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Líderes políticos y empresariales piden cambios a leyes migratorias

Denver. EFE. | 28 de Octubre de 2011 a las 00:00
El actual sistema migratorio y la constante intervención de agencias federales impide el normal desarrollo de negocios, lo que perjudica a la economía, afirmaron empresarios y dirigentes reunidos en la capital de Utah. “La incapacidad del Congreso (federal) para resolver el problema migratorio ha causado problemas para los negocios en Utah y en otros estados, y los problemas se acentúan para aquellas empresas que buscan trabajadores altamente calificados o, en el otro extremo, trabajadores manuales”, dijo Natalie Gochnour, representante de la Salt Lake City Chamber. “El problema se resolvería al aprobarse e implementarse un programa de trabajadores huéspedes. Ese programa facilitaría el crecimiento de la economía, porque responde a la cambiante dinámica de la fuerza laboral”, agregó. Gochnour fue una de las participantes en la llamada Reunión Cumbre sobre Inmigración en las Montañas del Oeste, convocada por el fiscal general de Utah, Mark Shurtleff, con la meta de “examinar el tema de la inmigración tanto legal como ilegal a nivel estatal y el efecto que los programas y políticas nacionales tienen cuando se implementan a nivel local”. Según Gochnour, el mensaje central de los políticos, empresarios y dirigentes reunidos en un hotel del centro de Utah es que “el debate sobre inmigración no es un debate sobre cómo repartir mejor el pastel, sino un debate sobre de qué manera inmigración permite que crezca ese pastel”. “Las actuales leyes migratorias, al interferir con los negocios, elevan el costo de hacer negocios y por lo tanto perjudican a la economía”, dijo Gochnour. Warren Klug, de la Aspen Chamber Resort Association (en Colorado), expresó que el impacto de las leyes inmigratorias se siente no sólo entre los pequeños o grandes negocios en las ciudades, sino también en las granjas en zonas rurales y en los hoteles y restaurantes en las áreas turísticas. Sin embargo, dijo, las actuales leyes migratorias no tienen en cuenta que debido a cambios generacionales los estadounidenses que antes realizaban trabajos de granja o de hostelería, como por ejemplo jóvenes estudiantes, ya no quieren realizar esos trabajos. “La fuerza laboral cambió. No se trata sólo de un tema económico. Es ante todo un cambio cultural”, indicó. Aunque la mayoría de los participantes provienen de Utah, Colorado, Idaho y Wyoming, la reunión también incluyó a representantes de otros estados y de Washington D.C. Los oradores centrales fueron el alcalde Paul Bridges, de Uvalda, Georgia, y el columnista Ruben Navarrete. Bridges habló sobre el impacto negativo que las nuevas leyes antiinmigrantes aprobadas en Georgia y otros estados de esa región han tenido en la economía local. Navarrete compartió sus puntos de vista sobre inmigración en el oeste del país y a nivel nacional. En noviembre del 2010, tras varios meses de negociaciones, dirigentes políticos, empresariales y religiosos de Utah firmaron el llamado “Acuerdo Inmigratorio de Utah” que impulsaba cinco principios para resolver el problema inmigratorio: soluciones federales, cumplimiento de la ley, no separación de las familias, mercados libres e integración social de los inmigrantes. La reunión de hoy fue la continuación de aquel diálogo, aunque con la meta de consensuar una estrategia local aunque aún no exista una nacional. El encuentro se concentró en tres temas: economía, seguridad y religión. En cuanto a economía, los participantes analizaron la importancia presente y futura a nivel regional que los inmigrantes tienen en distintas industrias. El debate sobre seguridad se enfocó en las relaciones entre inmigrantes y las fuerzas del orden. Y los representantes de grupos religiosos hablaron de cómo la llegada de los inmigrantes ha hecho crecer las congregaciones y transformado varias comunidades de fe. Uno de los temas de discusión fue la ley estatal HB497, aprobada este año por la legislatura de Utah, que establece un programa para trabajadores extranjeros temporales, pero que también autoriza a que la policía local asuma algunas funciones migratorias. La ley aún no entró en vigor debido a una demanda presentada por el National Immigration Law Center y por la Unión de Libertades Civiles de EE.UU (ACLU). Entre los grupos que participaron figuran la Cámara de Comercio de Salt Lake City, la Salt Lake Downtown Alliance, la Asociación de Iglesia de Wyoming, la Coalición Empresarial de Idaho para la Reforma Inmigratoria, las empresas Western Union y Melaleuca, el obispo John Charles Wester y representantes del Sutherland Institute y del National Immigration Forum.

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