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Las pandillas se apoderan de barrios enteros en Honduras

Tegucigalpa. Diario El Heraldo. | 5 de Agosto de 2013 a las 08:42
Las pandillas se apoderan de barrios enteros en Honduras

La colonización está por iniciar una segunda etapa. Los pandilleros tienen el control en diversas zonas pobres en las que a la fuerza ocupan decenas de casas, y ahora irían en busca de residencias de personas de mejor condición económica.

La estela de terror que comenzó con la ocupación de casas de clase baja por parte de pandilleros ahora está por extenderse a sectores de niveles medios de la sociedad.

El fenómeno de la migración de personas que dejan sus casas por amenazas de pandilleros comenzó hace una década  y las víctimas fueron pobladores de sitios marginales, pero los malvivientes comienzan a escalar en objetivos de mejor condición económica, dijo la fiscal de Delitos Comunes, Kenia Reconco.

"Han ido subiendo el estatus, primero fueron las marginales o zonas de muy bajos recursos y ahora van a clases un poco más altas, nosotros creemos que ahora estamos en una clase baja media y van a llegar a la media", sentenció la fiscal.

Esta advertencia se hace, indicó Reconco, en base a un estudio sobre el comportamiento de la Mara 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) que el Ministerio Público efectuó.

Las agrupaciones ilícitas han diversificado sus rubros delictivos, pasaron del robo y tráfico de droga menor a ser brazos asesinos de las bandas de poderosos narcotraficantes. Esta evolución ha hecho que necesiten ocupar casas de particulares como sus guaridas para planificar sus crímenes y esconderse de la autoridad, dijo Reconco.

Comayagüela es la ciudad del Distrito Central donde más se han ensañado los pandilleros por ser donde más se ubican colonias marginales. Los primeros blancos eran personas pobres, pero que tenían alguna capacidad para irse a alquilar a otras colonias y por eso fueron las que en primera instancias presionaban para que se retiraran de sus hogares.

 

EL HERALDO hizo un recorrido junto a 200 elementos de la Policía Nacional y del Ejército por un sector denominado "El Hoyo", en la colonia Peña por Bajo, donde hay por lo menos 34 casas que fueron abandonados por sus dueños que salieron huyendo por la amenaza de los pandilleros.

Este sector se ha vuelto tan indómito que ni la autoridad se anima a ingresar en horas nocturnas. Estos inmuebles fueron ocupados por los mareros, pero posteriormente las dejaron abandonadas, no sin antes causar serias destrucciones.

Pero no hay muchos registros sobre la cantidad de casas tomadas por los mareros, porque la gente no denuncia que es desalojada por temor a ser asesinada. La fiscal Reconco dice que este año solo se han recibido 12 denuncias de este tipo de usurpación solo en el Distrito Central y que a nivel nacional posiblemente las denuncias sumen unas 30.

"Hay una cifra negra (datos desconocidos) y por eso las desconocemos, hasta que llegamos a la zona y hacemos los operativos y comenzamos a preguntar", remarcó.

La Fiscalía de Delitos Comunes trabaja de forma conjunta con la Fuerza Antiextorsión de la Policía Nacional para combatir este tipo de delitos, pero ante las escasas denuncias tienen poca incidencia para contrarrestar este fenómeno.

Si bien estas dos unidades han hecho operativos para recuperar algunas casas, los dueños de los inmuebles rara vez retornan a vivir a ellos y buscan venderlas.

No obstante, son pocas las personas que muestran interés en adquirir una vivienda que en el pasado fue ocupada por pandilleros, por miedo a que los delincuentes quieran volver a instalarse.  "Hay personas que no responden o dicen que solo les interesa venderlas y que no quieren ningún problema con las maras".

En San Pedro Sula hay colonias, como Ciudad Planeta y Asentamientos Humanos, donde los pandilleros han sometido a moradores para que les entreguen sus casas. "Nosotros estamos con toda la intención de recuperar, denunciar y procesar estas personas, ahora ya no solo es el pandillero que cobra extorsión, si no que hace este tipo de delitos".

