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Retraso en entrega de viviendas pone en pie de guerra a migrantes en España

Madrid. Agencias. | 15 de Marzo de 2015 a las 13:54

Cuando el guayaquileño Hamilton Valenzuela se enteró de las primeras anomalías en la entrega de viviendas por parte de la inmobiliaria española Promaga decidió dejar de cancelar las cuotas de su casa que compró por cerca de 25.000 dólares, en la urbanización 'La Nueva Gran Ciudad Andalucía', en Durán. Ha abonado el 35 por ciento y está dispuesto a continuar pagando si se solventan los inconvenientes. La empresa solo ha entregado 50 de las 418 casas previstas en 2014.

En torno a 1.200 familias en España, Italia y Estados Unidos estarían afectadas por la falta de liquidez de la firma ibérica. Ayer, decenas de afectados asistieron a un encuentro con los directivos de Promaga en el consulado de Ecuador en Madrid. La reunión, organizada por la Embajada, fue retransmitida en las sedes de las legaciones diplomáticas en Barcelona, Murcia, Valencia, Palma de Mallorca, Alicante y Málaga. Solo en España, la cifra de hogares perjudicados asciende a 631. Hay quienes prefieren que les devuelvan el dinero, a otros les interesa seguir pagando y a un tercer grupo le favorece retrasar aún más la entrega porque al momento se encuentran en paro y no tienen dinero.

Manuel Gaviria, propietario de Promaga, explica que el problema radica porque adquirieron un préstamo con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) por 9 millones de dólares. Pagaron solo 3 millones. La entidad resolvió ejecutar el crédito y les prohibió enajenar. "Se ha fallado porque la tramitación de este expediente financiado por la Fiduciaria Pacífico ha sido muy lento. Se atrasó mucho la recepción de esos fondos. Al prohibirnos escriturar, hemos perdido la posibilidad de cobrar el 70% restante, unos 10 millones de dólares, de casas terminadas y vendidas", asegura.

Gaviria aspira a que en un plazo de 15 días se desbloquee la prohibición de vender los inmuebles, cuyos precios oscilan entre 25.000 y 60.000 dólares.

Promaga empezó a construir en Ecuador a partir de 2010 después de edificar unas 8.000 viviendas en Andalucía, en el sur de España. "Hemos invertido 15 millones de dólares. Los terrenos están pagados. La empresa es solvente, no está en ruina. El BEV nos ha cortado el flujo y nos faltan esos 10 millones para seguir construyendo", insiste Gaviria.

Esteban Melo, asambleísta de Alianza País, señala que en noviembre pasado recibieron las primeras denuncias. Fue en febrero cuando tras recorrer la urbanización se comprobaron las deficiencias. “Esperamos que el problema se solucione por el bien de estas familias pero la Fiscalía ya ha dado paso a la petición para la formulación de cargo por presunta estafa”, declara.

La falta de liquidez no es el único problema. El embajador Miguel Calahorrano reconoce que le ha sorprendido la variedad de documentos de compromiso entre la empresa y el cliente, algunos solo de reserva del inmueble, sin firma y con apenas un sello. La representación diplomática ha redactado un contrato de compra - venta para que Promaga y los migrantes firmen. "Se haría como una escritura pública ya que es el único instrumento válido en caso de reclamación", advierte.

Otro de los acuerdos a los que se llegó ayer en la reunión a la que acudió el fiscal provincial del Guayas, Paúl Ponce, fue el de crear una comisión que viajará a Durán para testificar el estado en el que se encuentran las viviendas.


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