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La Generalitat cambia discurso y afirma regularizará a inmigrantes desalojados del Poblenou

Barcelona. Agencias. | 14 de Agosto de 2013 a las 15:55

El director general de Inmigración de la Generalitat, Xavier Bosch, ha admitido este miércoles que "la vulnerabilidad social y el arraigo en el país" de los desalojados del barrio barcelonés del Poblenou pueden permitir la concesión de un permiso de residencia temporal según la ley, tras una reunión de hora y media con la Asamblea Solidaria contra los Desalojos en la sede de la Dirección General de Inmigración.

La semana pasada esta entidad hizo público que la Generalitat había denegado el arraigo a varios desalojados del asentamiento de la calle Puigcerdà, hasta entonces el mayor de Barcelona.

La Conselleria de Bienestar Social y Familia recibió 8 solicitudes de arraigo -documentación imprescindible para la obtención del permiso de residencia temporal- y ninguna de ellas logró un informe favorable, siendo la principal causa de denegación la falta de un contrato laboral.

Para la Asamblea, las administraciones "están jugando con la esperanza, el tiempo y el dinero que cuestan algunos trámites, de estas personas", al no agilizar la regularización al máximo, como prometió el Ayuntamiento antes del desalojo policial.

Ahora los afectados pasarán un nuevo test de arraigo, aunque esta vez será singularizado debido a su situación particular y debería agilizar los trámites para que encuentren vivienda estable -no pueden alquilar ningún piso sin el permiso de residencia ni contrato-. En declaraciones a los medios, Bosch ha afirmado que pedirá a la Subdelegación del Gobierno central que aplique la Disposición Adicional Primera del reglamento de la Ley de Extranjería, que contempla siete circunstancias "excepcionales" que permiten la concesión de la residencia temporal, como el arraigo social.

La Generalitat tratará este mismo miércoles con el Ayuntamiento la elaboración de uno o dos informes que justifiquen la vulnerabilidad social y el arraigo de los desalojados de las naves de las calles Puigcerdà y Pere IV, aunque ha recalcado que "la última palabra la tiene el Estado español". Pese a que la competencia última pertenece a la Subdelegación del Gobierno, ésta raramente contradice el informe emitido por la Generalitat.

Odisea burocrática

La regularización supone para los desalojados un auténtico periplo burocrático, que además se ha complicado por la denegación inicial de la Generalitat. Según el nuevo acuerdo, los servicios sociales del ayuntamiento de Barcelona harán un informe de vulnerabilidad individual a los afectados para intentar destrabar la situación. Estos informes serían aceptados por la Generalitat, según ha prometido este miércoles Xavier Bosch, y entonces los inmigrantes deberán presentarlos individualmente en la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, según ha informado a Efe la Portavoz de la Asamblea Solidaria Contra los Desalojos (ASCD), Carlota Falgueras.

El consistorio impulsó a finales de julio a instancias del alcalde, Xavier Trias (CiU), "un procedimiento extraordinario" con los asentados, recomendando la obtención del arraigo social, en entre 24 y 48 horas pese a incumplirse algún requisito, pero la potestad para otorgarlo es de la Subdelegación del Gobierno. Bosch ha asegurado que se contactará con las ocho personas afectadas para que pidan el nuevo informe que realizarán y que tiene como objetivo "facilitar al máximo" los trámites para la obtención de la residencia temporal.

Una de las integrantes de la Asamblea Solidaria contra los Desalojos, Montse Milà, ha explicado después del encuentro que están ayudando a los desalojados a obtener la documentación necesaria para solicitar el arraigo y que, aunque hasta el momento solo lo han pedido ocho personas, podrían solicitarlo cerca de 300.

Ha agradecido que la Generalitat ponga los medios necesarios para "desencallar el tema" y ha afirmado que la situación tiene que resolverse, ya que la mayoría de los desalojados no tiene medio de vida, porque se dedicaban a la recogida de chatarra.

Concentración

Durante la reunión, una cincuentena de desalojados y miembros de la asamblea se han concentrado ante la Dirección General de Inmigración, para apoyar la "lucha por el derecho a una vida digna". Con lemas como 'Menos promesas y más soluciones', los concentrados han acusado al Ayuntamiento de incumplir los acuerdos con los habitantes de los asentamientos, con los que se comprometía a agilizar la regularización de los desalojados el 24 de julio.

En declaraciones a los medios, Ibrahima Seydi, que habitaba en la nave de la calle Puigcerdà, ha asegurado que les prometieron el arraigo sin contrato laboral y ha acusado al consistorio de creer que los desalojados son "ignorantes".


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