¿Cuántas casas? Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Honduras hay 2,8 millones de personas que pertenecen a la clase media no baja.

El economista Carlos Urbizo hizo una clasificación de las categorías de clases económicas en Honduras en la que la clase media-baja es aquella que tiene un ingreso salarial de 15 mil a 20 mil lempiras. La clase media-media es la que su sueldo es de 20 mil a 35 mil lempiras y la media alta la que percibe entre 35 y mil 60 mil lempiras.

No obstante, existen pocos registros sobre el tipo de casas pertenecientes a estas clases sociales. En la Alcaldía de la capital se lleva un archivo sobre construcción de casas según su extensión, pero el tamaño no necesariamente indica que es de clase baja o media.

"Igual se puede construir en pocos metros cuadrados en las Lomas del Guijarro (clase rica) o en varios metros en  el Hato de Enmedio (clase media-baja), por lo que no se puede precisar", dijo el funcionario de la comuna, César Barrientos.

Barrientos dijo que posiblemente el Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda pueda tener una cifra sobre las dimensiones y los costos de algunas casas que ellos financian.

Las favelas hondureñas

Por sus calles se pasean la criminalidad, la pobreza y el abandono, todos cubiertos por un manto de impunidad, pero dominadas por el crimen organizado. Son el espejo donde se reflejan las favelas de Río de Janeiro, en Brasil.

Parecen secuelas del paso feroz de un tifón que tiró todo abajo. En un barranco colonizado por la pobreza, por la delincuencia y por la ingobernabilidad, decenas de casas ahora son simples vestigios, inmuebles desocupados o refugios de pandilleros durante la noche.

Todo se conjuga en el clon casi perfecto de las favelas de Río de Janeiro, en Brasil, sitios en los que la carencia de servicios básicos, significativas condiciones de pobreza y alta inseguridad por la presencia del crimen organizado los vuelven zonas indómitas.

En estas especies de favelas catrachas, los criminales impusieron su ley y obligaron a sus dueños a salirse so pena de acribillarlos.

En Honduras un ejemplo de estas favelas es "El Hoyo", o al menos así se le llama a un cañón u hondonada dentro de la colonia Peña por Bajo de Comayagüela atestada de casas desde su punto bajo hasta el copete, lo que las vuelve más similares a esos cinturones de miseria en Brasil.

EL HERALDO, junto a 200 elementos de la Policía Nacional y soldados de las Fuerzas Armadas, hizo un recorrido por este sitio dominado por la Mara 18 para atestiguar las consecuencias de este fenómeno criminal que crece como un cáncer y que progresa a estado de metástasis.

El pelotón, raudo, caminó hacia el conflictivo sitio para hacer una inspección de los domicilios –o de lo que queda de ellos– para verificar que no estén ocupadas por pandilleros, por lo menos cuando el sol alumbra.

"El Hoyo", en donde viven unas 10 mil personas, es un mar de casas apretujadas con callejuelas de tierra o embadurnadas con concreto que se descascara. Esas arterias se extienden de forma intrincada como pasos de laberintos.

Según autoridades del Distrito Metropolitano 3, que tiene jurisdicción en la colonia Peña por Bajo, en ese lugar hay 34 casas cuyos dueños terminaron huyendo por presión de los malvivientes.

Algunas moradas abandonadas desentonaban con el paisaje de pobreza que predomina, pudieron ser la envidia de cualquier colonia de clase media. Son de dos niveles, cuatro cuartos, terraza, área de estacionamiento.

Un dueño de una de estas casas, cuyo valor según la Policía puede rondar el millón y medio de lempiras, se fue porque sobre él pesaba casi una sentencia de muerte porque se había opuesto a seguir pagando extorsión o "impuesto de guerra" y pidió auxilio de las autoridades para que lo sacaran.

La Policía Nacional atendió su llamado y aprovechando una noche incógnita huyó con rumbo desconocido con la custodia de los uniformados.

Escenarios dramáticos

La intención del desocupado era entregar su casa para que funcionara como una posta policial, pero los pandilleros tenían otros planes y a punta de almádana la destruyeron. "El dueño salió en la noche y al día siguiente los pandilleros tiraron paredes y la dejaron inhabitable", relató un oficial de policía.

