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Junta demanda proveedores de combustible de ente eléctrico en Puerto Rico

San Juan. Prensa Latina | 1 de Julio de 2019 a las 11:43

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) demandó este lunes a varios proveedores de combustible para intentar recuperar miles de millones de dólares en pagos fraudulentos realizados por la estatal corporación eléctrica de Puerto Rico.

La acción judicial contra las empresas Trafigura y Vitola establece que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico recibió un producto que no cumplía con las especificaciones contractuales aplicables, pero aun así recibieron pagos al precio del combustible de alta calidad.

La demanda de la JSF subraya que entre 2002 y 2015 ciertos proveedores de combustible recibieron pagos en exceso y otras compensaciones indebidas de parte de la AEE, que está obligada en virtud de contratos y reglamentación ambiental a comprar únicamente combustible de alta calidad, el cual es más costoso y limpio.

También precisa la demanda que las empresas fueron asistidas por los laboratorios Carlos R. Méndez & Associates, Inspectorate America Corp., y Altol, que recibieron pagos por falsificar resultados relacionados con el combustible suplido a la estatal AEE.

Estos pagos contribuyeron a la insolvencia de la corporación eléctrica puertorriqueña al incrementar el coste de sus operaciones y provocar asumiera más deuda.

El comité especial de reclamaciones de la JSF solicitó al Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico autoridad para recuperar esos pagos fraudulentos en beneficio de las partes interesadas.

'La Junta de Supervisión tiene la responsabilidad de recuperar los pagos realizados ilegalmente; en vista de los hechos que se conocen, clientes y acreedores de la AEE fueron perjudicados y tenemos la intención de darle seguimiento a esas reclamaciones', dijo David Skeel, miembro del comité especial de reclamaciones del organismo impuesto por Washington al gobierno de Puerto Rico.

Un grupo de abonados de la AEE ya presentó una demanda en contra de los proveedores de combustible y los laboratorios, así como personal de la AEE y la propia empresa estatal.

Esta demanda de clase está sujeta a la moratoria dispuesta en la Ley Promesa, que estableció la JSF, y que impide actuar contra el Gobierno puertorriqueño sin la autorización del tribunal de quiebras.

El comité especial de reclamaciones de la JSF acogió los hechos expuestos en la demanda de clase en apoyo a las reclamaciones de los pagos realizados en exceso.


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