Escúchenos en línea

La economía popular nicaragüense

22 Julio 2020
La economía popular nicaragüense

Por Yorlis Luna, tomado del libro «La Revolución no se detendrá», publicado por Alliance for Global Justice. Puede descargarlo aquí

En 2018, el 1% de la población concentraba el 82% de la riqueza mundial, mientras las ocho personas más ricas poseían la riqueza de más de la mitad de la población mundial, es decir, 3,700 millones de personas (OXFAM, 2018). Otro hecho relevante fue que un impuesto global de sólo el 1,5% sobre estas fortunas podría garantizar el presupuesto para la escolarización de todos los niños del planeta. Para el año 2020, el 1% más rico poseía la misma cantidad de riqueza que el 89% de la población mundial (OXFAM, 2020). Los datos muestran una realidad Dantesca: cada vez más la pirámide de la riqueza social se vuelve microscópica en la parte superior e infinitamente más ancha en la parte inferior.

De hecho, se trata de las peores cifras de desigualdad social de toda la historia de la humanidad, ante las cuales, varios relatores de las Naciones Unidas para los derechos humanos han declarado que "el mundo de hoy es más rico, pero más desigual que nunca" (Alfarargi et al, 2018). Estas brechas pueden verse agravadas por la actual crisis sanitaria, económica y alimentaria como consecuencia del coronavirus. Este desafortunado panorama es la otra cara de la moneda de las transformaciones de los últimos 30 años de la economía capitalista, en los que unos pocos han amasado fortunas inimaginables en cortos períodos de tiempo a costa del deterioro de la calidad y las condiciones de vida de millones de familias. Desigualdad causada por la evasión de impuestos, la corrupción y la economía financiera especulativa. Esta economía ha alcanzado dimensiones gigantescas y actualmente representa 125 veces más que su soporte en la economía productiva (López, 2016).

La economía productiva fue la praxis del capitalismo en sus ciclos históricos. Esta economía incluye la transformación de los factores productivos -recursos naturales, trabajo o capital- en bienes o servicios, donde el dinero que circula tiene su soporte material en el tejido productivo. En contraste, la economía especulativa se basa en operaciones comerciales destinadas a crear y aprovechar contextos de precios fluctuantes. Se basa en la ingeniería financiera, el análisis de Big Data, los mercados de valores y las grandes operaciones; genera divisas sobre divisas sin ningún vínculo con la economía productiva, "papel sobre papel que beneficia sólo a los más ricos", un fenómeno reciente que surgió a raíz de las desregulaciones económicas de los años ochenta, el neoliberalismo y la ley de modernización de los futuros de productos básicos en los Estados Unidos y otras leyes conexas en el mundo (Keiser, 2019).

La economía especulativa es consumada por grandes corporaciones que abogan por el neoliberalismo: el desmantelamiento del Estado, la desregulación y la privatización de todo. Participan en la geopolítica global a través de lobbies locales y de la presión sobre los gobiernos, promueven golpes de estado, impulsan la eliminación de las leyes laborales y ambientales, los acuerdos de libre comercio y la especulación en la deuda nacional a través de los fondos buitre, entre otros. Con los fondos buitre, el capital financiero compra deudas de países o empresas, las compran-venden-compran, aumentando el beneficio de forma descontrolada. Así, una deuda nicaragüense comprada por 1,14 millones fue saldada en 87 millones en 2001, con una ganancia del 7,500% (Naba, 2016).

En los Estados Unidos, la especulación financiera sobre la vivienda ha creado la crisis de los millones "sin techo". Los bancos despojaron a muchas de estas familias de sus casas, que fueron compradas a bajo precio por el sector inmobiliario corporativo y que ahora se ofrecen a precios altos imposibles para las clases trabajadoras. Sólo en el estado de California, hay por lo menos 150.000 personas viviendo en las calles, mientras que, por cada persona sin hogar, hay 13 casas vacías fuera del mercado y 4 propiedades desocupadas en manos de corporaciones (Schatz, 2018). Más allá de estas cifras, existe la desesperación de las familias y sus hijos con el frío, el hambre, la inseguridad y la desesperanza.

El mundo produce más alimentos y calorías de las que necesita. Hasta un tercio de todos estos alimentos se desperdician mientras que hay alrededor de mil millones de personas que padecen hambre (PMA, 2020), situación causada en gran parte por la especulación en el sistema agroalimentario mundial, controlado desde la plantación hasta el consumo por las grandes corporaciones. Esto se traduce en exclusión social, mala nutrición, trastornos y enfermedades, y es un factor clave en la actual crisis ecológica y de civilización (Delgado, 2010).

En esta economía, la tecnología juega un papel decisivo a través de los grandes datos, y la automatización de todo tipo de actividades. Los trabajadores no son necesarios, ni los impuestos, y el papel del Estado es velar por sus intereses, por lo que el Estado da dinero a los bancos y a los más ricos, para mantener esa economía especulativa (Keiser, 2020). De esta manera, muchos países son juzgados o analizados bajo la lógica de esta economía y una aparente estabilidad, pero en la práctica erosionan los pilares de la economía productiva y generan vulnerabilidades.