Esa ha sido una estrategia de los pandilleros, el destruir casas que antes ocupaban a la fuerza para que no haya estación policial y así garantizar su gobierno de terror. Lo mismo pasó con un edificio de apartamentos de dos pisos de ocho cubículos al que se le arrancaron todas las puertas y ventanas y la pared frontal.

Como recuerdo del pasado donde había familias conviviendo en el edificio, queda un cuadro con un horario de aseo, una figura de un cerdo y un mensaje en el que se exhortaba a los moradores "dejar agua para el servicio sanitario" los domingos. Uno de los baños del nivel superior ha sido utilizado como improvisada casamata por los pandilleros para atacar.

"Desde la ventana se ponen acá para tener visión y poder disparar", dice uno de los policías haciendo el ademán con su rifle de reglamento. Frente a esta maltrecha obra queda otra casa que parece era de otra familia de "abolengo" entre la pobrería por algunos retoques de lujo.

La fachada de la vivienda está recubierta de ladrillos rectangulares de cerámica color café y en la parte superior, el exterior está formando con ladrillo planchado. Pero igual no hay puertas ni ventanas y las paredes están resquebrajadas. Simplemente es un cajón de concreto abandonado.

El escenario más dramático se ve en rastros de lo que fueron casas. Los pandilleros optaron por destruir una media docena de inmuebles y apenas dejaron un par de pilotes de pie. El piso de uno de los hogares quedó lleno de ladrillo y basura y en una esquina se divisa una pequeña cisterna que se salvó de la furia de los pandilleros.

Está a la vista, es evidente la migración obligada de centenares de personas que salen de sus casas por presión de los pandilleros, pero la autoridad no conoce la cantidad de inmuebles que han sido abandonados por esta situación en el Distrito Central.

EL HERALDO consultó en los Distritos Metropolitanos 2 y 3 de la capital si manejaban estadísticas sobre la huida de familias de sus hogares producto de presiones de los facinerosos, pero sus jefes dijeron no tener ese dato.

Igualmente, no hay cifras al respecto en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ni en el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Se indagó en la Alcaldía del Distrito Central si manejaban números de contribuyentes que dejaron de pagar impuestos de bienes inmuebles porque dejaron sus casas por miedo, pero tampoco hay información.

Durante el operativo en El Hoyo, los efectivos iban en columnas en busca de casas marcadas con el símbolo de la paz, un círculo con cuatro líneas en su interior, que se dibujaron en cada hogar que estaba en poder de pandilleros y ahora están desoladas.

Se decidió imponer estos sellos y leyendas para mensaje de presencia de la autoridad en estos sitios. Los efectivos volvían a remarcar esas impresiones con spray con plantillas con la leyenda "soldados y policías por la paz" sobre las otras que ya estaban colocadas, principalmente sobre el número "18".

Estratégicamente, se apostaban en el entorno del inmueble con sus armas listas para disparar en caso de un ataque, y un oficial llegaba a tocar la puerta y advertía: "¡Somos la Policía! ¿Hay alguien viviendo en esta casa?". Pasaban los segundos, nadie contestaba luego, se daba la orden de "¡entren!".

Los elementos salían disparados al interior de las casas a revisar cuarto por cuarto, pasillo por pasillo. En otras casas ya había inquilinos que acreditaban ser dueños o personas que alquilaban.

«Impuesto de guerra»

La Fiscalía de Delitos Comunes ha recibido 600 denuncias contra personas señaladas de cometer extorsión o el "impuesto de guerra", de las que 80 han sido condenadas. La mayoría de los ciudadanos que incurren en este crimen son miembros de maras o  pandillas cuyas edades oscilan entre los 12 a los 30 años.

Según el Ministerio Público, La Ceiba, San Pedro Sula y Tegucigalpa son las ciudades más afectadas con la extorsión.  Solo en Tegucigalpa trabajadores del transporte público pagan unos dos millones de lempiras a la semana.

