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Rechazan licencias a participantes de programas de la acción diferida

Phoenix. Agencias. | 19 de Septiembre de 2013 a las 16:18

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer eligió dejar de emitir licencias de conducir a algunas víctimas de la violencia doméstica que han sido otorgadas permiso del gobierno estadounidense a permanecer en el país, en vez de ofrecer el mismo privilegio a los llamados "soñadores".

La nueva política del Departamento de Transporte del estado (ADOT), la cual nunca se dio a conocer al público en general, anula de forma unilateral la práctica de mucho tiempo de emitir licencias a personas que se han inscrito en programas de acción diferida, aunque se encuentran en el país ilegalmente.

Y la política aplica específicamente a víctimas de la violencia doméstica, de quienes el Departamento de la Seguridad Nacional ha dicho que pueden permanecer aquí.

Karen Tumlin, abogada por el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, calificó como "absurda" la nueva medida.

"Desafortunadamente, el estado de Arizona, en su deseo miope a discriminar en contra 'los soñadores', contra los inmigrantes jovenes, se ha enfocado también en los (las) sobrevivientes de la violencia doméstica", dijo

Tumlin también describió como "contra la mujer" la nueva política.

"Una mujer que intenta huir de su abusador doméstico ya no puede obtener un automóvil en Arizona para hacerlo", dijo. Agregó Tumlin que la ley de protección contra la violencia doméstica (conocida por sus siglas en inglés VAWA) permite que funcionarios de inmigración de los Estados Unidos asignen a tales víctimas que se encuentran en el país ilegalmente, a programas de acción diferida.

Alessandra Soler, directora ejecutiva la Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos, calificó la nueva medida del estado como "claramente vengativa y motivada políticamente".

Refiriéndose a la gobernadora, agregó Soler: "Realmente esto demuestra su ánimo hacia 'soñadores' y su intento de castigar a otros grupos de inmigrantes".

En lugar de ofrecer un comentario de parte de Brewer, el vocero para la gobernadora Andrew Wilder emitió un comunicado que aseguró que el cambio de política afecta a solamente aquellas personas "que no puedan demostrar una presencia autorizada bajo la ley federal".

La batalla legal resulta de la previa decisión del gobierno del Presidente Barack Obama de no deportar a algunas personas llevadas ilegalmente a este país como niños. Dichas personas serán permitidas a permanecer por hasta dos años –permiso que se puede renovar– by pueden ser emitidas documentos que las permiten trabajar mientras se encuentran aquí.

Alrededor de 1.4 millones de personas entre toda la nación pueden calificarse para la acción diferida, entre ellas 80,000 en Arizona.

Sin embargo el Departamento de Transporte de Arizona, en base de instrucciones de la gobernadora, ha rehusado emitir licencias a cualquier persona inscrita en un programa de acción diferida.


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