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Reforma migratoria y la diáspora peruana

Lima. Agencias. | 29 de Octubre de 2014 a las 10:05

El tema de la Reforma Migratoria en los EE.UU ha alcanzado niveles de crítica a escala global. Desde que el actual mandatario de los EE.UU Barack Obama asumió la presidencia en Enero del 2009 ha sido el mandatario que más ha prometido y el que más ha incumplido.

Prueba de ello, en este periodo ha batido el record de deportaciones comparándolo con el anterior mandatario estadounidense, George W. Bush quien en ocho años deportó la misma exorbitante cantidad de 2 millones de personas.

El actual mandatario no solo superó al ex mandatario sino al monto total de deportaciones registradas en la historia de los EE.UU entre 1892 y 1996. Recordemos que fue en el año ‘96 bajo el gobierno de Bill Clinton donde se aprobó la ley de Reforma Migratoria (LRM) la cual dio pie a las cientos de miles deportaciones que millones de personas sufren hasta el día de hoy.

Según el Instituto de Política Migratoria (MPI) desde que fue implantada la controversial LRM han sido formalmente deportados (“removidos”) más de 4.6 millones de no ciudadanos estadounidenses. De igual forma, él informe sostiene que aproximadamente 3.7 millones de estas deportaciones ocurren a partir de la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2003.

En este universo de desplazamientos sociales nos preguntamos cual sería el registro estadístico de personas provenientes de América Latina y en este marco referencial cual sería la situación de los ciudadanos peruanos.

Según nos detalla MPI inmigrantes provenientes de América Latina tienen la siguiente distribución según número de representatividad: Sur América 21.2 millones, México 11.7 millones, Caribe 3.8 millones y América Central 3.1 millones de personas sumando un total de 39.8 millones de personas según estadísticas al 2011. Estadísticas registradas al 1 de julio de 2012 aproximan la cantidad de inmigrantes hispanos en los EEUU en 53 millones lo cual lo ubicaría como la minoría étnica del país constituyendo un 17% de la población total en los EE.UU. En el 2011 el 65% de personas hispanas en los EE.UU eran de origen mexicano, seguido con el 9.4% de origen puertorriqueño, 3.6% dominicano y 2.3% guatemalteco.

Cabe resaltar que de 10 ciudadanos y ciudadanas del Perú, 7 llegaron a los EE.UU en 1990 o después y que casi el 50% de los peruanos en los EE.UU son ciudadanos norteamericanos. Según Pew Reseach Center el 13% de los peruanos viven en situación de pobreza; el 28% viven sin seguro médico; el 50% son propietarios de casa y el resto viven en alquileres o en servicios de asistencia social. El 60%  de peruanos pueden comunicarse en inglés eficientemente; el 30%  cuentan con diploma de algún colegio de nivel secundario y el 30% cuentan con título universitario bachiller u otro nivel.

Según el Census Bureau del 2011 el estimado de inmigrantes peruanos en los EE.UU ascendió a un total de 556,000. Del total de la población de inmigrantes del Perú la distribución geográfica seria: 30% en el Sur mayormente en Florida 19%; en el Noreste con el 34% de los cuales 14% ubicados en New Jersey; 12% New Jersey (14%); New York (12%) y un 16% viviendo en California.[1] Por otro lado, desde la f=dramática experiencia de deportaciones, los ciudadanos peruanos no han sido indiferentes. En el año 2010 fueron deportados 677 connacionales: 181 reportados por el consulado peruano en Los Ángeles; 134 en Houston y 88 en Washington, entre otros estados. Del mismo modo, en el 2011 hasta el 5 de agosto fueron expulsados 423 peruanos: 97 reportados por el consulado peruano en Houston; 82 en Washington; y 73 en Los Ángeles, más otras jurisdicciones. De igual forma, otras estadísticas indican según el DHS de los Estados Unidos que en el año 2009 un promedio de 1.941 ciudadanas y ciudadanos del Perú  fueron deportados, el 2010, 1,568; el 2011, 1,503; y el 2012, 1074, lo cual hace un total de 6,086 peruanos, sin considerar aquellas personas deportadas en los años 2013 y lo que va del 2014.

