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Presidente dominicano da un hilo de esperanza a descendientes de haitianos

Santo Domingo. EFE. | 12 de Octubre de 2013 a las 13:42

El reconocimiento del presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, al "drama humano" que atraviesan miles de descendientes de haitianos en el país, representa un hilo de esperanza para ese segmento de la población, según consideraron este sábado expertos y defensores de derechos humanos.

"No sé si legalmente se ha cometido una injusticia (con la situación de esas personas), pero ahí hay un problema humano que tenemos que resolver", declaraba esta semana el mandatario.

Medina se refería así a un polémico fallo del Tribunal Constitucional (TC) local que a finales de septiembre resolvió que los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en la República Dominicana a partir de 1929 y, por tanto, estén registrados como ciudadanos dominicanos, perderán ese estatus al considerarse que sus padres estaban en el país "en tránsito".

El presidente recibió el pasado martes en su despacho a algunos de los afectados y a activistas de los derechos de los inmigrantes en el país para conocer la realidad de la situación.

El mandatario dijo que se comprometió con ellos a comenzar un proceso de consultas en coordinación con los órganos relacionados con las medidas tomadas.

Para el sociólogo dominicano César Pérez, la posición del jefe de Estado "es un gesto que recoge un sentimiento", si bien señaló que "más que un gesto se requiere de una acción".

"No se trata de que pidan excusas, sino de que se revise y se deje sin efecto una medida que constituye un genocidio civil y que nos sitúa como violadores de derechos humanos", dijo este sábado a Efe.

Además, la resolución "es una medida política" y Medina "podría iniciar acciones para que eso se revise", apostilló.

Para el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, esta decisión es "correcta" e "inteligente" porque se trata, dijo, "de un problema de Estado".

El fallo del TC, que ha provocado un aluvión de opiniones tanto a favor como en contra, fue tomada a raíz de un recurso de revisión de amparo interpuesto por Juliana Deguis Pierre, de 29 años, contra la Junta Central Electoral (JCE) por una sentencia de primera instancia que le negó la cédula de identidad y electoral.

El tribunal argumentó que, conforme al artículo 11.1 de la Constitución dominicana de 1966 (vigente a la fecha de nacimiento de Deguis Pierre), no le corresponde la nacionalidad dominicana y, por tanto, tampoco la cédula de identidad y electoral.

La sentencia, que ha dividido la opinión pública dominicana y ha sido condenado por la ONU y organismos humanitarios, llevó al Gobierno haitiano a convocar al embajador dominicano en Puerto Príncipe y a llamar a consultas a su representante en República Dominicana.

Uno de los últimos organismos en pronunciarse respecto al fallo fue Unicef, que advirtió que la sentencia "puede tener repercusiones devastadoras sobre miles de niños".

El organismo instó al Gobierno dominicano a aprobar, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, un procedimiento que proteja el derecho de todos los niños a adquirir una nacionalidad, "de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del país".

La sentencia puede afectar a unos 250.000 nacidos en la República Dominicana, además, de alrededor de 35.000 hijos de padres de diferentes nacionalidades.

Según datos divulgados hace poco por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en la República Dominicana residen 458.233 haitianos, una cifra inferior al millón que aseguran distintas fuentes.

Algunos sectores han propuesto una ley general de amnistía para los descendientes de extranjeros, una iniciativa que le parece "imposible" al director de Migración, José Ricardo Taveras, porque violaría la Constitución, que establece quienes son dominicanos.

En ese mismo orden se pronunció el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, quien, en declaraciones publicadas este sábado por la prensa, señaló que una amnistía "pueda ser una medida de carácter legislativo que choque con la decisión del Tribunal Constitucional y eso debe evitarse". 


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