De esta manera, deja de tener sentido seguir promoviendo el capitalismo en todas sus formas, porque va en contra de las personas, la naturaleza y la vida. Ya ha demostrado su fracaso, dejando atrás la clásica premisa de que, para avanzar en la construcción de las diferentes sociedades, todos deben pasar por el capitalismo, como etapa productiva. Por el contrario, es urgente la búsqueda continua de otras formas de reconstruir las sociedades, las relaciones morales, la solidaridad y el bien común para la mayoría. Este texto reflexiona sobre la economía popular como un proceso de construcción de alternativas económicas desde abajo que sean sostenibles, resistentes y socialmente justas. También describe cómo el pueblo de Nicaragua y el gobierno sandinista están caminando juntos hacia su construcción en medio de un contexto hostil de sanciones económicas por parte de los Estados Unidos, grandes pérdidas resultantes de un intento de golpe de Estado hace dos años y la recesión económica internacional.

La economía popular, autogestionada, asociativa y solidaria

La economía popular se compone de trabajadores autónomos individuales y asociados, rurales y urbanos, de la producción primaria y de la pequeña agroindustria; empresas familiares, cooperativas y empresas asociadas en diferentes áreas de la economía y la sociedad: agricultura, ganadería, comercio, servicios, transporte, ahorro y crédito, pesca, vivienda, turismo, etc.

A diferencia de la economía capitalista en su fase especulativa, descrita anteriormente, que está controlada por corporaciones de unos pocos desconocidos, en la economía popular la gente compra y vende a gente común, con rostros visibles y de personas tangibles, que tienen linajes e historias familiares, núcleos sociales conocidos, que con su trabajo reducen los costos de producción, los precios y los circuitos de comercialización. Es una economía productiva cuyos beneficios circulan entre la gente común, en las economías nacionales, en lugar de ser canalizados por las transnacionales y las cadenas de valor mundiales (McCune, 2019), en la economía financiera especulativa.

El capitalismo como sistema ha fracasado y no le interesa satisfacer las necesidades básicas de vivienda, alimentación y empleo, mientras la economía popular es la que satisface las necesidades de empleo, vivienda, alimentación, recreación y bienestar familiar, comunitario y social de los excluidos del beneficio del capitalismo. Allí, la gran mayoría encuentra la comida, el trabajo, la provisión y el apoyo para reproducir la vida cotidiana.

En ambos tipos de economías existe una gestión del capital, pero sus lógicas internas, objetivos y medios para lograrlo son diferentes. Por lo tanto, a pesar de que las actividades y operaciones de la economía popular también están motivadas por intereses personales, familiares, de la pequeña empresa o de la cooperativa, tiene los fines y medios opuestos a los de la economía capitalista. El capitalismo crea empleo para maximizar el beneficio y la acumulación; los trabajadores autónomos y los actores de la economía popular utilizan la acumulación como herramienta para proporcionar empleo; además, las personas son dueñas de su tiempo y de los resultados de su trabajo. "Así, mientras que el capital debe expandirse, el trabajo autogestionado es flexible: puede producir mercancías o pasar a la provisión directa de valores de uso, a fin de resistir las presiones del mercado" (McCune, 2019), creando autogestión local y democratización social.

En todo el mundo, la brecha de género se amplía cada día y el capitalismo está lejos de alcanzar la equidad de género. En cambio, la economía popular y los mercados populares han estado históricamente dirigidos y gestionados por mujeres. Los mercados populares no son los residuos del pasado, sino que son los faros del futuro, que enseñan y proclaman en la vida cotidiana "las posibilidades humanas más allá del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado". Son utopías concretas, ejemplifican el arte de las prácticas de resistencia" (Souza, 2014).

La lógica de la economía popular es antigua y precapitalista. La arqueología y las crónicas de los españoles se refieren a lo que sería la génesis de esta economía popular: los extraordinarios mercados prehispánicos, con gente de todas partes que venía a intercambiar mercancías con la presencia de personas especializadas para asegurar la justicia y la moralidad en los negocios. Los vendedores ambulantes que recorrían largas distancias entre los pueblos, personas educadas y socialmente respetadas, con amplios conocimientos de historia, geografía, economía e idiomas (Cobos, 2013).

Los mercados y los vendedores ambulantes sobrevivieron, a pesar de los continuos intentos de eliminarlos, así como las personas, la cultura, la espiritualidad y los idiomas que los sustentaban. Evolucionaron, manteniendo sus raíces, según los contextos históricos, con redes complejas, que ahora constituyen la economía popular. Así, en la actualidad las personas que recrean la economía popular son descendientes de sectores indígenas, negros, campesinos, mestizos y populares (Villegas, 2010).

Por lo tanto, su base es la familia, la autogestión, el tejido comunitario, los conocimientos locales y ancestrales que se heredan de generación en generación. La economía popular está constituida por redes de personas con conocimientos milenarios, orales y empíricos sobre la naturaleza: el mar, los animales, la luna, las semillas y su siembra, la pesca, la caza, la recolección y el pastoreo; la producción de materiales de construcción, ropa, utensilios, medicamentos y el cuidado del cuerpo.

En esta economía hay valores que van más allá de la simple relación productiva y comercial. Por ejemplo, en Nicaragua, los pequeños mineros de Santo Tomás, Chontales, creen en no ser demasiado ambiciosos y no ir a trabajar con problemas familiares o de amigos porque de lo contrario se oculta la veta de oro. De igual manera, en la pequeña producción campesina, existe la costumbre popular de hacer una gran fiesta con la primera cosecha, por lo que del maíz tierno se preparan y comparten con la familia, los amigos y los vecinos y yoltamales, güirila y atoles (comidas típicas hechas de maíz). Y para los pescadores de Tipitapa, Managua: si la pesca fue buena, la norma es compartir para que vuelva a ir bien. También en las ciudades: cuando las familias preparan platos típicos, la costumbre es cocinar más de lo necesario, tenerlo durante varios días y compartirlo con los vecinos. Es decir, en esta economía hay relaciones de cooperación, solidaridad y ayuda mutua, y una búsqueda de una concepción ética de la vida, resultado de la búsqueda de estrategias de supervivencia física, familiar y cultural por parte de la gente (Coraggio, 2015).