El drama de los niños y niñas arrestados. Como es de conocimiento público en lo que va del año fiscal 2014 han sido apresados un promedio de 70.000 niños y niñas provenientes mayormente de países centroamericanos como El Salvador, Honduras, Guatemala y México, según información emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). De acuerdo a versiones emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú entre Octubre 2013 y Agosto 2014 han sido registrados 65 menores detenidos: “61 menores fueron entregados a sus familiares residentes en diversos lugares de Estados Unidos y que cuatro han quedado en custodia en alberguesa cargo de las autoridades competentes en el estado de Texas” (Diario El Comercio, 21 agosto 2014, Lima-Perú). Estos menores deben asistir semanalmente a audiencias en las cuales – en su mayoría – no cuentan con defensa legal asignada por razones de no contar con “presupuesto” para la defensa de los menores, derecho que no es contemplado en la Constitución estadounidense. En su mayoría ciudadanos peruanos adultos y menores ingresan con identidad centroamericana para que en caso de detención puedan ser devueltos a los supuestos países de procedencia y no sufrir encarcelamiento y todo esto en un contexto de negocio multimillonario. El tráfico humano infantil entre fronteras ha hecho posible en el último año fiscal el ingreso aproximado de $300 millones de dólares desde octubre 2013 a septiembre 2013.

Soberanía limitada vs ilimitado abuso. Cualquiera de ustedes, y con justa razón, podría señalar a estas alturas: Cada gobierno tiene el derecho de hacer valer su soberanía fronteriza; esto es cierto, y seguramente debe ser y seguir siendo así, más aún en contextos donde la seguridad nacional es vulnerable. No obstante el derecho a la defensa de la soberanía de los pueblos no es absoluta, hago eco de lo señalado por Amnistía Internacional: “Los Estados tienen el derecho soberano de hacer valer su autoridad sobre sus fronteras. Esto significa que ejercen jurisdicción exclusiva sobre su territorio. Pocos son los ámbitos en que los gobiernos reclaman con más fuerza esta prerrogativa que en lo concerniente a la migración. Sin embargo, la soberanía no es absoluta. En virtud de su soberanía, un Estado puede ejercer jurisdicción exclusiva sobre su territorio... pero la soberanía no es absoluta. El poder soberano no es ilimitado. Aunque los Estados tienen derecho a ejercer su autoridad sobre sus fronteras, también deben respetar las obligaciones jurídicas internacionales que han contraído voluntariamente, incluida la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes. La soberanía no puede esgrimirse como justificación de actos que son ilícitos según el derecho internacional. Un Estado no puede escoger los derechos que desea aplicar. Ha de ejercer sus poderes legítimos de manera responsable y de conformidad con el derecho internacional”. [2]

Desde esta perspectiva, el sistema migratorio de los EEUU – según el presidente Barack Obama – “está roto…”. Nosotros añadiríamos roto y contaminado de iniquidad desde donde los derechos fundamentales de los seres humanos son institucionalmente violados. Por un lado, la mano de obra barata traficada por compañías forma parte de círculos de especulación y tráfico humano a vista y paciencia de autoridades tanto de orden político como policial y por otro lado, el institucionalizado cobro de impuestos a personas así conocidas como “indocumentadas” hace de la violencia institucionalizada una práctica legitimada constitucionalmente en contra de los más preciados fundamentos del derecho internacional.

Documentos para pagar; sin documentos para vivir. Aunque parezca absurdo decirlo, existen personas las cuales consideran que los inmigrantes “indocumentados” “gozan de privilegios” - sin pagar impuestos - por la sencilla razón que no cuentan con el bendito Social Security Number (Número de Seguro Social). Lamentablemente estas personas ignoran la existencia del documento conocido como Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés)[3] el cual faculta a realizar las contribuciones al fisco. Ahora, nos preguntamos, ¿Cómo es posible que personas sin residencia oficial, los cuales no gozan de los beneficios del pago de impuestos y aportes al fondo de pensiones puedan pagar los taxes (impuestos),  más aún vivir en situaciones de deportación perdiéndolo – de esta manera- todo por lo cual pagaron, trabajo, casa y mayor aun perdiendo familias?

