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Anuncian más retiros policiales en Panamá

Lima. PL. | 11 de Octubre de 2011 a las 00:00
El gobierno de Perú desestimó este martes los ataques conservadores contra su decisión de retirar a 30 de los 50 generales de la policía y anunció más despidos paulatino de unos mil 700 altos oficiales. El ministro del Interior, Óscar Valdés, dijo que el reciente relevo del jefe de la policía y la baja de otros 29 generales fue legal y forma parte de un proceso de "reingeniería" de esa institución que, según la prensa, registra problemas de corrupción e ineficiencia. Tras recordar que hizo una evaluación de la alta oficialidad por encargo del presidente Ollanta Humala, Valdés dijo que habrá más retiros, hasta que queden solo 20 de los 26 generales vigentes. También, indicó, se reducirá de aquí a un par de años y en forma paulatina 600 coroneles (hay 900) y mil 100 tenientes-coroneles (sobre un total de dos mil. "Estamos haciendo una reingeniería en la Policía, que es necesaria porque la Policía es la fuerza que utiliza el Estado combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana", explicó. Sobre el retiro de los generales, indicó que Explicó la designación del nuevo jefe, general Raúl Salazar, determinó la salida de todos los generales más antiguos que el nuevo jefe, porque las normas policiales determinan que un oficial no puede estar al mando de otro más antiguo. Lamentó que entre los retirados haya buenos elementos y dijo que serán reemplazados por coroneles, capacitados para desempeñar los cargos vacantes De otro lado, el ministro informó que ya está listo el Protocolo de Seguridad para los espectáculos deportivos, que tiene el consenso de los clubes de fútbol profesional y otros sectores involucrados. El protocolo fue aprobado tras la conmoción causada por el asesinato de un aficionado arrojado al vacío desde un palco, por fanáticos, tras un partido de fútbol de primera división. Se trata de una serie de medidas de seguridad para evitar actos de violencia en los estadios y sus alrededores, cuya aceptación por los clubes exige el gobierno para levantar la prohibición del ingreso de público al torneo profesional de fútbol, establecida tras el reciente asesinato.

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