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TPP: Derechos violados por transnacionales y Estados

Lista Informativa Nicaragua y más. | 22 de Octubre de 2008 a las 00:00
La audiencia centroamericana del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) "Políticas neoliberales, transnacionales y grupos económicos", realizada en Guatemala del 9 al 11 de octubre 2008 en el marco del III Foro Social Américas (FSA), concluyó con una resolución que condena ética y moralmente a las transnacionales y los grupos económicos demandados y que radican en Centroamérica. También fueron sentenciados cuatro Estados, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, por "estar obligados a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos de la ciudadanía, mientras que en muchos de estos casos han operado como agentes activos y sujetos protagónicos de violaciones a los derechos humanos, por complicidad, omisión o connivencia con la actuación de empresas transnacionales". Las empresas condenadas fueron Unión Fenosa (España), Holcim (Suiza), Cementos Progreso (Guatemala), Enel Green Power (Italia), CALVOconservas (España), Grupo Pellas (Nicaragua), Goldcorp (Canadá) y las transnacionales norteamericanas involucradas en el caso del mortal agrotóxico Nemagón-DBCP (Dow Chemical Company, Occidental Chemical Corporation, Amvac Chemical Corporation, Shell Oil Company, Standard Fruit Company, Dole Food Company, Chiquita Brands y Del Monte Fresh Produce). En la sentencia los jueces auspiciaron "el establecimiento de condiciones de responsabilidad universal, tales como sanciones jurídicas eficaces, difusión pública de la condena, confiscación de los instrumentos del delito producido, multas, reparación estricta del daño causado y en definitiva, la disolución de la empresa". Para conocer más en detalle los aspectos y la importancia de esta audiencia centroamericana del TPP, la Lista Informativa "Nicaragua y más" dialogó con Luis Nieto Pereira, coordinador del Observatorio de las Multinacionales Españolas en América Latina (OMAL) y por la ocasión también juez del TPP. -¿Cuáles han sido las conclusiones de la audiencia centroamericana del TPP en Guatemala? -El documento final trata los siete casos que se han presentado en esta audiencia y en todos estos casos hemos visto una serie de vulneraciones de derechos, como los derechos laborales, a la salud, ambientales y resaltó también el tema de género. En alguno más y otros menos, pero en todos los casos presentados se reflejan estos tipos de violaciones. En el caso específico del Grupo Pellas, denunciado por la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC), se le acusó por haber tratado a los trabajadores en condiciones laborales indebidas, donde manejaron agrotóxicos sin el equipamiento adecuado y, además, el Grupo Pellas los utilizó como material de desecho al no hacerse cargo de ellos cuando salieron afectados por la IRC, ni siquiera reconoció la enfermedad y resolvió sus contratos de trabajo dejándolos a la intemperie en materia de protección sanitaria y laboral. También se hace responsable al gobierno de Nicaragua por no hacer cumplir las leyes del país. Es decir, si la empresa no lo hace, el gobierno tiene la obligación de proteger a la ciudadanía y en este caso, a los trabajadores del Ingenio San Antonio del Grupo Pellas. Al gobierno de Nicaragua pedimos que asuma sus responsabilidades en el plan protector de los trabajadores y trabajadoras, y que haga cumplir a las empresas, tanto al Grupo Pellas como a las involucradas con el caso del Nemagón, aquellas condiciones a las cuales los trabajadores tienen derecho en materia laboral, de salud y también ambiental. Las tierras y los recursos hídricos están contaminados y hay que revertir esta situación; los trabajadores están enfermos y hay que darles atención e indemnizarlos, tanto a los propios trabajadores como a las comunidades afectadas. -¿A quiénes se les va a enviar copia de la sentencia del TPP? -Se va a enviar a las empresas, a los gobiernos de los cuatros países involucrados, a los países donde residen las casas matrices de las empresas, a la Unión Europea, a los organismos financieros internacionales y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). -¿Eso quiere decir que en la sentencia se habla de manera expresa de indemnización para los daños ocasionados? -En la sentencia final se va a pedir de forma global a las transnacionales juzgadas que indemnicen por los daños ocasionados y de esta manera el Grupo Pellas está incluido en ello. -En el caso del Grupo CALVOconservas de El Salvador, los trabajadores organizados en el SGTIPAC presentaron toda una serie de demandas y pedían al TPP diferentes resoluciones. ¿Cuál ha sido la decisión final? ¿Fueron acogidas estas demandas? -En el caso de CALVO, la empresa española fue condenada y se acusó también al gobierno de El Salvador por complicidad activa al estar vulnerando los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras en materia de organización sindical, de protección al fuero sindical y al no reconocer el sindicato legalmente constituido por los trabajadores y trabajadoras. En este sentido pedimos el reconocimiento y respeto de los convenios internacionales que protegen del despido a los trabajadores y trabajadoras cuando quieren libremente organizar un sindicato. Más bien deberían ser apoyados por las propias leyes laborales a la hora de formar un sindicato, sin embargo en este momento no sólo no han sido apoyados sino que se han utilizado las leyes en contra de los trabajadores. Es por eso que el TPP está haciendo responsable tanto al gobierno de El Salvador como a la propia empresa CALVO de vulnerar leyes que El Salvador ha firmado y que la empresa dice estar cumpliendo. -¿Qué responsabilidad tiene el Estado español en ese caso de CALVOconservas en El Salvador? -El gobierno español es co-responsable de lo que les está pasando a los trabajadores y trabajadoras de CALVO en El Salvador, porque ese grupo por un lado recibe financiamientos del propio gobierno español a través de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES S.A) y por el otro, de la Xunta de Galicia, donde está la casa matriz del Grupo CALVO. Estas dos son entidades públicas y tienen una responsabilidad, es decir es dinero de todos los ciudadanos lo que está siendo invertido en una dirección determinada, desconociendo los ciudadanos la propia realidad de lo que está ocurriendo. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos después de esta sentencia? -Nos vamos a reunir con las organizaciones centroamericanas para ver qué tipo de instrumentos de seguimientos a la sentencia se pueden coordinar. Por parte de los miembros del TPP lo que podemos hacer es ser facilitadores de este encuentro para estudiar como poder seguir adelante. -¿Quienes van a recibir copia de la sentencia en Nicaragua? -Seguramente el Gobierno y el Grupo Pellas, sin embargo creo que se debería de enviar también al Parlamento, a los grupos políticos y extenderlo al mayor número posible de instancias que tienen que ver con las personas afectadas por la IRC y el Nemagón.

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