En muchos lugares, poderosos sectores como los organismos de desarrollo y los políticos han intentado cooptar y promover la economía popular como "alternativa" tras el fracaso del neoliberalismo y la globalización para proporcionar empleo. Pero intentando distorsionar su verdadera naturaleza, ya que promocionan el "espíritu empresarial", basada en el reconocimiento de la mayor eficiencia de la economía popular, mientras celebran simultáneamente los valores de la competencia, el individualismo, y el neoliberalismo. Es decir, el campo de juego neoliberal está amañado ideológica y económicamente contra la economía popular, por lo que sus resultados en los países neoliberales son debilitados, vulnerables y precarios (Coraggio, 2015). Por ejemplo, en Colombia, el 71% de las empresas fracasan en los primeros cinco años (Giraldo, 2019), resultado que se debe en gran medida al contexto histórico y social profundamente neoliberal.

El neoliberalismo ha sido un fracaso total en lo social y en lo ambiental, y tiene una trayectoria económica pésima, pero ha sido exitoso en lo político y un triunfo casi total en lo ideológico. Bajo el neoliberalismo, cuando un miembro de una pequeña empresa familiar tiene una necesidad y no hay salud pública, el beneficio acumulado se destina a resolver el problema de salud, entonces pierde su base económica y esto se extiende a todos los aspectos de la vida. Se trata de un modelo de "sálvese quien pueda", que trabaja activamente contra las redes de solidaridad, autogestión y justicia social que la economía popular necesita para expresar todo su potencial como alternativa económica (Coraggio, 2015).

Por el contrario, la economía popular, para proporcionar ampliamente el bienestar social, la participación, la capacidad de autogestión, el empoderamiento local y la democracia popular directa, requiere políticas públicas y voluntad política para redistribuir la riqueza social y crear condiciones de vida decentes para la gran mayoría (Coraggio, 2015). De esta manera, las políticas públicas funcionan para permitir el desarrollo de la autogestión, asociativa y solidaria, tejiendo la esperanza de superar el mundo capitalista, la actual crisis sistemática y las contradicciones históricas entre el capitalismo y el socialismo, dando coherencia entre los sujetos políticos, sus fines y sus medios (Núñez, 2015).

Esta es la dirección en la que se dirigen las políticas públicas en Nicaragua, de ahí que la economía popular nicaragüense sea la más fuerte de América Latina y presente resultados diferentes a los de otros países. En efecto, desde hace más de una década, se ha ido avanzando hacia una economía de productores asociados y autónomos, protegida de la explotación por la gestión socialista, la regulación ambiental y el poder de las asambleas populares. Nicaragua incorpora la economía popular al Sistema Nacional de Seguridad Social, la libera de impuestos, la capitaliza a través de la inversión, el acceso al crédito, le crea puntos de venta decentes y crea las condiciones para una buena comercialización, garantiza la seguridad pública, promueve la asociación con un entorno económico y un sistema jurídico favorable a las cooperativas. La gestión gubernamental se realiza a través del diálogo con los representantes de la economía popular, atendiendo sus demandas y garantizando el acompañamiento y un buen ambiente de negocios para la economía popular.

Nicaragua: la economía popular más fuerte de América Latina

La economía popular en Nicaragua proporciona el 70 por ciento del empleo, el 42,3 por ciento del valor agregado y el 59,3 por ciento de los ingresos, excluyendo las remesas. (Núñez, 2015, 2019). Es una economía que se sustenta en la voluntad, la obstinación, el empuje, la energía, los sueños y la creatividad de las familias trabajadoras.

En Nicaragua, la economía popular tiene sus raíces en A. C. Sandino, fundador del cooperativismo en Nicaragua. Él y sus soldados iniciaron el primer proyecto cooperativo a orillas del río Coco en 1934, "visualizando un proyecto estratégico de justicia social para reconstruir Nicaragua desde abajo" (Salazar, 2012), sentando las bases de un modelo económico y político que rompiera los lazos de humillación, desprecio, dominación capitalista y oligárquica en el pueblo. Buscaba la democratización del poder económico, político, social y cultural.

Décadas más tarde, durante la lucha contra la dictadura de Somoza, fue el sector informal de trabajadores autónomos urbanos y pequeños campesinos el que engrosó las filas de la insurrección de 1979 (Núñez, 2000). Durante 10 años, la revolución disputó el poder económico de la oligarquía, liberó las fuerzas productivas y puso una parte de la riqueza nacional en manos del pueblo. Esto creó las condiciones para que la economía popular resistiera el contexto posterior.

Desde 1990 hasta los 16 años siguientes de neoliberalismo en Nicaragua, hubo una embestida contra la economía popular por parte de los gobiernos neoliberales, la Contra rearmada, los bancos, las empresas transnacionales y los grupos empresariales de la oligarquía nacional, con el objetivo de recuperar violentamente la riqueza redistribuida durante la revolución. Las cooperativas y asociaciones fueron atacadas violentamente, y llevaron a cabo una resistencia para mantener sus tierras y medios de producción. De las más de 3.000 cooperativas registradas en la década de los 80, sólo 801 estaban registradas en 2001 (CIPRES, 2008); los mercados populares carecían de inversión y estaban amenazados por el crimen organizado, los tratados de libre comercio y sus cadenas agroindustriales; se ofrecieron créditos en condiciones depredadoras y se reinstauró la prisión medieval de la deuda; como en tantos países en proceso de transformación neoliberal, los campesinos realizaron un éxodo a las ciudades, mientras que en los barrios obreros de Managua proliferaron los grupos delictivos.

