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Paramilitares impiden restitución de tierras a campesinos colombianos

Bogotá. Agencia EFE. | 17 de Septiembre de 2013 a las 10:30

Los grupos herederos de los paramilitares que siguen ejerciendo violencia y la falta de justicia en Colombia son los principales obstáculos para la restitución de las tierras despojadas a campesinos durante el largo conflicto armado, según un informe de Human Rights Watch (HRW) difundido este martes en Bogotá.

La ONG presentó el informe "El riesgo de volver a casa. Violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia", en el que estudia los dos primeros años de vida de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, "la iniciativa más importante de Derechos Humanos impulsada por el Gobierno de (Juan Manuel) Santos", según dice.

La restitución, así como el fin del conflicto armado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con las que el Gobierno negocia en La Habana desde noviembre de 2012, son los principales retos que se ha marcado Santos en su mandato de cuatro años, que terminará el 7 de agosto de 2014.

En el documento, de 215 páginas, HRW analiza los principales obstáculos que ha sufrido la iniciativa de restitución de tierras, entre los que están el accionar de los grupos armados al margen de la ley y, en especial, los herederos del paramilitarismo, a los que "Colombia no ha podido contrarrestar significativamente" tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en 2006.

"En la mayoría de los casos de asesinatos, tentativas de homicidio y nuevos incidentes de desplazamiento forzado, la evidencia sugiere en forma persuasiva que grupos sucesores de los paramilitares, en particular (la banda de) Los Urabeños, serían responsables", recoge el informe sobre el grupo más numeroso y organizado de los conocidos ahora como bandas criminales.

Human Rights Watch, señala a este grupo, así como en menor medida a "terceros" -ganaderos y empresarios- que adquirieron u ocuparon tierras de personas obligadas a abandonarlas y a la guerrilla de las FARC, en este orden, de asesinatos de líderes de restitución de tierras, secuestros, múltiples amenazas y nuevos desplazamientos.

La ONG alerta que "el patrón de abusos se extiende por todo el país", aunque focaliza la mayoría de los casos en la región del Urabá y en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Chocó, Cesar y Sucre, todos ellos históricos feudos paramilitares y, aún hoy, con una significativa presencia de estos grupos.

El informe también denuncia la "falta de justicia" por los delitos cometidos en el pasado y en el presente y advierte que, en la actualidad, "las autoridades judiciales restan seriedad a la naturaleza de las amenazas, no se contactan con las víctimas o se niegan a recibir las denuncias".

Este proceder "demuestra que algunas autoridades carecen de la voluntad para impulsar esos casos, lo cual profundiza la desconfianza de las víctimas, provoca que muchas amenazas no se denuncien y prácticamente elimina cualquier posibilidad de rendición de cuentas", agrega el informe.

Según datos divulgados en el documento, menos de un 1 % de los cerca de 50.000 casos de desplazamiento investigados por la Justicia han acabado en condena, un hecho que "transmite a los responsables que no tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos".

HRW emite en el informe recomendaciones al Gobierno y a la Fiscalía para asegurar justicia por los abusos contra reclamantes y para brindarles una protección oportuna en aras de evitar que el problema "se agrave considerablemente" a medida que avancen las causas en curso de solicitudes de restitución, las personas regresen a sus hogares y los responsables de despojo vean afectados sus intereses.

"A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra desplazados reclamantes y consiga avances significativos en la desarticulación de grupos sucesores de los paramilitares, muchas de estas familias sufrirán nuevas amenazas, episodios de desplazamiento y asesinatos", advierte HRW en el documento.

Con cerca de cinco millones de personas obligas a abandonar sus casas y parcelas por el conflicto armado, Colombia tiene la población de desplazados internos más grande del mundo y se calcula que unos seis millones de hectáreas han sido usurpadas por grupos armados, sus aliados y terceros.


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