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Nueva ley define plazo en Bolivia para registrar armas ante autoridad

La Paz. Agencia EFE. | 23 de Agosto de 2013 a las 12:05

La nueva Ley de Control de Armas que termina de tramitarse en el Parlamento boliviano da un plazo de seis meses a los ciudadanos para que registren ante las autoridades el armamento que tengan en su poder, informaron este viernes fuentes oficiales.

La Cámara de Diputados aprobó anoche establecer este plazo para la regularización de las armas en el país andino y devolvió la norma al Senado para su revisión y posterior sanción por el Gobierno, informó el Legislativo en un comunicado.

Las armas de todo tipo que los ciudadanos tengan en sus domicilios "deberán ser registradas ante el Registro General de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, instancia que se abrirá en el Ministerio de Defensa", indica la nota.

También se prevé que las armas de uso militar y policial cuenten con su propio registro específico.

Además, la norma crea el Plan de Desarme Voluntario Anónimo, que permitirá que los ciudadanos que tengan armas, sobre todo de uso militar o policial, puedan entregarlas al Ministerio de Defensa a cambio de un incentivo.

La nueva ley precisa, asimismo, que los organismos internacionales y representaciones diplomáticas que pidan introducir al país armas de fuego para uso exclusivo de protección de su personal o de su infraestructura deberán pedir una licencia al departamento de Defensa a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El texto legal, denominado Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, busca "garantizar la convivencia pacífica" y "la vida de las personas", además de prevenir los delitos contra la seguridad y la defensa del Estado, según avanzó este año a Efe el ministro boliviano de Defensa, Rubén Saavedra.

La ley establecerá sanciones duras para quienes incurran en los delitos vinculados al tráfico y comercio ilegal de armas, pero también para el robo en los cuarteles policiales y militares.

La tenencia ilícita de armas será sancionada con una pena de dos a seis años, y el porte ilegal, de uno a cinco años, pero las penas se agravarán en un tercio si se trata de armamento militar.

La fabricación ilegal de armamento se castigará con una pena de cuatro a ocho años, pero si el implicado está relacionado con una organización delictiva, la condena será de cinco a diez años.

El comercio ilegal de armas de fuego, explosivos y municiones tendrá un castigo de diez a quince años de cárcel, pero la sanción aumentará a veinticinco años si el implicado es parte de una organización criminal.


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