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Ven en los ilegales la situación de los negros en los 60

Montgomery. Agencia AP. | 30 de Octubre de 2011 a las 00:00
El epicentro de la lucha por la reforma a la ley de inmigración de EE.UU. no está en Arizona, que tiene frontera con México, sino en Alabama. Este factor ha hecho que la ley más dura contra la inmigración de personas que carecen de los correspondientes permisos para residir en ese país esté siendo comparada con el movimiento por los derechos civiles que hace más de cuatro décadas protagonizó la población estadounidense de origen africano en ese estado. Casi con seguridad la nueva ley terminará en la Corte Suprema de Estados Unidos, pese a que Arizona, Georgia, Indiana, Utah y Carolina del Sur han aprobado leyes similares. Tanto detractores como simpatizantes de la nueva legislación coinciden en que ninguna de las otras leyes estatales es tan estricta como la de Alabama, bloqueada temporalmente, que exige que las escuelas comprueben si sus estudiantes cumplen con la ley migratoria. Los partidarios de esta ley consideran necesaria esta cláusula, alegando que impedirá que los ilegales le quiten puestos de trabajo a los residentes legales. "Realmente le ofrece a la Corte Suprema una amplitud enorme para remodelar lo que significa ser un inmigrante (sin permiso de residencia) en Estados Unidos", dijo el abogado Foster Maer, que representa a la organización activista LatinoJustice, que impugnó judicialmente la ley. Los que se oponen sostienen que el requisito escolar de la nueva ley recuerda los tiempos del gobernador George Wallace parado a la entrada de una escuela para evitar la entrada de estadounidenses negros. Aunque no hay estadísticas fiables, las escuelas aseguran que disminuyó el número de estudiantes hispanos en clases. En algunos casos hasta 10% prefirió desertar de las escuelas desde que la ley entró en vigencia hace un mes. Inmigrantes ilegales entrevistados afirman que sus hijos fueron amedrentados y conminados a regresar a México, mientras que otros temen ser detenidos y deportados. El procurador general de Alabama, Luther Strange, culpa al Departamento de Justicia del presidente Barack Obama de alentar las comparaciones con el movimiento de los derechos civiles al pronosticar que la ley dará pie a una discriminación generalizada y el encasillamiento racial en la Alabama de otrora.

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