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Jefe policial y Contralor General de Paraguay acusados ante los tribunales

Asunción. Agencia PL. | 20 de Mayo de 2015 a las 11:24

Paraguay amaneció este miércoles con el jefe de la Policía Nacional destituido e imputado como coautor en la venta ilegal de combustibles y el Contralor General acusado penalmente por un caso de malversación.

La inusual situación coronó el desarrollo de investigaciones relacionadas con sendos escándalos que estremecen las dos instituciones y mantienen el tema de la corrupción a un nivel importante en el panorama nacional.

En las últimas horas de ayer dos fiscales anunciaron la imputación del comandante Francisco Alvarenga por el mencionado cargo y de su hijo acusado por enriquecimiento ilícito, junto a Carlos Jara, director administrativo de la policía.

Casi inmediatamente medios de difusión anunciaron que el comisario Críspulo Sotelo será el nuevo comandante general del cuerpo y se registrará hoy su nombramiento oficial y la renovación de toda la cúpula de la Comandancia.

Alvarenga tendría responsabilidad en el negocio de venta de tarjetas magnéticas para la entrega libre de carburante que debió usarse por las patrulleras, ilícito calculado en decenas de miles de dólares por el cual fue arrestado el subcomisario Roberto Osorio.

Los grandes réditos de la operación permitieron a Osorio adquirir varias lujosas residencias y casi una flotilla de autos, todo a nombre de su esposa también imputada, a excepción de un vehículo que pasó a propiedad del hijo de Alvarenga.

Mientras tanto, el gremio nacional de abogados presentó una denuncia penal contra el Contralor General, Oscar Velázquez, después que intentó inútilmente justificar el pago a su secretaria de emolumentos iguales a los de un ministro.

El gremio calificó el asunto como malversación de los fondos del Estado sobre todo porque dijo poseer información similar en otros 35 casos de funcionarios de la propia Contraloría.

En los dos asuntos las investigaciones continúan y pueden ocasionar todavía noticias importantes sobre el señalado nivel de corrupción existente en instancias estatales.


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