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México apoya demandas contra ley antiinmigrantes de EU

Columbia. TeleSUR. | 9 de Noviembre de 2011 a las 00:00
El Gobierno de México presentó un escrito llamado “Amigo de la Corte” en apoyo a las demandas impuestas por organizaciones de la sociedad civil en contra de la ley S 20 en Carolina del Sur, promulgada en junio pasado. Para los mexicanos, la normativa es discriminatoria y afectará los derechos civiles de las personas que vivan o residan en esa ciudad estadounidense. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que el escrito fue presentado este martes ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Carolina del Sur. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, México también apoya las denuncias hechas por la administración de Estados Unidos en contra de la normativa. En el texto, México denuncia que la ley S 20, promulgada el pasado 27 de junio, contiene disposiciones que criminalizan la migración. La administración mexicana señaló que la norma discriminatoria “puede tener aplicación selectiva y afectar los derechos civiles de las personas que residen o visitan Carolina del Sur”. Por esta razón, el Gobierno de Felipe Calderón “continuará desplegando todas las medidas necesarias y acudirá a todas las instancias a su alcance, para proteger los derechos fundamentales de los mexicanos que residen en el exterior, sin importar su calidad migratoria”, indicó la Cancillería mexicana. El escrito “Amigo de la Corte” está firmado también por los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay , República Dominicana y Perú, a quienes el Ejecutivo mexicano expresó su reconocimiento por haberse sumado a su iniciativa. La ley S 20 requeriría que agentes del orden público que realicen una detención vial llamen a funcionarios federales de inmigración si sospechan que alguien está en el país sin permiso. Quienes se oponen a la ley la califican como “alentadora de la caracterización racial”. El fiscal federal en Carolina del Sur, Bill Nettles dijo que la ley viola el derecho de las personas a un debido proceso y es inconstitucional. El Departamento de Justicia está impugnando leyes similares en Alabama (sureste) y Arizona (sur). Asimismo, está revisando las de Utah (oeste), Indiana (noreste) y Georgia (sureste). La dependencia federal argumentó que las leyes estatales desvían recursos de esfuerzos para combatir terrorismo, contrabando de drogas y actividad de pandillas, y ocasionará acoso y detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales o ciudadanos estadounidenses que no puedan de inmediato demostrar su estatus legal.

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