Reza el dicho: “hecha la ley, hecha la trampa” y aquí la violación legalizada del derecho internacional. La Constitución de los Estados Unidos en su Enmienda dieciséis (febrero 3, 1913) sostiene: “El Congreso tendrá facultades para establecer y recaudar impuestos sobre los ingresos, sea cual fuere la fuente de que provengan (from whatever source derived), sin prorratearlos entre los diferentes Estados y sin atender a ningún censo o recuento”. Esta salvedad de indiferencia sobre la calidad de la fuente del dinero recaudado abrió las posibilidades de captar dinero así considerado “legal” e “ilegal”. La captación de fondos provenientes de fuentes “ilegales” fue legitimada moralmente en la XVI Enmienda de la Constitución a pesar de la inmoralidad del procedimiento. De acuerdo a lo señalado por Amnistía Internacional – líneas arriba – EEUU viola legalmente los derechos internacionales al considerar su soberanía constitucional como absoluta a pesar de estar reñida con la Declaración Universal del año 1947 en su artículo 13 el cual señala: “(a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de cada Estado. (b) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.

Se estima que en promedio son el 50% de personas indocumentadas las que tributan de forma regular. Estamos hablando de más o menos 5 millones 600 mil indocumentados los cuales superan en pagos de impuestos los 11 mil 229 millones de dólares. Según el Instituto de los Mexicanos en el exterior (2010) solo la población mexicana pago 1 mil 214 millones en impuesto a la renta. El Instituto de Fiscalización y Política Económica (ITEP) señaló que por derechos de propiedad fueron abonados mil 610 millones 599 mil 492 dólares; mientras que por bienes de consumo fueron ocho mil 404 millones 670 mil 400 dólares y la lista de aportaciones de impuestos provenientes de personas sin reconocimiento oficial continua: California 2 mil 734 millones; Texas 1 mil 607 millones de dólares; Nueva York 662 millones de dólares; Illinois 499 millones de dólares; 446 millones de dólares en Nueva Jersey y 433 millones de dólares en Arizona.

Es así como el desconcierto internacional debería tener mayor presencia en este grave desorden social fuente de desgracias personales y colectivas a más de 12 millones de personas en los EE.UU y desde la óptica legal debería de buscarse los medios apropiados para sancionar internacionalmente a los EE.UU por el abuso sistematizado que vienen sufriendo millones de personas las cuales viven permanentemente el drama del estigma conocido como “ilegalidad”. Familias quebradas por la separación, miles de detenciones y arrestos; millones de dólares cobrados por fianzas entre las prisiones de los condados, montos que pueden variar entre $2000-$3500 o más y las oficinas de migraciones $5000-$13000); así como miles de dólares reclutados por el sistema de prisiones privadas quienes cobran alrededor de $166.00 diarios por noche de hospedaje de cada prisionero; etc., etc. Esto se convierte en abuso institucionalizado el cual actúa como procedimiento absoluto en clara violación al derecho internacional y las convenciones de defensa de los Derechos Humanos.

La gallina de los huevos de oro. La corrupción es institucionalizada y ¿este hecho no es acaso internacionalmente sancionable? Usted podrá decirme ahora, el problema no es el del presidente, sino de aquellos senadores republicanos que siguen votando en contra de la Reforma Migratoria y esta opinión sería muy acertada. Entonces, ¿cuál sería la gallina de los huevos de oro? Los monstruos del business del prisiones y cárceles privadas como la Corrections Corporation of America (CCA, 1983) y el Group y Management and Training Corp (GEO) han invertido por lo menos $45 millones de dólares en donaciones electorales en la última década influyendo en las decisiones de los legisladores, según versiones de Associated Press. El sistema de prisiones privadas reciben un promedio de 2 mil 500 millones al año por prisiones obtenidas, ingreso multiplicado con las 400 mil detenciones de personas indocumentadas al año.