Otros propietarios de negocios pagan de 500 a 10 mil lempiras al mes a los pandilleros para que no los maten. Existen "extorsiones únicas" de 50mil a 100 mil lempiras.

Se calcula que ahora el 40 por ciento de las denuncias que se hacen en la Fiscalía de Delitos Comunes son por el "impuesto de guerra".

Por su lado, el sociólogo Pablo Carías explicó que todo fenómeno migratorio es forzado, pero que anteriormente se hacía por desempleo, bajos salarios, educación y en la actualidad algunos movimientos de masas tienen como motivo la criminalidad.

La delincuencia también muta y ha pasado de la aparición de carteristas que con mucho sigilo robaban pertenencias a incautos a mecanismos más sofisticados y en esa evolución aparecieron más muertos, consideró.

"La violencia es un proceso que se da de manera escalonada, cada día se va modificando y cambiando el modo de operar y no hay que extrañarse que lo que está ocurriendo (ocupación de casas por pandilleros) en barrios pobres y de clase media baja pase a clase media media alta", acotó Carías.

Este fenómeno agrega un nuevo elemento a la incertidumbre que vive la población por motivos de la inseguridad, porque no solo sufre los que viven una desocupación, sino que también aquellos que tienen la expectativa de ser víctimas de este crimen. "Todos estamos incluidos, entonces hay esa sensación de miedo", remarcó el catedrático universitario.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional  tienen previsto hacer operativos para recuperar casas invadidas por pandilleros en la capital, así como lo hicieron en San Pedro Sula.

El oficial de información de la Operación Libertad, mayor Santos Nolasco Guifarro, indicó que el cuerpo castrense planifica realizar esta actividad en un corto plazo en las zonas más conflictivas.  Los operativos de recuperación "están en análisis", pero sí se tiene previsto realizar, dijo el oficial del Ejército.

Al menos 95 casas ubicadas en las colonias Palmira y Sabillón Cruz, en Chamelecón, que habían sido invadidas por mareros fueron recuperadas para que sus dueños las volvieran a habitar. Los efectivos también las limpiaron porque los pandilleros las habían convertido en basureros.

En Tegucigalpa hay unos 2,000 solados asignados a la Operación Libertad, mientras que en San Pedro Sula son 1,500 los disponibles para operativos de seguridad.

La Operación Libertad es una estrategia que se realiza entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para reducir los índices de criminalidad en las ciudades en donde los índices de homicidios y otros delitos han repuntado.

Sufrir en silencio

El desplazamiento forzado de sus casas por culpa de grupos criminales se ve alentado por la falta de capacidad de las autoridades para perseguir y sancionar este delito.

La coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, considera que la población afectada por este fenómeno prefiere sufrir en silencio estos actos de agresión porque no confía mucho en los cuerpos de protección del Estado.

"No se denuncia por el miedo a los grupos criminales y la desconfianza ante el operador de seguridad y justicia, sumado a la falta de acción policial en los barrios dominados", aseguró. "Ciertos sectores de la ciudadanía están en riesgo porque el Estado no ha establecido mecanismos de control del territorio, proteger las vidas de las personas y sus bienes", agrega.

Según la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público, este año se han interpuesto 30 denuncias de usurpación de viviendas por pandilleros, pero existe una "cifra negra" (dato desconocido) sobre el nivel real de incidencia de este delito porque la población dañada no lo denuncia".

"La opción más inmediata es cambiar de barrio, establecerse en otras ciudades o cruzan las fronteras, este fenómeno es conocido a nivel internacional como el desplazamiento forzado por la violencia, en donde se evidencia la incapacidad del Estado para brindar seguridad a la población, sumado a la indefensión en que actualmente se encuentran", analizó Ayestas

Mientras no haya mayor presencia del Estado en zonas conflictivas, la disputa por territorios por parte de pandillas se expandirá más y en consecuencia habrán más invasiones de residencias, consideró la experta.

"Si la población no denuncia, las autoridades no investigan y por tanto son pocas las viviendas recuperadas", remarcó Ayestas.

