Escúchenos en línea

Migrantes en EEUU solo quieren trabajar

Washington. Por David Moreno. | 22 de Agosto de 2013 a las 13:47

De acuerdo a un informe del Programa de Defensa e Incidencia Binacional (PDIB), de 866 personas entrevistadas entre 2011 y 2012, casi el 52% reportaron haber sufrido una o más violaciones a sus derechos fundamentales.

El trabajo clasifica los abusos en cuatro categorías: dentro de los centros de detención, durante el proceso de repatriación, por medio de separación familiar y violaciones a los derechos humanos en el lado mexicano.

Moisés tenía 19 años cuando intentó cruzar la frontera hacia los Estados Unidos por La Sierrita, un pueblo del estado de Sonora.

Cuando se dio cuenta de que lo perseguían los oficiales de la Patrulla Fronteriza, corrió de regreso hacia el lado mexicano para evitar que lo alcanzaran.

Alrededor de 10 oficiales y un helicóptero lo siguieron hasta detenerlo con insultos, puñetazos y patadas.

Mientras estaba arrodillado con las manos en la nuca, un oficial le pateó la espalda y luego el rostro. Después lo puso boca abajo y lo mantuvo sujeto contra el suelo poniéndole una rodilla en la cabeza, con tanta fuerza que Moisés sentía que le iba a estallar.

"Es un abuso de autoridad, no deberían tomar tales medidas, no somos criminales sólo queremos trabajar".

Anahí fue detenida junto a su novio en una redada a la estación de autobuses "Los Paisanos", y la obligaron a bajar del autobús aún cuando ya iba de regreso a México.

Le retuvieron sus maletas y todas sus pertenencias, las cuales no le fueron devueltas cuando fue liberada.

Durante su estancia en el centro de detención de El Paso, los oficiales del centro se burlaban de ella, la acosaba diariamente y alentaban a los demás detenidos a molestarla, debido a que Anahí es una mujer transgénero.

"Agárrala y vayan tras ella" y "báñala, no ves que es mujer" le decían los oficiales a los demás internos para que se sumaran al acoso.

"Me la pasaba llorando de tristeza y coraje por todas las burlas y acoso de los oficiales y otros detenidos, me sentía muy deprimida y sola".

En los centros de detención es donde se presenta el mayor número de violaciones a los derechos de los migrantes, principalmente en los de Arizona, estado conocido por sus leyes de repudio a la población migrante.

La falta de privacidad en los sanitarios, la imposibilidad de poner quejas y la no devolución de las pertenencias son las principales faltas reportadas, pero también se registra la cantidad insuficiente de alimentación y la mala calidad de la comida.

Migrantes expresan que la comida en los centros de detención se reduce a porciones muy pequeñas de jugos, galletas, burritos y hamburguesas, que en ocasiones les son ofrecidas en estado de descomposición o congeladas.

"A mí me dijeron que sólo iba a firmar las huellas que me habían tomado y que era mexicana, nunca me dijeron que era la deportación... yo no hablo inglés y el papel estaba en inglés, nunca se me dijo que tenía derechos", cuenta Mireya al explicar cómo fue su proceso de deportación.

Pocos meses antes de su aprehensión fue detenida en dos ocasiones por motivos de tránsito, y en ambas le permitieron regresar a casa tras dejar sus datos personales y huellas dactilares.

Una mañana agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tocaron a su puerta afirmando que sólo le querían hacer algunas preguntas y que todo el vecindario estaba cooperando. Cuando abrió la puerta uno de los agentes le dijo que estaba arrestada y que "no tenía derecho a nada".

Mireya y su esposo fueron llevados a las oficinas del ICE en Phoenix, donde le dijeron que no podía ver a un juez ni a un abogado y le extendió unos papeles en inglés para que los firmara.

En un principio Mireya se negó a firmar, pero la agente insistió y le dijo que no se trataba de su deportación, por lo que finalmente puso su firma en los papeles.

Días después fue trasladada de un centro de detención a otro para después ser repatriada a México por Agua Prieta, Sonora, sin saber nunca dónde se encontraba, pues no se le informó a ella ni a su familia.

Una de las principales y más graves violaciones a los derechos civiles de los migrantes durante el proceso de deportación es la falta de copia de la resolución migratoria.

Los migrantes desconocen cuál es su situación jurídica en los Estados Unidos y no saben si su expulsión fue una salida voluntaria, deportación, remoción estipulada o expedita. Esto aunado a que muchos no saben hablar ni leer en inglés, y desconocen lo que están firmando, coaccionados y amenazados por el personal de las oficinas de inmigración.

En muchos casos tampoco se les informa a dónde serán trasladados ni dónde será su repatriación, por lo que llegan a México a lugares que desconocen por completo.

Gabriel tiene 40 años y llegó a Estados Unidos muy joven, donde ya tiene una familia.

Por colaborar con las autoridades en la captura de criminales es candidato a una visa de tipo U. Como el trámite es muy largo, y tras estar 8 meses en detención, Gabriel decidió regresar a México para esperar la resolución de su visa.

En Ciudad Juárez, no contar con acta de nacimiento ni credencial de elector le trajo muchos problemas, pues ha sido detenido en dos ocasiones por supuestas faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.

En su segunda detención fue interceptado cuando estaba cenando por oficiales de la Policía Municipal, que le pidieron su identificación, y tras registrarlo trataron de quitarle sus celulares.

Cuando Gabriel se negó a que le quitaran sus pertenencias los policías lo subieron a la patrulla, lo llevaron a un lugar baldío y lo golpearon, para después subirlo de nuevo y mantenerlo allí por horas, haciendo recorridos hasta las 2:00 de la madrugada.

Lo llevaron a la cárcel y junto a otras personas lo presentaron por supuestamente haber participado en una riña.

En la barandilla llamó al Centro de Derechos Humanos del Migrante, quienes acudieron acompañados de dos visitadores de la Comisión de Derechos Humanos, quienes hablaron con el juez encargado, que se negó a dejarlo salir.

Para fortuna de Gabriel se encontraba en la barandilla Julián Leyzaola, el secretario de Seguridad de la Ciudad, quien accedió a escucharlo.

El secretario leyó el informe de los oficiales que aprehendieron a Gabriel y señaló que a esa unidad no le correspondía vigila esa área, por lo que serían despedidos y se interpondría una denuncia en su contra, pues no portar identificación no es motivo de arresto.

El informe señala que los datos y testimonios "ilustran cómo dos gobiernos vecinos parecen cómplices en la creación de una profunda crisis humanitaria", donde de un lado de la frontera los migrantes se enfrentan a un sistema que se enfoca en la aplicación de la fuerza, mientras que del otro existe un clima de violencia por el crimen organizado y un gobierno mexicano incapaz de detener la corrupción de sus instituciones.


Descarga la aplicación

en google play en google play