La economía popular resistió como una alternativa para la supervivencia de las familias. La clase obrera vivió esos años en continua resistencia: huelgas de transportistas, grandes manifestaciones de campesinos y huelgas populares obreras caracterizaron esa época, acciones que permitieron la defensa de los medios de vida y los derechos básicos (Chamorro y Utting, 2015). La estrategia de supervivencia fue la reestructuración del movimiento cooperativo mediante la formación de organizaciones de segundo y tercer nivel, la sindicalización de parte de los trabajadores del sector informal, el aumento de las redes de comercio justo y la búsqueda y ejecución de proyectos de potenciación económica promovidos por organizaciones no gubernamentales (ONG) vinculadas a las organizaciones de masas y al tejido organizativo social de los años ochenta (Chamorro y Utting, 2015).

Este fue un proceso clave para la reincorporación de los desmovilizados del ejército sandinista y de los ejércitos contrarrevolucionarios, que también se enfrentaron a los estragos de las políticas neoliberales iniciadas en 1990. La alianza construida entre la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), la Unión Nacional Agropecuaria de Productores Asociados (UNAPA), el Comité Nacional de Oficiales en Retiro (CNOR-Sandinista) y la Asociación de la Resistencia Nicaragüense (ARNIC-Contra) sentó las bases agrarias para la paz y la reconciliación en Nicaragua.

Desde el retorno del gobierno sandinista al poder en 2006, se eliminaron las prisiones de la deuda que afectaban a los sectores populares, se declaró la era de las cooperativas y se reconoció a la economía popular como el motor económico y generador de la verdadera riqueza de Nicaragua (CES, 2018), al tiempo que se reconoció a sus protagonistas como sujetos plenos de derecho y al ser humano como centro del modelo económico y social. Parte de este proceso fue la restitución de los derechos básicos: salud, educación, recreación, vivienda, seguridad pública, entre otros. Esto se convierte en el complemento estatal indispensable para el desarrollo de la economía popular con dignidad.

Cuando el sandinismo regresó en 2006, el sector cooperativo creó una Agenda Común que incorporó demandas como el financiamiento del sector (Chamorro y Utting, 2015), generando condiciones para el aprovechamiento de los factores de producción y la cultura productiva del país. En los 14 años siguientes, esta agenda se ha ido cumpliendo paulatinamente. Se creó un marco jurídico favorable a la economía popular y se implementó una combinación de políticas públicas centradas en el campo, que redefinieron la vida en el campo, priorizaron, reconocieron y valoraron la contribución de la producción y la economía familiar campesina al desarrollo nacional (Núñez, 2015).

En países latinoamericanos como Chile, Brasil, Guatemala, Honduras, los vendedores ambulantes son golpeados por la policía, sus espacios de trabajo son destruidos y son expulsados de los lugares públicos: parques, avenidas y alrededores de las instituciones, con el pretexto de que hacen lucir fea a la ciudad. En cambio, en Nicaragua se ha prohibido el desalojo de los vendedores ambulantes de los lugares públicos por orden del ejecutivo. Además, una prioridad política ha sido la creación de cientos de mercados dignos a nivel nacional para la economía popular, donde el Estado garantiza buenas condiciones para la venta, la construcción de espacios públicos de recreación, que internamente cuentan con restaurantes y espacios de venta en diferentes tamaños que los protagonistas de la economía popular alquilan a bajo costo.

La transformación del Lago de Managua y sus alrededores es un ejemplo de este modelo. Antes del 2006, el lago sufría tal contaminación que los olores de putrefacción se podían oler desde muchas cuadras de distancia. Las aguas residuales de Managua entraban directamente en el lago, aumentando las cantidades de compuestos de nitrógeno, grasas y carbohidratos presentes en el agua del lago. La contaminación amenazaba el sustento de los miles de familias de pescadores que vivían alrededor del lago de Managua. Era un lugar poco visitado y nadie pensaba en ir allí para pasar tiempo con sus familias. El aire era irrespirable, con prostitución, drogadicción, delincuencia y bares peligrosos.

El lago era una tragedia, lleno de espuma contaminada, a poca distancia, los buitres daban vueltas sobre el mayor vertedero de basura de Nicaragua, conocido como "La Chureca", en el que cientos de personas vivían y literalmente comían la basura durante años. Los niños desnutridos, habitantes del vertedero, jugaban en las orillas del lago, que era el apestoso telón de fondo de crímenes inimaginables. Así, la ciudad de Managua, "Junto al agua" en Nahualt, se avergonzó y le dio la espalda al lago por el cual fue nombrada.

La transformación comenzó con la limpieza de la basura en La Chureca y la remediación del lago, mediante la coinversión pública y privada en una planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad, que actualmente produce biofertilizantes. Al mismo tiempo, la construcción de viviendas dignas para las familias que viven en medio de la basura y su integración con trabajos dignos en un centro formal de reciclaje de basura, así como en otros sectores económicos. Esto permitió avanzar en la recuperación ecológica del lago, eliminando los malos olores y transformando la vida de las familias de la orilla del lago y las comunidades de pescadores.

