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La Doctrina Ortega de política exterior

09 Octubre 2019
La Doctrina Ortega de política exterior

Por Glenn Sambola

A lo largo de la historia de Latinoamérica y el Caribe se han implementado distintas “doctrinas” de política exterior, siendo las más notables las siguientes:

La Doctrina Monroe de los Estados Unidos de América, que en esencia define como este país ejerce su influencia en el hemisferio y determina como y cuando intervenir en los países de la región para avanzar sus intereses económicos y de seguridad nacional; la Doctrina Tobar, enunciada por el Canciller de Ecuador, Carlos R. Tobar en 1906, que establece que los Gobiernos de la región deben evitar reconocer a gobiernos que se alcen con el poder por la vía de las armas; la Doctrina Betancourt, avanzada por el Presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, que promueve la ruptura de relaciones diplomáticas con gobiernos que hayan alcanzado el poder por medios inconstitucionales o que en el ejercicio de la función pública hayan violado los principios democráticos; y la Doctrina Estrada, formulada por el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Genaro Estrado en 1930, que declara que el Gobierno Mexicano se abstiene de emitir opinión alguna sobre la legitimidad de los gobiernos, sobre todo cuando hayan surgido de movimientos revolucionarios.  

Nicaragua, por su privilegiada ubicación geográfica, su historia de colonización europea (hispana e inglesa), su relación con Estados Unidos, sus recursos naturales, sus movimientos populares de liberación nacional, su periodo dictatorial, su revolución y contrarrevolución y su actual período de reconciliación, unidad nacional y desarrollo humano, ha sido afectada por estas doctrinas en distintos momentos, creando un cadre de expertos estadistas y funcionarios públicos que han sabido guiarla a través de los principales acontecimientos geopolíticos del hemisferio. Esto también le ha permitido formular una política exterior consistente con sus ideales, valores e intereses nacionales.

Nicaragua aún avanza hacia el desarrollo y tiene limitada influencia política, económica y militar en el hemisferio, sin embargo, ha sido punta de flecha de los esfuerzos de lucha en contra del crimen organizado, el tráfico de drogas, la trata de personas y el lavado de dinero, desplegando eficazmente su estrategia de muro de contención en beneficio de todo el hemisferio.

El “Soft Power” de Nicaragua está impregnado en sus políticas y programas sociales y económicos reconocidas como buenas prácticas y referentes nacionales e internacionales por parte de gobiernos y organismos internacionales de todo el mundo. La promoción del turismo en conjunto con la historia, cultura, religión y belleza escénica nicaragüense ha sido un enorme éxito y ha permitido el posicionamiento del país como un destino atractivo para turistas de todo el mundo.

Nicaragua es un gran impulsor de la paz, las relaciones de amistad y el respeto mutuo entre los estados libres y soberanos, el no intervencionismo, el respeto a los propósitos y principios de la carta de las naciones unidas y el diálogo como única herramienta para la resolución de conflictos, tanto a lo interno de los países como entre ellos.

En ese sentido, me permito hacer un intento por articular los elementos principales de una doctrina consistente con la Política Exterior implementada por el Comandante Daniel Ortega Saavedra y que considero se basa en la promoción del desarrollo, la paz y la seguridad hemisféricas:

1. La legitimidad de un gobierno nace única y exclusivamente de la libre y soberana voluntad de sus ciudadanos y ciudadanas. El respeto al orden constitucional, las leyes vigentes y los principios y propósitos de la carta de las naciones unidas son elementos fundamentales para garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo. Ningún gobierno, grupo de gobiernos u organización de gobiernos, puede pretender representar o reemplazar la voluntad ciudadana, por lo tanto, tampoco puede arrogarse el derecho de reconocer la legitimidad o no legitimidad de un determinado gobierno.

2. Se reconoce y promueve el derecho a libre autodeterminación y la igualdad soberana de los Estados. La libertad es un derecho irrenunciable de los pueblos. Los gobiernos de la región se comprometen a fortalecer el proceso de descolonización de naciones unidas, trabajando tanto con los territorios no autónomos (incluyendo Puerto Rico), como con las potencias administradoras en el ejercicio efectivo de su derecho a determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de proseguir su desarrollo económico, social y cultural.

3. Se proscribe el intervencionismo en cualquiera de sus manifestaciones, por cuanto genera desconfianza, desvirtúa la integración regional, obstaculiza el diálogo, tergiversa la cooperación y atenta contra la paz, la seguridad y el desarrollo humano. Los gobiernos de la región rechazan categóricamente la acción unilateral en la forma de sanciones económicas o el uso de la fuerza o amenaza del uso de la fuerza entre los países de la región, siendo esto consistente con la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

4. El diálogo es la única herramienta viable para la resolución de conflictos, tanto a lo interno de los países como entre ellos. En respaldo a los procesos de diálogo, los gobiernos de la región actuarán de buena fe, se abstendrán de emitir juicios sobre asuntos que no son de su inmediata jurisdicción y generarán recomendaciones, objetivas e imparciales, únicamente en el marco del mecanismo de diálogo constituido para resolver el conflicto.

5. El consenso debe regir como mecanismo de toma de decisiones en los espacios multilaterales. Se reconoce que cualquier acuerdo suscrito con el consentimiento de todas las partes tiene mayor posibilidad de ser implementada de manera efectiva y a cabalidad. Por lo contrario, la aprobación de una resolución no vinculante por mayoría de votos en contra de un determinado gobierno tiende a generar fracturas a lo interno de la organización regional o internacional e impide el cumplimiento de su verdadero mandato.  

6. El ejercicio efectivo de los derechos humanos está estrechamente ligado a lucha contra la pobreza. Los gobiernos de la región deben utilizar los espacios bilaterales y multilaterales para el intercambio de experiencias y la cooperación en materia de derechos humanos, procurando reconocer los esfuerzos de cada gobierno por garantizar el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas y generando recomendaciones constructivas y de largo alcance. La pobreza genera las condiciones en las que ocurren las principales violaciones a los derechos humanos, por lo tanto, los gobiernos de la región se comprometen a trabajar juntos para erradicar este flagelo y de esta manera garantizar el cumplimiento de los pactos y convenciones de naciones unidas sobre derechos humanos.

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