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BID exige normas internacionales al Gobierno por campaña de un periódico

Managua. La Voz.com. | 2 de Septiembre de 2010 a las 00:00
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) manifestó este jueves su interés en que una nueva Ley de Contrataciones del Estado nicaragüense "sea consistente con las mejores prácticas internacionales". Un diario opositor local mantiene una fuerte campaña en contra del dictamen de esa ley, aduciendo que en su contenido se deja las "puertas abiertas" y sin control al gobierno, en el tema de las contrataciones del Estado, dado que no permite la observación de ello de la Contraloría General de la República. El periódico de marras omite explicaciones de los diputados en que en esa ley no se puede establecer la observación previa del ente fiscalizador en cada una de las contrataciones del Estado, porque sería "implicarlo" de antemano en las decisiones, cuya transparencia debe verificar después. La aclaración del BID surgió a raíz de algunos temores expresados por economistas ligados a la oposición de que el gobierno del presidente Daniel Ortega pueda dejar puertas abiertas para actos de corrupción en un proyecto de Ley sobre la materia que deberá ser debatido en la Asamblea Nacional (legislativo). El BID dijo en una nota de prensa enviada a AP este jueves que cuando conoció sobre el proyecto de Ley por medios no oficiales, expresó al gobierno por escrito que su "mayor interés es que sea consistente con las mejores prácticas internacionales". El BID agregó que "lo que está en cuestión" no es la aprobación de la Ley, "sino que se apliquen las mejores prácticas internacionales" y que su opinión al respecto "será en esa dirección". La aprobación de dicha Ley es una de las condiciones para que el BID desembolse 42,5 millones de dólares en concepto de Préstamos en Apoyo de Reformas de Políticas (Policy Based Loan -PBL-). Dice sin embargo que "oficialmente no ha recibido el texto del nuevo anteproyecto de Ley". La oposición ha criticado al gobierno de asignar proyectos de construcción a algunas empresas violando la actual ley de contrataciones del Estado que exige licitaciones públicas.

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