Después de la limpieza, el gobierno sandinista creó el Puerto Salvador Allende, un espacio público con jardines, parques, juegos infantiles, entrada casi gratuita, seguridad y restaurantes de todos los precios, en el mismo sitio. Este lugar cuenta con inversión estatal en la construcción de sitios muy atractivos con arquitectura tradicional de "rancho", donde muchas familias han abierto restaurantes y tiendas de alimentos, pagan un alquiler al Estado, administran sus propios negocios mientras que el Estado se encarga de la seguridad, el mantenimiento y la mejora de la infraestructura, gestiona las agendas culturales y la divulgación.

Actualmente, con una inversión de más de 12 millones de dólares (Murillo, Romero y Saballo, 2015), el Puerto Salvador Allende es el principal atractivo turístico de Managua, recibiendo de 31 a 35 mil personas por semana (el19digital, 23 de noviembre de 2019), en vacaciones hasta 42 mil (el19digital, 4 de diciembre de 2019). En la concepción y diseño del lugar, se contempla la recreación para las familias, por lo que muchos vienen a disfrutar de la vista, los espacios verdes, los juegos, el ocio y la distracción sin necesidad de consumir o pagar para disfrutarlos. Inicialmente era un área pequeña, que se ha extendido a más de 5 kilómetros a la orilla del lago. También incluye un parque acuático, un área de museos, monumentos históricos y una pasarela con una maqueta de la antigua Managua. Esta área es un ejemplo de cómo la inversión pública se combina con la economía popular para lograr cambios ecológicos y sociales en un territorio específico.

Este modelo económico, que implica una gestión pública para crear condiciones favorables para la economía popular, ha crecido desde los alrededores del lago hasta incluir la Plaza de la Revolución y la Managua Vieja, la Avenida Bolívar a Chávez y todos sus mercados y restaurantes, el enorme Parque Infantil Luis Alfonso Velázquez, el Parque Nacional de Ferias y su sede municipal, un centro acuático con una piscina olímpica, un estadio de béisbol, los espacios recreativos, deportivos y productivos del sector público en todo el país. Es decir, planificar la presencia y proliferación de sitios dignos para diferentes tipos de pequeños negocios y microempresas, restaurantes, merenderos, artesanías, vendedores de flores y otros. Se convirtió en una lógica transversal en las inversiones nacionales y municipales.

Bajo la misma lógica de limpieza, organización y dignificación de la vida, se transformaron las ciudades, los pueblos del interior y miles de barrios populares, donde viven la mayoría de los protagonistas de la economía popular. Así, por primera vez en su historia, estos barrios fueron dotados de redes de agua potable y alcantarillado sanitario, calles pavimentadas, luz eléctrica y alumbrado público, escuelas, parques, hospitales y clínicas cercanas, ayuda para mejorar sus viviendas, oficinas de servicios estatales y presencia policial. En otras palabras, salieron gradualmente de la precariedad, el abandono público y la inseguridad, elevando la autoestima y la moral de las personas y sus territorios y logrando condiciones de vida más dignas. Esto contrasta con muchos países de América Latina, donde los barrios populares se encuentran en abandono y ni siquiera la policía se atreve a entrar, o cuando lo hace es con violencia.

Por otra parte, el reconocimiento de la economía popular como sujeto de derecho, implicó la creación de un seguro facultativo, que ha permitido a los trabajadores autónomos disfrutar de la seguridad social y de una pensión mínima en el momento de la jubilación. También creó la posibilidad de pagar una cantidad mínima para completar el número de semanas cotizadas y tener acceso a la seguridad social, entre otros. Esto va de la mano de las políticas de inversión, expansión y mejora de la salud y la educación, el deporte, la cultura, el agua y el saneamiento, la electrificación, los caminos rurales, el mantenimiento de las carreteras, el transporte y la seguridad pública, a todos los niveles y en todas las direcciones. De esta manera, los protagonistas de la economía popular pueden trabajar con tranquilidad, con garantías de sus derechos y necesidades básicas cubiertas.

Dos programas emblemáticos de inversión directa en el sector de la economía popular han marcado una diferencia extraordinaria, durante dos bloques de tiempo. De 2006 a 2014, entre las políticas gubernamentales que tuvieron un impacto más directo en las economías populares estuvieron el Bono Productivo o Hambre Cero, Usura Cero y los microcréditos. A finales de 2015, casi 150.000 mujeres habían recibido alguna variante del paquete de aves de corral e insumos. Los microcréditos de Usura Cero financian los pequeños negocios de las mujeres, como la venta de ropa (23,6%), productos frescos y caseros como tortillas, frutas, verduras y carne (19,36%), tiendas de comestibles (14,4%), venta de cosméticos (9,8%) y alimentos (9,55%), potenciando e influyendo en la autonomía económica de las mujeres (Chamorro y Utting, 2015).

Entre 2014 y 2019, el Programa Usura Cero, bajo la gestión del Instituto Nacional Tecnológico, fortaleció su articulación con los programas de capacitación formal que ofrece la institución, y se vinculó a proyectos interinstitucionales que incluyen la capitalización de emprendedores en el campo y la ciudad. Por otra parte, para combatir el hambre, se han invertido más de 130 millones de dólares en las explotaciones agrícolas: semillas, bioinsumos, aplicación de tecnologías y prácticas sostenibles, agroecología, riego y captación de agua. No con una visión asistencialista, sino centrada en el empoderamiento real de las familias y su inserción en una política nacional de soberanía alimentaria. Además, se ejecutaron más de 80 proyectos de diversificación de la producción de semillas de frijol, arroz seco, bambú, bananas, frutas y hortalizas, artesanías, mejoramiento genético de cerdos y ovejas, piscicultura, cultivo de camarones y adición de valor a la madera. Al mismo tiempo, se concedieron títulos a cientos de miles de pequeños propietarios en el campo y a propietarios de viviendas en la ciudad.

