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Rosales detalla legalidad de fallos contra los diputados

Managua. Radio La Primerísima. | 13 de Mayo de 2010 a las 00:00
Mientras el diputado liberal José Pallais Arana reiteraba en el Canal 100% Noticias el uso de la vulgaridad pura en su reto a que lleguen a echarlo preso a la Asamblea Nacional, por su desacato a un fallo judicial, el presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, detallaba las bases jurídicas de la resolución. Rosales compareció este jueves ante el Canal 12, donde explicó que el fallo de ayer miércoles de la sala que preside, simplemente "radicó" el recurso de amparo que presentó el diputado sandinista Edwin Castro en contra de la reunión de los diputados liberales en un hotel capitalino, resolución que recuerda además la pérdida de la inmunidad ante la comisión de flagrante delito. Señaló que convocó a todos los magistrados de la Sala Constitucional incluidos los liberales Iván Escobar Fornos y Sergio Cuarezma, quienes le enviaron una "carta protesta", razonando su voto para no participar, por lo que hizo quórum con sus colegas sandinistas Ligia Molina y Rafael Solís, ya que el liberal Dámisis Sirias no asiste al Poder Judicial. Despejó claramente que la Sala, compuesta por seis magistrados, pero en este caso sólo por cinco, con tres se pueden emitir resoluciones, dado que son mayoría, Rosales también rebatió los argumentos de los liberales de que se incurre en ilegalidad cuando se incorporan a otros magistrados, lo que no fue el caso, citando la incorporación (años atrás) del propio padre del diputado Pallais Arana y del magistrado Escobar Fornos. El magistrado sandinista indicó que radicaron el recurso de amparo de Castro, que era "virtualmente de mero trámite", por lo que establece la Ley de Amparo, la que además establece un plazo fatal de 60 días para que esa instancia se pronuncie, so pena de multas en los salarios de los magistrados que la integran y otras sanciones. Respecto a la pérdida de inmunidad de los diputados, Rosales dijo que la Sala no ha "condenado", ni "juzgado" sin el debido proceso a ningún diputado, tan sólo les advierte, que además de ésta resolución, existe otro fallo, cuando se radicó el "recurso de competencia entre poderes" de la diputada sandinista Alba Palacios, que les ordena abstenerse de seguir conociendo la derogación del Decreto Presidencial 03-2010. El magistrado Rosales indicó que toda persona que goza del privilegio de la inmunidad, lo pierde cuando es sorprendido en la comisión de un delito, por lo que giró notificación de esa resolución al presidente Daniel Ortega, al Fiscal General Julio Centeno Gómez, y a la primer comisionada Aminta Granera, directora general de la Policía Nacional, "para lo que les compete". Igual desarticuló los alegatos de su colega liberal Sergio Cuarezma, sobre la supuesta ilegalidad de la Sala Constitucional cuando radicó el recurso de Alba Palacios, porque la magistrada Ligia Molina estaba de vacaciones o de permiso, señalando la jurisprudencia existente desde 1970, en la que se fija el derecho del magistrado de tomar esas vacaciones o permiso o renunciar a eso. Por su lado, Pallais Arana desproticó contra la Sala Constitucional acusándola de hacerles "un juicio sumario, sumarísimo" a los diputados liberales y haberlos amenazado de echarlos presos, sin derecho a la defensa en contra de todo ordenamiento jurídico, etc., haciendo caso omiso al contenido de la resolución, sólo halando agua para su molino. En los mismos términos se expresó este jueves el primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, quien acuerpado por Pallas Arana, el primer vicepresidente del Parlamento, Óscar Moncada, y el jefe de bancada del Movimiento Vamos con Eduardo, Adolfo Martínez Cole, pidió que los echaran preso, para convertirse en los primeros presos políticos, lo que sería un orgullo. Navarro dijo que los diputados liberales "desconocerán" toda resolución de la Corte Suprema de Justicia en la que participen "seudo-magistrados, abogados a los que ya se les venció el período", pese a que ellos como diputados no han logrado aún derogar el Decreto Presidencial 03-2010, por lo que sigue vigente. Aseguró que ni con la cárcel ni con ninguna amenaza los diputados liberales van a desistir en su intento de derogar el Decreto 03-2010, y juró hasta con los dedos de los pies que no reelegirán" a ninguno de los actuales funcionarios, que han acatado el decreto vigente. El conflicto tiene su origen en el empeño de los diputados liberales de derogar el decreto de Ortega, que prorrogó el período de más de 22 funcionarios de diversos poderes del Estado a los que se les venció o vencía su plazo en los cargos, hasta que la Asamblea Nacional los ratifique o elija a otros nuevos en esos puestos, con lo que se desbarató el objetivo liberal de crear un caos en el país.

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