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Cinco «perdidos» presentan recurso de amparo contra Decreto Ejecutivo 03-2010

Managua. Radio La Primerísima. | 13 de Abril de 2010 a las 00:00
Un ex militar fanático de salir en los medios de comunicación y por tanto declarado opositor al Gobierno, así como otros tres "abogados" y quien vela por la comisión de derechos humanos del coronel Juan Abelardo Mata, obispo de Estelí, presentaron este martes un recurso de amparo en contra del Decreto Presidencial que extiende la vigencia en sus cargos a funcionarios hasta que elija la Asamblea Nacional. Los recurrentes son el ex coronel retirado Víctor Boitano, Jaime Chavarría, Lulio Marenco y Gustavo García Prado, los tres definidos como "abogados", y Marcos Carmona, secretario Ejecutivo de la ONG Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), según informaron este martes medios de prensa. En su escrito, los recurrentes piden "amparo" ante el Decreto Presidencial 03-2010, al que califican de "inconstitucional", por lo que "debe ser anulado", ya que extiende el período de unos 22 funcionarios a quienes su período venció a partir de la vigencia de ese decreto, en enero de este año, hasta que el Poder Legislativo los confirme en el puesto o elija a sus sustitutos. Boitano, Chavarría, Marenco, García Prado y Carmona señalan en su escrito directamente a los magistrados sandinistas Rafael Solís Cerda y Armengol Cuadra López, quienes continúan en sus cargos cobijados por el decreto de Ortega, aunque se les venció su período la medianoche del pasado domingo. Los recurrentes, --sabiendo como presuntos abogados conocedores de las leyes-- que ya venció el período para haber recurrido el Decreto Presidencial por inconstitucionalidad, al parecer sólo buscan atraer las cámaras de televisión y los micrófonos radiales, porque deberán demostrar en su escrito cómo los afecta en lo personal la extensión del período de Solís Cerda y Cuadra López, para que se les brinde "amparo", de lo contrario ese escrito será rechazado. El decreto del presidente Daniel Ortega, en vigencia desde inicios de enero de este año, también cubre a otros 23 magistrados del Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Bancos y de la misma Corte a quienes se les vence el período de funciones en los próximos días y semanas. Ortega emitió el decreto como una "obligación constitucional" para impedir que los diversos poderes del Estado queden acéfalos, y precisó en esa ley que la misma tendrá vigencia "hasta que la Asamblea Nacional cumpla con su deber constitucional" de confirmar a esos altos cargos o confirmar a los actuales. Cuando el mandatario sandinista emitió ese decreto, la Procuraduría para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos estaba acéfala, luego la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, cuto titular permanece en el cargo porque es la única institución cuya Ley Orgánica lo manda, mientras no sea reelecto en el puesto o elijan a un sucesor. La emisión de ese decreto por parte de Ortega "desarmó" a la oposición liberal, que se quedó sin argumentos para forzar una negociación de esos cargos en los que leven ventaja, por lo que su reacción ha sido boicotear las sesiones del Parlamento, hasta que se apruebe una ley que lo deroga porque lo consideran inconstitucional, pero no tienen los 47 votos necesarios para esa votación.

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