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Empresas mediáticas, el brazo político del fallido intento de golpe de estado en Nicaragua

22 Julio 2019

Por Eva Lagunero/ Redacción Canarias-Semanal.Org.

Un periodista abatido por disparos mientras filmaba, manifestantes alcanzados por el fuego de francotiradores y el incendio provocado en la vivienda de una familia en Managua, fueron graves delitos de los que inmediatamente se acusó al gobierno de Ortega. El incendio referido se produjo el 16 de junio del año pasado, a las 6 de la mañana, en el barrio conocido como Carlos Marx. Un grupo de jóvenes enmascarados arrojaron cócteles molotov a la casa de tres pisos ocupada por una familia fabricante de colchones. Las llamas alcanzaron pronto todo el edificio. Aunque los vecinos acudieron rápidos al socorro, no pudo impedirse que murieran quemados seis miembros de la familia, entre ellos un bebé y una niña de dos años.

Lo que podría haber sido el tiro de gracia a la imagen “pacífica” que se otorgaban los manifestantes, se convirtió, por el contrario, en el emblema de la violencia que el gobierno supuestamente empleaba para sofocar las manifestaciones ¿Cómo se consiguió?

Entre los primeros en personarse en el escenario de los hechos fue Gonzalo Carrión, representante local de una asociación de “derechos humanos” llamada CENIDH, para grabar una entrevista en la que se calificaba el incidente como acto de “terrorismo de estado”. También fueron raudos en llegar los periodistas de Canal 10, televisión controlada por las fuerzas de oposición, a entrevistar a los supervivientes de la tragedia, sobre los que después volveremos. El principal periódico de derechas de Nicaragua, La Prensa, titulaba al día siguiente: “Las hordas de Ortega quemaron y mataron a una familia en Managua”. A estas alturas no se sabía quiénes eran los jóvenes enmascarados que prendieron las llamas, ni los periodistas hicieron mucho por averiguarlo. Mientras tanto, cientos de miles de mensajes habían comenzado a circular por las redes sociales culpando al gobierno.

La prensa internacional, como en tantas otras ocasiones, siguió esta tragedia a través de los medios locales controlados por la oposición. La agencia Reuters, que sostiene una clara línea anti-Ortega, citó al secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), que calificó los hechos de “crimen de lesa humanidad”. La BBC fue algo más ecuánime, pero dando más peso a las acusaciones contra el gobierno. El New York Times habló de “una campaña de terror por parte de las fuerzas de Ortega”. Rápidamente se sumó el Departamento de Estado de EEUU declarando que el ataque había sido “promovido por el gobierno”. En una semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo la misma acusación, basada en “declaraciones públicas” que no identificó.

El periodista John Perry, que estaba en otra localidad nicaragüense, sabía que, de haber querido acercarse a Managua, no habría podido entrar en el barrio Carlos Marx porque sus accesos llevaban semanas bloqueados por barricadas custodiadas por gente armada. Un vídeo colgado en Facebook que mostraba vehículos de la policía en el barrio, se supo después que se había grabado dos meses antes. Pero había más interrogantes. Por ejemplo ¿Por qué nadie investigó las amenazas explícitas que llegaron a la familia por las redes sociales, una sólo 38 horas antes del incendio? O ¿Por qué el M-19, grupo armado de la oposición, se hallaba el mismo día en el lugar de los hechos para filmar un vídeo (ahora borrado) en el que acusaba al gobierno de terrorismo de estado y admitía que ellos controlaban las barricadas de la zona? Ningún medio se interesó en investigar estos hechos.

Los periodistas de The Guardian, Carl David Goette-Luciak y Caroline Houck sacaban un artículo el 5 de julio con la foto de los pequeños ataúdes, durante el funeral de las víctimas más jóvenes, poniéndolos como símbolos de la violencia indiscriminada del gobierno de Ortega. Según su versión, el crimen lo había cometido una alegada “milicia pro-Daniel Ortega”, como represalia porque la familia se había negado a ceder su casa para instalar “un nicho de francotiradores”. Por entonces, la policía nicaragüense ya había logrado penetrar en el lugar de los hechos, pero hasta el 19 de diciembre no pudieron proceder al arresto de dos sospechosos y la identificación de otros cuatro (que los medios locales pro-oposición rápidamente llamaron “presos políticos”).

En enero -nos cuenta Johon Perry- los periodistas independientes, Dick y Miriam Emanuelsson, comenzaron a hacer las preguntas que los medios internacionales no habían hecho. Descubrieron que, seis meses después del incendio, la gente del barrio había perdido el miedo a hablar. Entrevistaron igualmente al oficial de policía responsable de la investigación. El informe final de estas pesquisas arroja más luz sobre el incendio del 16 de junio. Se confirma, entre otras cosas, que hubo grupos armados en las barricadas y estos decidían quién pasaba o no. Además, los supervivientes de la familia (una de 14 años con horribles quemaduras) dieron detalle de las amenazas que recibieron por parte de los manifestantes opositores que se concentraron en el lugar, para que fueran a denunciar a la propia policía por los hechos. Acto seguido, el CENIDH, el grupo de “derechos humanos” antes referido, les condujo, heridos y en estado de shock, a unas dependencias, donde se les prohibió hacer llamadas “por su seguridad” y les dieron visas para abandonar el país. Declararon que lo sintieron más como un secuestro. De las pruebas que pudo recoger la policía se hizo un documental corto, que es parte de una serie realizada por la productora local Juventud Presidente.

Todos los incidentes violentos ocurridos en Nicaragua fueron tratados de la misma manera por la prensa internacional, incluso The Guardian, que presume de periodismo independiente. No sólo basó este sus informaciones en fuentes de la oposición, sino que también se negó a publicar una carta de protesta por el sesgo de dichas informaciones, firmada por 30 comentaristas internacionales. Sus mismos periodistas, Goette-Luciak y Houck, recibieron duras críticas de un ex-preso de conciencia reconocido por Amnistía Internacional, Camilo Mejía. Poco después, el editor de The Grayzone, Max Blumenthal, exponía la parcialidad política de Goette-Luciak, demostrando que trabajó activamente grupos anti-Ortega. The Guardian denunció a Blumenthal, pero no respondió a una queja enviada por un amigo de Goette-Luciak, que había estado implicado en las mismas actividades y muy dispuesto a testificar a favor de Blumenthal.

El trágico incendio sucedido en el barrio Carlos Marx de Managua es sólo un ejemplo del tratamiento que los medios internacionales dieron a Nicaragua desde comenzaran que las protestas el año pasado. En vez de hacer periodismo, The Guardian y el resto de medios internacionales se prestaron a difundir la narración preferida por Washington sobre Nicaragua. Los corresponsales en estos países que se limitan a recoger la información que les llega sólo de un lado se convierten en custodios de los intereses de ese lado. Y cuando apuntalan las excusas de la administración Trump para imponer su modelo neoliberal en toda América Latina, se convierten en un arma de ataque, más que al gobierno de Daniel Ortega, a la mayoría de nicaragüenses, que ahora quieren que vuelvan la paz y la estabilidad económica.

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