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Solís y Cuadra acatan decreto y siguen de magistrados CSJ

Managua. Radio La Primerísima. | 12 de Abril de 2010 a las 00:00
Los magistrados sandinistas Rafael Solís Cerda, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y Armengol Cuadra, presidente de la Sala Penal, ratificaron este lunes que continuarán en sus cargos amparados por el inciso 2 del artículo 201 de la Constitución y el Decreto Presidencial 03-2010. Tanto a Solís Cerda como a Cuadra y al magistrado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Dámisis Sirias, se les venció el plazo para el que fueron electos el domingo a las 12 de la medianoche, pero deben seguir ejerciendo sus funciones de acuerdo a la carta magna y a ese decreto, porque la Asamblea Nacional no los ha reelecto o ha electo a sus sustitutos. En una audiencia pública este lunes de la Sala de lo Penal, después de firmar un acta de apertura de la sesión, reconociendo a Cuadra en la presidencia de esa instancia, y a Solís Cerda, como uno de sus miembros, el magistrado del PLC, Gabriel Rivera, intentó impugnar su permanencia en la sala. Rivera leyó una carta en la que señala que no reconoce a Cuadra y Solís Cerda como magistrados de la CSJ, por lo que demandó que no deben firmar ninguna sentencia de la Sala de lo Penal o de cualquier otra que integren, igual que ninguna resolución o sentencia de la CSJ, invalidándolos porque el período para el que fueron electos ya finalizó. El magistrado liberal amenazó que toda sentencia, resolución o fallo de la Sala de lo Penal, o de la CSJ, firmada por Cuadra y Solís Cerda, las darán como anuladas y solicitarán a la secretaría de la Sala o la CSJ una copia sin sus rúbricas, para que supuestamente tengan valor legal. Minutos después Solís Cerda solicitó el uso de la palabra, dejando "en claro" que a él como a su colega Cuadra los amparan el inciso 2 del artículo 201 de la Constitución vigente, porque no ha sido derogado por ninguna de las reformas constitucionales que se le hicieron a la carta magna de 1987, y que reza que todos los magistrados de los poderes del Estado continuarán en sus cargos hasta que el Parlamento elija a sus sucesores o les reelija. Solís Cerda agregó que para continuar en el cargo, igual que a su colega Cuadra, lo ampara también el Decreto 03-2010 que emitió el presidente Daniel Ortega, que no ha sido derogado, "y la mejor prueba es que ni en la Asamblea Nacional ha pasado (el intento de iniciativa de le para derogarlo) de la Junta Directiva". Mientras Solís Cerda ratificaba con firmeza que continuarán en el ejercicio de sus funciones, y al mismo tiempo criticando a su colega del PLC, por plantear ese tema en una audiencia pública, algo que, dijo, no era digno de un magistrado, de un funcionario de su altura o de un simple abogado, lo que debió haberlo presentado a lo interno de las sesiones de la Sala Penal o de la CSJ. Solís Cerda insistía en que con Cuadra continuarán en sus cargos, lo quiera o no su colega del PLC, y advirtiendo a la secretaría de la Sala Penal de abstenerse de emitir cualquier fallo, sentencia o resolución si la firma de ambos, el magistrado Rivera le interrumpió a gritos sin solicitar la palabra, con críticas a esa posición. Rivera, con su asalto de la palabra sin estar autorizado, provocó que Solís Cerna le dijera a través del micrófono, "cállese", y en determinado momento perdió su compostura y le llamó "matón" a su colega del PLC, advirtiendo que ningún "magistrado matón" impedirá que continúen en sus cargos, y que "no le tengo miedo a un matón". Por su parte, luego de ser pospuesta la sesión de la Sala de lo Penal, Cuadra declaró a los periodistas que Rivera inicialmente les reconoció en el cargo al firmar el acta que dio comienzo a la audiencia pública de este lunes, y que cometió un error en plantear esa carta desconociéndoles en sus cargos, pues la debió presentar a lo interno de la sala. Cuadra ratificó que igual que Solís continuarán en el ejercicio de sus funciones en la CSJ y las diversas salas, que presiden o son miembros, por la validez del inciso 2 del artículo 201 de la Constitución vigente y por el Decreto Ejecutivo 03-2010, del presidente Daniel Ortega.

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