La fiscal de Delitos Comunes, Kenia Reconco, expresó que mientras los ciudadanos víctimas de desplazamientos forzados no denuncien estos hechos, poco se podrá hacer para evitar que el que fenómeno se expanda más.

Indicó que el Ministerio Público y la Fuerza Antiextorsión han logrado desarticular agrupaciones pandilleras que se dedican a tomar a la fuerzas casas, pero el número de este tipo de acciones ha sido muy bajo. Lamentó que los ciudadanos que abandonan sus inmuebles después no quieren regresar por temor a represalias de los mareros.

Reconco consideró que los pandilleros, quienes comenzaron a tomar por asalto casas de sectores marginales, ahora han enfocado su mirada hacia colonias de clase media como muestra de la evolución de este delito.

En el Distrito Central hay 122 mil casas de clase media y unas 500 mil situadas en zonas pobres, según el vicealcalde capitalino, Juan Diego Zelaya.

La Policía Nacional no ha hecho ningún estudio sobre esta problemática y, mucho menos, tiene información sobre cantidad de hogares colonizados por mareros.

EL HERALDO le pidió al ministro de Seguridad, Arturo Corrales, que delegara a algún oficial de la Policía para que reaccionara a este tema y respondió que ordenaría al director de la entidad, Juan Carlos "El Tigre" Bonilla, que preparara información al respecto.

Fortalecer trabajo comunitario

La coordinadora del Observatorio dijo que es necesario tomar acciones urgentes para proteger a la ciudadanía del asedio de los pandilleros, pero que la población también tiene que organizarse y formar un frente común contra este crimen.

"Hay que fortalecer el trabajo comunitario para el desarrollo de acciones con los patronatos, iglesias, Organizaciones no Gubernamentales e instituciones estatales de seguridad y justicia que permita desarrollar acciones de prevención de la violencia a nivel personal, familiar y comunitario", opinó la funcionaria.

El Estado debe llevar un registro de casas ocupadas a la fuerza por pandilleros para cuantificar el fenómeno y conocer todas sus aristas, aconsejó Ayestas. De esa forma será posible tener información valiosa que le permita a la autoridad El Observatorio de la Violencia, dijo Ayestas, analiza hacer estudios específicos sobre la migración provocada por la delincuencia.

Alcaldía descarta expropiaciones No solo se sienten víctimas de la horrible delincuencia que un día los obligó a dejar todo atrás y abandonar las viviendas que con tanto sacrificio habían adquirido o que aún estaban pagando.

Los dueños de las viviendas que han sido tomadas por pandilleros de la colonia Peña por Bajo –sitio conocido también como El Hoyo–, denunciaron con impotencia que aparte que el Estado no les garantizó seguridad y que dejaron a la mano de Dios sus patrimonios, enfrentan la desilusión de perderlas definitivamente.

Según informaron, han conocido la versión de que las autoridades edilicias realizan acciones para ejecutar en los terrenos que ocupan los vestigios de las viviendas un proyecto de construcción de canchas polideportivas.

Sin embargo, el edil capitalino Ricardo Álvarez desmintió que se ejecute un proceso de expropiación viciado para edificar espacios deportivos.

Recordó que cuando las unidades de seguridad confiscan inmuebles y objetos del crimen organizado, estos pasan directamente a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para que establezca un destino.

"La OABI transfiere dichas viviendas, recursos, equipos y vehículos dentro del municipio donde fueron incautados, pero la municipalidad en ningún momento está pensando en quedarse con viviendas que le pertenecen a ciudadanos honestos", argumentó el alcalde.

A la vez, aclaró que aunque la casa esté deshabitada desde hace meses o años el dueño puede garantizar la procedencia con su respectivo título. Y es que según las autoridades del Distrito Metropolitano 3, en el sector de "El Hoyo" hay al menos 34 casas cuyos dueños terminaron huyendo por presión de los delincuentes.

Algunas viviendas desentonaban con la pobreza que predomina en la zona y tienen características de cualquier colonia de clase media. Pese a la inversión y el difícil sueño de poseer un hogar propio, estas familias tuvieron que abandonarlo todo.


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