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Víctimas eternas de la lucha migratoria en los EEUU

Washington. Agencias | 16 de Marzo de 2015 a las 11:26

En constante riesgo. Sandra Posadas, hondureña y su esposo, Baudillo Rosas, con sus tres hijos. Baudillo es un jornalero que nos siempre tiene trabajo.

 En el verano de 2012, Martha Cruz, una inmigrante del estado de Tamaulipas, recibió de los médicos la noticia que ningún padre desea escuchar. La vida del mayor de sus tres hijos, Juan Francisco, corría peligro ante la aparición de un cáncer que había hecho metástasis.

"La vida nos cambió. Y la posibilidad de inscribir a nuestro hijo en el Programa de Acción Diferida que había anunciado el presidente Barack Obama pasó a un segundo plano. Lo importante era salvar a nuestro hijo".

Fue así como Juan Francisco, en aquel entonces de 16 años, perdió la oportunidad de inscribirse al Programa de Acción Diferida (DACA) que ofrecía una oportunidad histórica a los hijos de inmigrantes indocumentados que hubieran llegado a Estados Unidos en brazos de sus padres o antes de cumplir los 16 años de edad.

"Mis padres se olvidaron de todo y se concentraron en mi salud. Durante meses estuve hospitalizado y mi madre viajaba todos los días desde Homestead, en donde vivimos, para estar a mi lado en un hospital de Miami, recuerda Juan Francisco, quien hoy se recupera de un tratamiento que poco a poco le ha sacado de la zona de peligro. "Por eso no pude presentar mis papeles para aplicar para el DACA", se lamenta Juan Francisco, quien sigue bajo tratamiento y sueña con convertirse algún día en el mejor chef.

Casi tres años después de ese amargo trance, Martha y su esposo quieren aprovechar las órdenes ejecutivas migratorias que anunció Obama en noviembre para que el tren de los beneficios migratorios que se les fue por culpa de la enfermedad declarada a su hijo, no se les escape por segunda ocasión.

La mala suerte ha querido, sin embargo, que el juez federal de Texas Andrew Hanen se haya cruzado en su camino con una orden judicial para bloquear temporalmente las medidas de alivio que beneficiarían a su hijo Juan Francisco y a ellos mismos por ser padres de otros dos menores de edad que nacieron en Estados Unidos.

"Me entró la rabia y la frustración. Durante meses habíamos preparado todos los papeles para poder aplicar y regularizar nuestra situación. Para evitar que nos separaran como han hecho con miles de familias", aseguró Martha Cruz, una mujer que hace más de 17 años cruzaba la frontera en compañía de su esposo y de su hijo en brazos.

Durante casi dos décadas, Martha y su esposo han trabajado en el campo, en empacadoras y vendiendo comida. "Hemos hecho de todo para salir adelante. Y cuando resultó electo el presidente Barack Obama, nos sentimos muy animados porque creímos que por fin alguien nos haría caso. Que alguien voltearía la mirada a las minorías", aseguró Cruz.

Sus sentimientos hacia Obama son encontrados. Por un lado, él es el mandatario que pasará a la historia por haber deportado, hasta ahora, al mayor número de indocumentados en la historia de Estados Unidos. Pero también es el presidente que se ha atrevido a encarar el poder del hombre blanco y conservador para buscar la legalización de millones de inmigrantes.

En febrero, Martha Cruz acudió a la Universidad Internacional de Florida para participar en un foro con Obama. Lo que escuchó ahí, la dejó esperanzada pero con la convicción de que, "hasta que no veamos que las promesas se convierten en hechos, no podremos cantar victoria". "Tengo mucha fe en que lo conseguiremos", deslizó.

Al igual que su hijo Juan Francisco, Martha Cruz y su esposo, que procrearon otras dos hijas nacidas en Estados Unidos, tienen la esperanza de calificar para el Programa de Acción Diferida que beneficiará a los padres de los llamados Dreamers. El programa conocido como DAPA, fue anunciado por el presidente Obama el pasado 20 de noviembre y beneficia a los padres de hijos que son ciudadanos de EU o que son residentes documentados.

"A pesar de este juez en Texas, tenemos la esperanza de poder calificar para regularizar nuestra situación. Porque la alternativa, es decir, regresar a México, es muy difícil por la situación de violencia que se vive en estados como Michoacán o Tamaulipas, de donde es mi esposo y de donde soy yo".

"Además, mis hijos no conocen otro país más que este. No creo que se pudieran adaptar. Ni que tuvieran las mismas oportunidades para seguir con salud o para tener educación", asegura Martha, mientras lamenta la situación de caos, de violencia y pobreza que sigue castigando a la tierra que dejó casi 20 años atrás.

Algunos de ellos llegaron huyendo de una muerte segura. Otros, escapando del hambre y la pobreza que hoy sirven de acicate para mantenerse contra viento y marea en EU. La llegada de estos inmigrantes a la Unión Americana marcó el fin de una pesadilla, pero también el inicio de otra de carácter menos grave, pero no por ello menos dramática.

La lucha por salir de las sombras, una batalla que han librado en condiciones de desigualdad y de espaldas a un sector de la clase política que considera que legalizarlos es darles una "amnistía", registraba el pasado 20 de noviembre una importante victoria con el anuncio de las órdenes ejecutivas que beneficiarían hasta 5 millones de indocumentados.el destino de 11 millones de indocumentados que lo único que desean es una oportunidad, sin embargo fue frenada por republicanos.

Demasiados años en la clandestinidad

Al igual que Jonathan González y Martha Cruz, el matrimonio de Baudilio Rosas y Sandra Posadas, de Guatemala y Honduras respectivamente, se suma a ese mar de náufragos que intentan encontrar la tabla de salvación de las órdenes ejecutivas firmadas por Obama el pasado mes de noviembre.

"Han sido demasiados años en la sombras. Demasiado tiempo en la angustia. Sin saber qué va a ser de ti y tu familia el día de mañana", asegura Sandra Posadas, una mujer que reza todos los días para que no la separen de su esposo y sus tres hijos.

Desde hace más de 17 años, ambos han experimentado la sensación de vivir en ese mundo de clandestinidad. Sin una fuente de trabajo segura, en un mundo hostil marcado por el racismo y la exclusión y con una descendencia que no conoce otro país más que Estados Unidos.

"Mi esposo es jornalero. A veces tiene trabajo. A veces no. Yo tengo que cuidar de los niños. Conseguirles comida, ropa. Vivir con otros inmigrantes para poder pagar la renta. Esa es nuestra vida. Dura, incierta. Pero la opción del regreso a Guatemala o a Honduras es peor. La violencia, la pobreza está hoy peor que antes", razona Sandra mientras contempla a sus hijos.

"Sabemos incluso que jamás nos van a aceptar como iguales. Pero, al menos, nuestros hijos tendrán más oportunidades en este que es su país", concluye Sandra mientras alberga la esperanza de que el presidente Obama gane el pulso frente a esa coalición de 26 gobernadores republicanos que se han empeñado en ir contra la corriente de la historia y el destino de 11 millones de indocumentados que lo único que desean es una oportunidad.


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