En el mismo período, se han construido o mejorado 180 mercados populares; en todos los barrios y pueblos se encuentran parques nuevos o drásticamente mejorados donde se venden alimentos, ropa, artesanías y otros en ferias. Por ejemplo, las ferias de la plaza 22 de mayo (frente al palacio nacional), el mercado de agricultores junto al MEFCCA y las ferias municipales semanales. En los últimos 5 años se ha realizado al menos una feria campesina por municipio y por semana y el país cuenta con 153 municipios, lo que significa que se han realizado al menos 7.754 ferias anuales, con un total de 38.770 ferias hasta el año 2019. Las ferias municipales generan ingresos que oscilan entre 5.000 y 300.000 córdobas por día.

Otro programa emblemático es el Programa Nacional de Educación Técnica en el Campo, dirigido por el INATEC y las instituciones del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, que en este período ha capacitado a más de 98 mil agricultores jóvenes y adultos (Centeno, 2020) en tecnologías agrícolas y agricultura sostenible, y también en otros aspectos que hacen atractiva la vida en el campo: panadería, belleza, costura, reparación de motocicletas, etc.

También el avance hacia la cobertura eléctrica casi total y la conexión de las carreteras internas en las zonas rurales ha mejorado y facilitado la vida de los campesinos que pueden transportar su cosecha por carreteras de buena calidad, nuevas rutas más cortas entre las principales ciudades y sus municipios. En 2019 se completó la conexión entre el Pacífico y el Atlántico, superando más de 500 años de aislamiento, y recientemente se inauguró la ruta interna de la zona arrocera conocida como Malacatoya, que conecta los departamentos del Pacífico con la zona centro-sur del país. Es decir, acercando Managua, Carazo, Rivas, Granada, Boaco y Chontales, reduciendo en más de un 60% el tiempo de traslado del Pacífico a la zona central, disminuyendo enormemente los costos de producción asociados al traslado de personas y productos; y de gran parte del arroz que se consume en el país, así como de la producción de leche, hortalizas y granos básicos de la zona.

Todas estas políticas crearon condiciones para la consolidación de la economía popular como generadora del 65% del empleo y la riqueza nacional, y tuvieron un impacto positivo en el sistema agroalimentario local, constituido por la producción campesina en pequeña escala y sus redes de comercialización familiar, en cooperativas y microempresas. Así, en menos de 12 años, la producción local de alimentos creció en un 76%, reduciendo en gran medida las importaciones de alimentos. Actualmente, la producción campesina y familiar en pequeña escala tiene el 62% de la tierra y es responsable de la producción, sacrificio y comercialización del 91% de la carne de cerdo, el 45% de la carne de pollo y huevos, el 45% del arroz, el 80% de la miel y el cacao, el 100% de los frijoles, el maíz, las frutas y las verduras de temporada, para un total del 85% de los alimentos del país (Rye, 2018; 2019).

Además, se triplicaron las cooperativas y sus miembros, con más de 5.100 cooperativas y más de 1,2 millones de personas vinculadas, participando directamente en la creación del 18% del Producto Interno Bruto, representando más del 20% de la Población Económicamente Activa (PEA), produciendo y exportando el 25% del café, el 90% del café orgánico, el 60% del ganado y generando más de un millón de litros de leche, el 80% del ajonjolí, el 18% del ahorro y el crédito y el 95% del transporte nacional (Alemán, 2018). La pesca artesanal, tanto individual como cooperativa, se duplicó, el sector turístico se triplicó, el comercio creció enormemente y el mercado oriental (el mayor mercado popular de Nicaragua y Centroamérica) se duplicó. El crecimiento de la economía popular asociativa, autogestionaria y solidaria es un pilar fundamental para la reducción de la inseguridad ciudadana, la pobreza y la extrema pobreza, logrado por el país y reconocido por las organizaciones internacionales.

A lo largo de este proceso, cabe señalar que el gobierno sandinista ha garantizado la incorporación de las mujeres como participantes activas y gestoras de la economía popular y la gestión pública. Así, en Nicaragua hay miles de mujeres que han salido del anonimato de su trabajo como hormigas en sus comunidades y territorios, son valoradas y están en constante proceso de empoderamiento, tanto económico como social. Por esta razón, el Foro Económico Mundial reconoció a Nicaragua como uno de los países que más ha reducido la brecha de género, ocupando el quinto lugar en el mundo en términos de equidad de género.

La economía popular en Nicaragua tiene rostro de mujer. Las mujeres participan en todos los aspectos de la vida, siendo propietarias del 53% de las pequeñas empresas turísticas y del 48% de las 6.300 pequeñas empresas del sector; son el 44% de las personas asociadas a las cooperativas, dominan los mercados populares, las pequeñas empresas locales y son mayoría en la gestión pública del gobierno nicaragüense, en todos los niveles. Estas mujeres, desde el corazón del pueblo, construyen diariamente aprendiendo de sus propias experiencias e historias de vida, y con los pies en la tierra se enfrentan al patriarcado. Esto no ha sido fácil para ellas porque día a día han tenido que enfrentar y superar los estereotipos y prejuicios del machismo que se resiste al cambio. Para enfrentar este desafío, las mujeres están aprendiendo a manejar su propio trabajo, a tomar decisiones y a creer en sí mismas.

