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Más de 4.600 investigados por violaciones de DDHH en Colombia

Bogotá. TeleSUR. | 3 de Octubre de 2011 a las 00:00
Un total de cuatro mil 634 personas son investigadas actualmente en Colombia por violaciones graves a los Derechos Humanos. La Fiscalía de ese país suramericano precisó que de la cifra, cuatro mil 131 son exparamilitares y 503 ex guerrilleros que se acogieron a una ley promulgada por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) que promovió su desmovilización. Por medio de un comunicado publicado este lunes, la Fiscalía colombiana explicó los avances del organismo en cuanto a la justicia por delitos de DDHH. En este sentido, señaló que hasta ahora ha identificado cuatro mil 507 bienes que deben ponerse a disposición de las víctimas de estos crímenes para contribuir con su “reparación material”. El ente gubernamental indicó en el texto que esta acción cumple con la Ley de Justicia y Paz que acompañó la desmovilización de las milicias paramilitares de extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), realizada entre 2003 y 2006 y promulgada en el gobierno de Álvaro Uribe. Bajo esa legislación, que también contempla beneficios procesales -criticados por gran parte de la población- entre los que se incluyen penas máximas de ocho años de prisión a cambio de la confesión de crímenes y la reparación a las víctimas, sólo se ha dictado una condena en firme. Sobre la base de las confesiones de los jefes paramilitares, hasta la fecha la Fiscalía ha acusado a 476 dirigentes políticos, 505 militares y policías y a 178 funcionarios públicos, éstos no pueden ampararse en los beneficios contemplados en la ley de desmovilización. Con respecto a víctimas, el organismo puntualizó que ha registrado más de 352 mil 437 afectados en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Del mismo modo, señaló en su informe la exhumación de tres mil 451 fosas y el hallazgo de cuatro mil 267 cadáveres, de los que mil 616 se han identificado y mil 529 se han entregado a las familias. Desde hace medio siglo, el pueblo colombiano sufre un conflicto armado que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y fuerza pública y que ha dejado gran cantidad de victimas civiles. Ante esta realidad, en junio pasado el gobierno de Juan Manuel Santos promulgó una ley para reparar a quienes han sufrido este flagelo, con indemnización a cerca de cuatro millones de víctimas desde 1985 y restitución de tierras a unas 400 mil familias desplazadas por la fuerza desde 1991. La normativa promulgada por Santos también ha sido cuestionada, puesto que si bien otorga la restitución de tierras, no brinda a los campesinos la seguridad necesaria para volver a los territorios de los que fueron desplazados.

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