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Prometen investigar «falsos positivos»

Bogotá. Prensa Latina | 15 de Septiembre de 2010 a las 00:00
El gobierno colombiano se comprometió hoy con reforzar las investigaciones de los casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de militares en el país, que según cifras oficiales dejaron un saldo de dos mil 445 víctimas. Para tal fin el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera; el fiscal general encargado, Guillermo Mendoza; y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Escobar, convinieron en una reunión fortalecer las pesquisas que realizan. En ese sentido se acordó consolidar un grupo elite que investiga las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de uniformados, conocidas aquí eufemísticamente como falsos positivos. Acorde con Mendoza, el objetivo es lograr que ese grupo, integrado por investigadores de la Fiscalía, inspectores de las fuerzas militares y juristas, trabaje con más eficacia y analice las nuevas denuncias en torno a dichos crímenes. El gobierno -a través de Rivera- reiteró su interés en que se aceleren los procesos judiciales que involucran a militares en casos de homicidio en persona protegida. El titular insistió en su propuesta, hecha hace un mes a la Fiscalía y a la Judicatura, para que definan a la mayor brevedad el número de fiscales, jueces y funcionarios judiciales que se requieren para que en el término de un año se resuelvan mediante providencias, dichas investigaciones. Rivera aseguró que el gobierno está dispuesto a gestionar los recursos presupuestales necesarios para crear esa fuerza de trabajo con fiscales y jueces, al igual que la adopción de las medidas legislativas que sean necesarias. Para ello se decidió crear una Comisión Técnica integrada por Mendoza y el viceministro de Defensa, Rafael Guarín, a fin de establezcan en el menor tiempo posible las acciones necesarias para implementar las referidas medidas. El escándalo de los "falsos positivos" estalló en octubre de 2008 por denuncias en la prensa, y si bien fueron destituidos varios generales y oficiales del ejército, las investigaciones permanecen estancadas hasta la fecha. En ese entonces el país era presidido por Alvaro Uribe, mientras el actual mandatario, Juan Manuel Santos, era su ministro de Defensa. El pasado año, durante una visita a Colombia, el relator especial de Naciones Unidas Philip Alston afirmó que las ejecuciones extrajudiciales constituyen casi una práctica sistemática en este país. En su opinión la política de incentivos del gobierno a los militares que entreguen cuerpos y armamento de integrantes de los grupos armados ilegales es el principal favorecedor de los asesinatos de civiles hechos pasar como guerrilleros. Por otra parte la confianza en el sistema judicial nacional está resquebrajada, luego que varios jueces pusieran en libertad a principios de año a una treintena de uniformados involucrados en crímenes similares por vencimiento de términos.

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