La economía popular en 2019

La vida en Nicaragua sigue en marcha, a pesar de las consecuencias económicas y sociales del fallido intento de golpe de Estado de 2018, de las sanciones económicas y la continua y feroz campaña para desprestigiar al país, ahuyentar el turismo y la inversión. Las pérdidas económicas directas e indirectas en 2018 superaron los mil millones de dólares, equivalentes al 10% del PIB. Los sectores más afectados fueron la pesca, con una contracción del 12,2%, la hostelería 9,7, y el comercio, con un 4,5 (CEPAL, 2018). El PIB anual cayó alrededor del 4%, se perdieron más de 200.000 empleos y uno de cada cuatro negocios cerró (Capelán, 2019).

La derecha nicaragüense se exaltó en estos datos económicos con una especie de morbo fatalista y de placer, pronosticando una contracción económica de entre el dos y el 11% en 2019. Profetizaron la peor crisis alimentaria y social de los últimos 30 años, a menos que Nicaragua cediera su soberanía al sector empresarial y al Tío Sam. Para su decepción, no ocurrió ninguna de las dos cosas. Si bien es cierto que la economía se vio afectada, Nicaragua no fue incluida en el mapa de países con hambre de las Naciones Unidas en 2019, ni tampoco los nicaragüenses participaron en eventos tan tristes como las caravanas de migrantes centroamericanos de decenas de miles de personas movidas por el hambre, la violencia y la desesperanza. En 2019, el mundo se conmovió al ver a hondureños, salvadoreños y guatemaltecos huir del horror para vivir el horror.

Los que esperaban un colapso económico total se vieron decepcionados gracias a la fortaleza de la economía popular, alimentada por 12 años de gestión consciente. Así pues, en medio de un mar de sanciones internacionales y un contexto caótico y hostil, la economía popular de Nicaragua navegó a contracorriente y demostró su capacidad de resistencia y recuperación (McCune, 2019).

En 2019 se implementó una reforma fiscal para garantizar la recuperación económica y avanzar en la redistribución de la riqueza a través de mayores fuentes de ingresos para el Estado, lo que le permitiría seguir avanzando en la restitución de derechos al pueblo nicaragüense. Y se llevó a cabo una reforma en el sistema de seguridad social, para garantizar la sostenibilidad del Instituto de Seguridad Social. Esta reforma se llevó a cabo a pesar de la desconsolada ira de los sectores empresariales asociados al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que calificaron la reforma como una "amenaza" a la sostenibilidad de sus negocios.

Este sector empresarial privado, que se benefició enormemente de los 12 años de gobierno sandinista y del crecimiento económico sin precedentes que se produjo entre 2007 y 2018, participó abiertamente en el intento de golpe de Estado y, por lo tanto, fue directamente responsable de sus consecuencias económicas. Este sector empresarial sólo genera el 15% de los puestos de trabajo, no tiene un gran peso en la economía, en la generación de empleo, ni en el bienestar de las familias. Por ello, la reforma fiscal se orientó a fortalecer la economía popular, aumentando del 1 al 2% el impuesto sobre la renta a las empresas medianas de mayores ingresos, y del 1 al 3% a los grandes contribuyentes, poco más de 400 empresas, manteniendo el impuesto sobre la renta en el 1% para las más de 100.000 micro y pequeñas empresas que forman parte de la economía popular. Además, esta reforma identificó los aspectos y trampas legales que fomentaban la evasión fiscal de los grandes contribuyentes y los modificó. Asimismo, la reforma al sistema de seguridad social hace que los grandes empleadores contribuyan con un 3,5% más a la seguridad social, pasando del 19,5% al 23% de los salarios. Sin embargo, las empresas con 50 trabajadores o menos aumentaron su contribución en sólo un 2,5%, mientras que los trabajadores no se vieron afectados y se eliminó el anterior techo de la renta imponible, que era un regalo para las personas con ingresos muy altos (McCune, 2019).

Además, los precios, la inflación y los tipos de interés se mantuvieron estables, no hubo crisis de impago, se repararon los daños a la infraestructura pública y se continuaron los programas sociales. El gasto en salud y educación sigue siendo una prioridad, alcanzando el 56% del presupuesto nacional; y el 30% del gasto del gobierno continúa apoyando el empleo y los salarios del sector público (Capelán, 2019).

Se mantuvieron todos los programas, proyectos y metas de inversión social, así como los avances en carreteras, autopistas, electrificación rural, construcción de hospitales, escuelas, subsidios de transporte y energía. Se iniciaron nuevos programas de tierras y viviendas, como el Programa Bismark Martínez, que en su primera fase entregó más de 10.000 lotes a familias para la construcción de sus viviendas. Todo esto, a pesar de que la economía se encuentra en un contexto regional latinoamericano de crisis y estancamiento, que creció 0,5% y 0,1% en el primer y último trimestre respectivamente, como parte de los efectos de la desaceleración económica mundial, los nuevos formatos de las operaciones financieras internacionales, las circunstancias locales y los bajos precios de las materias primas (CEPAL, 2018). Los países sin sanciones económicas y las grandes economías y los amplios recursos naturales como México, Argentina y Brasil también se enfrentaron a la contracción económica.

El país se encuentra en el camino de la recuperación económica. La disminución de algunos sectores como el turismo significó el ascenso de otros sectores como el primario, especialmente la producción de alimentos que aumentó un 5% en 2018; en 2019 se incrementó un 4 6%, la leche, el 7% la carne, el 3% las hortalizas y los granos básicos se mantuvieron; de 2019 a 2020 la producción de plátanos aumentó un 10%.

