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Alcalde de San Miguel persigue a los nicas porque «son más burros que los salvadoreños»

Diario La Prensa Gráfica, de El Salvador. | 18 de Noviembre de 2007 a las 00:00
Durante el último año, cerca de 400 comerciantes nicaragüenses han instalado puestos de venta informal sobre la calle Chaparrastique y en la 1.ª avenida sur de San Miguel. Y desde que llegaron, según denuncian, han sufrido acoso constante por parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de la ciudad por órdenes del alcalde Wilfredo Salgado. Wilfredo Salgado, el alcalde de San Miguel, admite haber ordenado la persecución sistemática contra los vendedores nicaragüenses, pero niega que se trate de un caso de xenofobia. Según Salgado, simplemente aplica la ordenanza que prohíbe las ventas ambulantes en aceras y lugares públicos de la ciudad. La embajadora de Nicaragua en El Salvador, Gilda Bolt, se reunió hace dos meses con el alcalde migueleño luego de que este se pronunciara por primera vez en público en contra de los vendedores de su país y prohibiera a los guatemaltecos comercializar en la ciudad (ver recuadro). "El CAM echa a perder la mercadería a mis compatriotas, les cobra multas altas... Lo sabemos, y Cáritas de San Miguel nos informa cualquier anomalía. Pero la situación persiste y estamos haciendo gestiones al más alto nivel en El Salvador para apoyar a los nicas y evitar que se vuelva un problema de xenofobia", dice la funcionaria. De acuerdo con Bolt, en aquella reunión pidió a Salgado tiempo para poder ayudar a los nicaragüenses a poner en regla sus papeles y conseguir permisos de trabajo. Asegura que, según los datos que le ha proporcionado la Dirección de Migración, hay más deportaciones a Nicaragua desde San Miguel que desde cualquier otro municipio del país. A la petición de la embajadora Bolt, de que cese la persecución, Salgado responde sin embargo con criterio de nacionalidad. Asegura que la única solución es que el gobierno nicaragüense construya en San Miguel un mercado para sus connacionales y enfatiza que él está obligado a proteger a los migueleños, "pero no a los extranjeros". "Son más burros que los salvadoreños, que vayan a fregar a su país", dijo Salgado, para justificar que el CAM persiga con más fuerza a los vendedores nicaragüenses que a los salvadoreños. Respecto de las amonestaciones y recomendaciones de la PDDH para que capacite a los agentes del CAM en materia de derechos humanos, Salgado se mostró irónico: "En la PDDH tenemos expedientes para llenar el volcán Chaparrastique". En cuanto a las denuncias contra el CAM existentes en la Fiscalía, el alcalde aseguró que no le preocupan. En mayo pasado, José Santiago Rivera, oriundo de San Miguel, fue asesinado en Guatemala. En respuesta, el alcalde Wil Salgado ordenó prohibir que guatemaltecos vendieran en la ciudad. En su momento, Salgado señaló que la muerte de su amigo era el "detalle nostálgico" para prohibir a los guatemaltecos que vendían en carretillas en calles céntricas. El 29 de mayo lanzó una advertencia a los comerciantes nicaragüenses y hondureños, al decirles que les tocaría lo mismo "si no se portaban bien". Salgado aceptó que no era una decisión colegiada del concejo, sino suya, como alcalde responsable de velar "por el bienestar de los ciudadanos migueleños". Según los nicas, los agentes del CAM les decomisan de forma habitual los productos, les imponen multas y en ocasiones los golpean. Esa misma suerte corren los cerca de 350 hondureños y guatemaltecos que se atreven a vender en las calles de San Miguel. El trato a los vendedores salvadoreños es diferente, y Salgado lo admite (ver nota aparte). Según la administración de mercados de la comuna, la mayor permisividad con cerca de 5,000 comerciantes informales de nacionalidad salvadoreña que trabajan en las calles de San Miguel se debe a que "la mayoría", según fuentes de la alcaldía, tiene permiso municipal para la venta ambulante. No aclaran, sin embargo, por qué les permiten mantener puestos fijos en contra de la ordenanza municipal, que ordena no permanecer en un solo lugar, y no les aplican multas. Salgado insiste en que "nada de esto" ocurriría si los extranjeros tuvieran permisos para vender, pero no pueden lograrlo por no tener permiso de trabajo en el país. Algunos vendedores nicaragüenses, hondureños y guatemaltecos en San Miguel reconocen que están en El Salvador como turistas, amparados en el CA-4, y que periódicamente cruzan la frontera para volver a entrar con permiso para estar en el país seis meses más. La semana pasada, LA PRENSA GRÁFICA fue testigo de una agresión contra un vendedor nicaragüense, que fue rociado con gas pimienta en el rostro por agentes del CAM que luego lo esposaron, por vender sin permiso. Los miembros del CAM pretendieron arrestar a otros dos vendedores centroamericanos, pero al notar la presencia de periodistas desistieron, no sin antes amenazarlos de que serían arrestados si volvían a instalarse en la zona. Según el nicaragüense Rolando Matamoros, es habitual que los agentes del CAM usen gas pimienta contra ellos, aun cuando no se resisten al arresto. Sin embargo, asegura que la mayoría no se atreve a denunciar el abuso ante la Fiscalía por su falta de permiso de trabajo. Sí denuncian ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), cuyo delegado en San Miguel confirma las denuncias y asegura que ha emitido amonestaciones contra el CAM. Efraín Rivas, director del CAM, justifica su accionar alegando que los nicaragüenses violan la ordenanza municipal. "Ellos incumplen, y los multamos a cada rato. Si son 300 multas (en este año) son pocas", dice, y admite que son más de las que ponen a los vendedores salvadoreños. Agrega además que, pese a que la PDDH ha abierto expedientes, no cesarán la persecución contra extranjeros por violar las ordenanzas.

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