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Alguacil Arpaio sufre revés tras fallo de juez en los EEUU

Phoenix. Agencias. | 30 de Septiembre de 2013 a las 16:12

Un juez federal de los Estados Unidos prohibió que el condado más poblado de Arizona aplique una política que permitiría a las personas que pagaron para entrar ilegalmente en ese país ser acusadas como cómplices del contrabando de migrantes.

El fallo del juez Robert Broomfield adujo que la interpretación del condado de Maricopa de una ley estatal del año 2005 no puede ser aplicada por el jefe de policía Joe Arpaio ni los fiscales del condado debido a que entra en conflicto con la ley federal.

El judicial señaló que la política penaliza acciones que la ley federal trata como una cuestión civil.

"Es difícil imaginar un conflicto más flagrante que ese", dijo el pasado viernes en su fallo de 60 páginas.

Los asesores legales de los activistas y otros que objetaron la ley no respondieron inmediatamente los pedidos de declaraciones. Pero Peter Schey, un abogado de los activistas, expresó en una declaración que "es de esperar que el fallo ponga fin a una política malintencionada y miope que ha perjudicado gravemente a un gran número de inmigrantes durante los últimos años de manera totalmente inconstitucional".

El abogado del condado estudiaba el fallo y no formuló ningún comentario por el momento, afirmó por su lado el vocero Jerry Cobb.

El fallo del juez Broomfield es el más reciente en una serie de restricciones impuestas por los tribunales de los Estados Unidos y por el gobierno federal a los esfuerzos del alguacil Arpaio por combatir la inmigración ilegal.

Se considera que el 75 % de las aproximadamente 1.800 personas acusadas según la ley del condado de Maricopa hasta junio del 2011 enfrentaban cargos de complicidad para ingresar furtivamente en la Unión Americana.

Esa situación provocó innumerables quejas de los partidarios de los derechos de los inmigrantes de que el estatuto estaba dirigido a los "coyotes", a menudo violentos y no a sus clientes, y que a esa política se anteponía la ley federal inmigratoria.

Los abogados del condado de Maricopa y el jefe policial Arpaio argumentaron que no había conflicto con la ley federal de los Estados Unidos. Además, destacaron que la ley de Arizona permite que las personas sean acusadas de complicidad, aun cuando no puedan ser condenadas por el delito en sí.

La ley estatal fue aprobada en el año 2005 cuando los legisladores reaccionaron ante la frustración de los votantes porque Arizona era el canal de inmigración ilegal más activo de la nación. Fue la segunda ley inmigratoria importante del estado y le sucedió un estatuto del año 2010 que requirió a la policía aplicar controles inmigratorios en determinados casos e inspiró leyes similares en Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah.

Varias semanas después que la ley estatal entró en vigencia en el mes de agosto del año 2005, el entonces procurador general del condado de Maricopa emitió una opinión legal según la cual los inmigrantes de quienes se sospechara habían empleado coyotes para entrar ilegalmente en el país podían ser acusados como cómplices. El Condado de Maricopa es el único condado del estado que aplica esa interpretación. Los tribunales estatales ratificaron la interpretación legal de Andrew Thomas, pero los críticos continuaron su lucha ante la justicia federal.

La demanda que objetó la política fue rechazada, pero el caso revivió en el mes de julio del año 2010 cuando un tribunal de apelaciones falló que un juez había errado al desestimar organizaciones y contribuyentes que habían objetado la táctica de la fiscalía.

Los impulsadores de la demanda, el llamado Foro Comunitario de Arizona, el grupo Somos América, el ex senador estatal demócrata David Luján de Phoenix y LaDawn Haglund, de la Universidad Estatal de Arizona, no pidieron indemnización monetaria y solicitaron en cambio que el juez declarase inconstitucional la política y que impidiera que la fiscalía y la policía de Arpaio presentaran denuncias de complicidad con base en la ley estatal.

En otro caso ventilado ante la justicia federal estadounidense, un juez falló en mayo que la policía de Arpaio había individualizado sistemáticamente a los hispanos en sus patrullas inmigratorias.


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