Esto se debe a que la economía popular es multifacética y flexible como la economía campesina. Por ejemplo, la importante caída del turismo en Solentiname, El Castillo y Río San Juan obligó a las familias con pequeños negocios turísticos a buscar alternativas en la agricultura y a sembrar campos abandonados, con granos básicos, pequeña ganadería y en las zonas de playa del Pacífico se fortaleció la agricultura y la pesca.

Esta es la base principal que sostiene toda la cadena de producción. Cuando se incrementa la producción primaria se produce un repunte cíclico, ya que es una forma de inyección directa que activa la economía real y crea condiciones para todos los demás niveles de la cadena productiva. Por ejemplo, entre 2019 y 2020, la superficie total notificada dedicada a la producción de plátanos aumentó un 10%. El banano es un producto que va al mercado internacional y nacional, a los hogares, a las pequeñas tiendas de alimentos de los barrios, a los procesadores y a las fritangas, de las que se sustentan muchas familias. Por lo tanto, no es de extrañar que el año 2019 cerrara con 9.067 nuevas microempresas que emplearon a casi 50 mil personas. En otras palabras, a pesar de las sanciones económicas, la vida cotidiana de la familia sigue siendo protegida y recreada por la propia economía popular.

Conclusiones

En el primer semestre de 2020, la derecha nicaragüense sigue vendiendo fanáticamente la imagen de una Nicaragua en crisis total, aunque internamente el país está experimentando otra realidad y avanza hacia la recuperación. Por ejemplo, en el momento de redactar este informe, en el Brasil, Colombia y El Salvador, los "cacerolazos" y las protestas continúan, a pesar del toque de queda y la militarización, porque cerraron los mercados populares perjudicando la economía popular y cerraron las fronteras en medio de la pandemia sin tener suficiente producción nacional de alimentos, por lo que la escasez de alimentos, el aumento de los precios y el hambre afectaron los hogares y los estómagos de los más pobres.

En cambio, en Nicaragua no se tomaron medidas draconianas contra la economía popular, los nicaragüenses produjeron sus propios alimentos y en los años 2018 y 2019 la agricultura creció a un ritmo del 5% y 4% anual, respectivamente, base que mantuvo la disponibilidad de alimentos en medio de la situación de salud mundial y que no está en el último mapa mundial del hambre como preimpacto del Covid19 (FSIN, 2020). De esta manera, la situación sanitaria del coronavirus ha puesto en evidencia su inmoral, doble discurso y la fortaleza de la economía nicaragüense basada en la economía popular.

Una característica de este nuevo período es que se ha consolidado la participación de las organizaciones y los dirigentes de la economía popular en el modelo político, ocupando el papel principal que antes ocupaba el COSEP en los debates sobre la política económica y social, teniendo la economía social un apoyo más tácito. De esta manera, se preparan planes conjuntos, como festivales de descuento en mercados populares, se crean espacios como "Nicaragua Diseña" para la formación continua de emprendedores, escuelas de emprendimiento de acuerdo a las necesidades del sector y se proponen ajustes a los programas gubernamentales, como en el caso del ajuste al ProRural por parte del MEFCCA, en el número de personas que conforman los grupos solidarios o familiares, así, 2-4 personas tienen acceso a créditos de hasta 100 mil córdobas ($3 mil dólares), a diferencia del modelo inicial del programa Usura Cero que obligaba a la formación de grandes grupos, que luego tenían problemas para recuperar el crédito.

También se han implementado acciones, capacitaciones y espacios de reflexión en los tejidos territoriales para fortalecer las iniciativas individuales y grupales, de acuerdo a las realidades de los territorios, buscando la mayor integración social, reflexionando sobre los comportamientos, valores y hábitos que hemos interiorizado, porque no es posible construir otra economía y otra sociedad si no superamos la base de una competencia de todos contra todos y del "cada hombre para sí mismo" que propone el neoliberalismo (Coraggio, 2015). Todo esto ha ido acompañado de una fuerte campaña en los medios de comunicación para apoyar la economía popular y promover una cultura que la valore y la respete, sacándola de lo desapegado y peyorativo, de lo marginal. Exaltando los valores implícitos más allá de las relaciones comerciales, la participación de la familia y el bienestar de la comunidad, la creatividad, la dedicación, la vocación, el talento y el amor. Elementos clave para desarrollar una identidad política para su propio desarrollo que ya tiene un fuerte componente en la percepción individual y social de los empresarios hacia su propio gremio (Chamorro, 2007).

En Nicaragua la economía popular no es ni un discurso, ni una economía para los pobres, ni es atrasada, sino que es la economía de los trabajadores que construyen su propia vida con sus manos, es una economía que no puede ser analizada bajo los estándares económicos del pensamiento capitalista especulativo occidental y en crisis, que reduce la riqueza sólo a dinero y capacidad de compra porque más allá de la mercancía hay cosas no medibles como los intercambios, la solidaridad, la esperanza, la fe y la dignidad de las familias. Sin la economía popular se debilitaría la capacidad de resistencia del pueblo y del gobierno nicaragüense frente a los continuos intentos de desestabilización y agresión imperial. Por lo tanto, la economía popular es capaz de construir y reconstruir nuevos horizontes de autonomía para el pueblo, de soberanía política, de justicia y de bien común para las sociedades.

Comentar     Arriba

Descarga la aplicación

en google play en google play