuestamente el incendio fue una represalia por la negativa del propietario a permitir que los francotiradores operen desde su techo. Las negaciones del gobierno parecían plausibles, ya que el barrio en cuestión tiene numerosas barricadas controladas por la oposición.

«Por otro lado, un miembro de la familia sobreviviente respalda la versión de la oposición. La verdad es difícil de determinar, y si surgen pruebas, es poco probable que disipe los veredictos de los medios de comunicación acerca de quiénes fueron los verdaderos culpables».

Por supuesto, como vivo en Masaya, una ciudad que en ese momento estaba aislada del resto de Nicaragua por obstáculos de la oposición, no pude visitar personalmente Managua. Si lo hubiera hecho, habría visto rápidamente que era poco probable que la opinión de consenso sobre quién causó el incendio fuera la correcta, porque durante semanas el barrio de Carlos Marx había sido sellado por bloqueos de carreteras tripulados por manifestantes armados.

Más tarde, se mostró que un video publicado en Facebook, que supuestamente mostraba camiones de la policía en el barrio, se realizó casi dos meses antes.

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