Según versiones de Anahí Rubin[4] “CCA posee 66 cárceles con capacidad para 91 mil presos, con ganancias de 1700 millones de dólares, el Grupo Geo por su parte posee 65 prisiones, alberga a 65 mil 700 detenidos y una ganancia anual de 1600 millones de dólares. Además estas empresas cotizan en bolsa, lo que aumentan sus ganancias”. Los principales opositores a la Reforma Migratoria son aquellos que reciben dinero de las corporaciones carcelarias: “Bob Menendez, demócrata de Nueva Jersey, Marco Rubio, republicano de Florida, Charles Shumer, demócrata de Nueva York, Jeff Flake, republicano de Arizona, Dick Durbin, demócrata de Illinois y Michael Bennet, demócrata de Colorado, cada uno recibió donaciones de $5000 (el limite por contribuyente), de CCA, Geo, sus inversionistas y familias. Aunque estas cifras serían superiores. Según Center For Responsive Politics las donaciones a políticos realizadas por CCA ascendería a 1.9 millones de dólares y GEO 2.9 millones entre 2003 y 2012”.[5]

Es así como en este tinglado empresarial la organización clave es la controversial Agencia de Migración y Aduanas (ICE, siglas en inglés) la cual cuenta con millonarios contratos con empresas de prisiones las cuales mueven una tremenda cadena de negocios asociados como es transporte, alimentación, vestimenta, cuidados médicos, etc., y sobrevolando los contratos entre las empresas de prisiones y gobiernos estatales, según el análisis de Public Interest : de 62 contratos investigados entre gobiernos estatales y las compañías privadas el 65% “contiene cláusulas que obligan al Estado a garantizar una ocupación mínima del 80% de las camas, incluso si la criminalidad disminuiría”.[6]

Finalmente, el sentimiento colectivo – respecto a la Reforma Migratoria – es que los hispanos siguen siendo usados electoralmente prometiéndoles una Reforma ilusoria. Remitiéndonos a los hechos, las multitudinarias deportaciones siguen, los encarcelamientos extra judiciales siguen, las detenciones de menores de edad siguen, el cobro de impuestos siguen…la pregunta es ¿hasta cuando seguirá esta flagrante violación a todas las Convenciones en materia de Derechos Humanos? ¿Cuál es la respuesta del Estado peruano en cuanto al encarcelamiento indiscriminado y falta de defensa de cientos de peruanos en calidad de indocumentación? ¿Cuánto cuesta silenciar la censura internacional? ¿Acaso es la misma dinámica internacional en donde el mundo puede censurar inhumanidades como la indocumentación de millones de personas o el bloqueo contra Cuba  y por dos países a favor de tales atrocidades nuestro silencio es comprado? ¿Cuánto cuesta la libertad de gente inocente?

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[1]Ver Paerregaard, Karsten. Peruanos en el Mundo. Una etnología Global de la Migración. Lima: Fondo Editorial. Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013.

[2] Amnistía Internacional. Vivir en las sombras: Una introducción a los derechos humanos de las personas inmigrantes. Septiembre de 2006 (AI: POL 33/006/2006). http://www.amnesty.org/es/library/asset/POL33/006/2006/es/09e1a6ec-d3fe-11dd-8743-d305bea2b2c7/pol330062006es.pdf

[3] El IRS otorga los ITIN a individuos quienes requieren un número de identificación para fines tributarios en los Estados Unidos pero no tienen ni son elegibles para obtener un Número de Seguro Social (SSN) de la Administración del Seguro Social (SSA).

[4] Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=188636

[5]Op. cit Rebelión

[6]Fuente: http://www.telesurtv.net/bloggers/Carceles-privadas-en-Estados-Unidos-un-gran-negocio-20140818-0001.html


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