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Gobierno venezolano beligerante contra la corrupción

Caracas. Agencia PL. | 17 de Agosto de 2013 a las 12:44

La contienda anticorrupción que impulsa el Gobierno venezolano alcanzó esta semana un punto de catálisis tras denuncias en el Parlamento contra dirigentes de oposición y la solicitud del presidente Nicolás Maduro de una ley habilitante para enfrentar el flagelo.

Este viernes, el mandatario anunció que solicitará a la Asamblea Nacional la aprobación de este recurso a fin de articular normativas más estrictas y propiciar, de acuerdo con las leyes, la adopción de penas máximas contra delitos de corrupción.

Reiteró un planteamiento ya adelantado desde el lunes último: la necesidad de una emergencia legislativa, constitucional, política y sobre todo popular para actuar en esta coyuntura.

La habilitante faculta al presidente de Venezuela para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley sobre las materias que estime pertinentes de acuerdo a las necesidades del país.

Recientemente, Maduro también expuso su intención de promover una reestructuración del Ejecutivo nacional en pos de ganar en eficiencia y cercanía a la población.

El miércoles se había reunido el Consejo de Estado -órgano fundamental de consulta para las decisiones del Presidente-, cuyos miembros acordaron un plan integral con iniciativas en los ámbitos jurídico, institucional, comunicacional y para la formación de valores.

Así lo informó el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, quien hizo hincapié en el hecho de que se discutieran allí fórmulas para "escuchar al pueblo" e incorporar todas las instancias del poder popular a un nacional.

Tales decisiones estuvieron precedidas por la sesión ordinaria de este martes en el Legislativo, donde fue aprobado por mayoría un acuerdo de condena a la presunta actuación corrupta de parte de la dirigencia del partido opositor Primero Justicia (PJ).

El diputado socialista Andrés Eloy Méndez presentó facturas por cientos de miles de bolívares (6,3 por dólar) -que ayer llevó ante el Ministerio Público- que supuestamente incriminan a Oscar López, director del despacho de la Gobernación del Estado de Miranda, encabezada por el excandidato presidencial Henrique Capriles.

De acuerdo con la bancada alineada con el Gobierno, los delitos no se limitarían a probable defraudación tributaria y legitimación de capitales, sino que llegarían incluso a una "red de prostitución".

Tanto los parlamentarios socialistas como, después, el propio presidente Maduro han sostenido que no se trata en este caso -que se suma al del diputado de PJ Richard Mardo, a quien le fue allanada su inmunidad parlamentaria para investigarlo- de persecución política, prejuicio homofóbico o de una estrategia para minar la unidad de la oposición.

De hecho, Maduro calificó de impublicables "las fotos y videos de orgías" -se presentaron en la Plenaria apenas algunas imágenes- en que estaría implicado López, y condenó con vehemencia lo que llamó "un lobby de prostitución travesti y gay".

Consideró además que "el gobernador de Miranda (Capriles) o no sabía -lo cual estimó muy grave-, o lo sabía y está encubriendo".

A modo de barómetro de la lucha anticorrupción en Venezuela, pueden tomarse los datos del MP, que reportó la privación de libertad, entre el 26 de julio último y el 13 de agosto, de 64 personas vinculadas a causas de este género.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega, dio cuenta además de 16 ciudadanos actualmente imputados y 46 acusados.

En tal contexto, Venezuela continúa el camino hacia los comicios municipales del 8 de diciembre, luego de que un informe preliminar del Consejo Nacional Electoral diera a conocer la cifra de 40 mil 423 postulaciones para los cargos de concejales y alcaldes (en este caso seis mil 311 para 335 plazas).


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