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Ley de Migración en México llega a su cuarto aniversario

Ciudad de México. Agencias. | 25 de Mayo de 2015 a las 16:55

El día de hoy se cumplen cuatro años de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Migración. Siendo este tema tan importante para un país con la posición y geopolítica como la de México, y con los retos en materia de derechos humanos que representa frente una política de control detención y deportación, vale la pena analizar qué ha pasado en estos cuatro años. A continuación algunos aportes que desde el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria hemos hecho al debate y que vale la pena considerar.

Cabe decir que el debate sobre una ley en materia de migración con perspectiva de derechos humanos duró años y tomó varias formas hasta que se concretó en la Ley de Migración que hoy tenemos. Muchas cosas se dijeron de la Ley, entre ellas, que era una ley proteccionista y de vanguardia, pero a cuatro años, nos debemos preguntar si realmente las personas que día a día llegan, transitan y viven en el país han gozado de dicha protección y se traduce en eficacia en la garantía de sus derechos.

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Tristemente, lo que vemos es que la Ley de Migración poco ha podido impactar en el contexto en el que migran los y las migrantes. Las personas siguen sufriendo de agresiones y delitos de muchos tipos, continúan las violaciones a sus derechos humanos y siguen sin tener acceso a sus derechos consagrados no sólo en la Ley de Migración, sino en otras leyes especiales y en la propia Constitución.

Siete son los temas que desde el análisis técnico y la atención directa a personas migrantes hemos identificado como prioritarios para poder asegurar que México tiene una Ley de Migración que garantiza los derechos de las personas. Temas que no han sido priorizados al azar, sino que están presentes en las diversas recomendaciones hechas a México por organismos internacionales y que están contenidos en la Constitución mexicana y en y diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos de los que México es parte.

1. Acceso a la justicia y el debido proceso

En este tema, hay que asegurar que las personas migrantes puedan acceder a la justicia con independencia de su estatus migratorio en el país y que sea un proceso efectivo en la procuración de justicia, así como en tiempos razonables. Una persona debe tener acceso a los ministerios públicos y al sistema judicial, a un abogado, etc., aún si no tiene un documento migratorio vigente. En resumen, justicia para todos y todas.

2. Las condiciones en las estaciones migratorias y alternativas a la detención

Sobre este tema, hay que asegurar que la privación de la libertad sea una excepción y no la regla; en el caso de la infancia no puede aplicarse bajo ningún concepto. Actualmente, el resultado de no poder comprobar la legal estancia en el país es siempre la privación de la libertad, llamada “alojamiento” en la Ley de Migración. Una Ley de vanguardia debe incluir alternativas a la detención para personas que, por ejemplo, pidan su salida del país, cuenten con boleto de avión de regreso, personas con necesidades de atención especiales, infantes, etc.

3. Asegurar que el procedimiento administrativo cumpla con estándares mínimos de debido proceso

Al inicio del procedimiento deben darse a conocer a las personas sus derechos, que se explique la motivación o razón del procedimiento, etc. Se debe dar certeza jurídica a las personas, que sepan qué proceso enfrentan ante el INM, cuánto durará y los posibles resultados.

4. Proceso de regularización migratoria

Debe ser más flexible, con el objeto de permitir a las personas migrantes a que regularicen su situación migratoria. Si queremos que la gente pueda tener un documento migratorio, se deben establecer perfiles, criterios, requisitos y multas y derechos realistas que sean acordes a su realidad socioeconómica.

5. Fortalecimiento institucional

Este tema va más allá de solamente el Instituto Nacional de Migración (INM). Sin duda se requiere de una reforma estructural del INM, pero mucho más importante es la visión con la que trabajan las autoridades en la materia. Debemos pasar de una visión de seguridad nacional a una de desarrollo y seguridad humana en la que la protección de los derechos de las personas migrantes sea el eje rector y no el control de los flujos migratorios.

6. Participación ciudadana

Ante las frecuentes violaciones de derechos humanos de las personas migrantes, es necesario identificar nuevas formas de ejercicio del poder donde se contemple la interlocución y corresponsabilidad entre el gobierno y los actores sociales para diseñar, implementar, monitorear, y evaluar las políticas de atención a personas migrantes en México, a fin de potenciar su eficiencia. La Ley de Migración debe garantizar la participación democrática real y plural, así como los mecanismos de retroalimentación y toma de decisiones.

7. La infancia migrante

Los niños, niñas y adolescentes migrantes son infantes y como tal deben ser tratados, garantizando sus derechos desde una visión donde su participación en los procesos sea efectiva y no de carácter asistencialista. No deben estar en una estación migratoria por no traer un documento o porque su padre o madre no tiene “permiso” de estar en México. Los niños, niñas y adolescentes deben tener acceso al sistema de protección de la infancia y el INM no debe determinar su interés superior que se reduce a la deportación (retorno) a su país de origen.

En este último tema se reflejan varios de los puntos mencionados con mayor claridad y se pueden identificar los retos de la Ley de Migración: las niñas, niños y adolescentes no tiene acceso a la justicia (no tienen abogado, etc.); son privados de su libertad en estaciones migratorias; durante el procedimiento administrativo migratorio no tienen información; no existe una evaluación de lo que es su interés superior y este se limita a reproducir las políticas de control, detención y deportación, sin ofrecer alternativas de vida a mediano y largo plazo, entre otras cosas.

No podemos dejar de reconocer que ha habido avances, como el que no se pida un documento migratorio vigente para celebrar actos ante el registro civil, el reconocimiento de la unidad familiar y el reconocimiento explícito de varios derechos, entre otros. Sin embargo, hay todavía muchos retos y propuestas en el tintero que se pueden retomar. Sabemos que una Ley no lo es todo y que en la práctica se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos de los y las migrantes, pero mientras más clara la Ley, menos posibilidades de violarla. Es un granito de arena en un frasco que se empieza a llenar, pero vale la pena contribuir.

Gobierno protege derechos laborales de migrantes

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO VERIFICA QUE LOS EMPLEOS SE DESARROLLEN CON BASE A LO ESTIPULADO POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Lun, 05/25/2015 - 00:49

Con la finalidad de dar seguimiento a las condiciones generales de trabajo y constatar la problemática laboral en que se encuentran los jornaleros agrícolas de origen oaxaqueño en el Valle de San Quintín, Baja California, el gobernador Gabino Cué Monteagudo afirmó que su administración no es omisa ante esta situación. Por el contrario -aseguró- verifica que los empleos otorgados a las y los oaxaqueños se desarrollen con base a lo estipulado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Jefe del Poder Ejecutivo Estatal indicó que como parte de las acciones impulsadas junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República para evitar violaciones a los derechos humanos de la población migrante, se llevan a cabo inspecciones en campos agrícolas, así como en las empresas donde laboran, con el fin de corroborar que efectivamente disfrutan de condiciones laborales adecuadas.

De este modo, agregó, "se han ampliado las acciones de inspección laboral y el impulso a la igualdad en este sector, así como la erradicación del trabajo infantil, la inclusión laboral de personas adultas mayores y con discapacidad; también se han fortalecido acciones de capacitación y formación laboral, el fomento a incentivos en favor de la mejora de los salarios, el incrementar el trabajo formal y digno, así como la promoción del autoempleo".

El mandatario reconoció que a pesar del esfuerzo que se realiza con el respaldo invaluable de la federación, estos avances resultan modestos frente a los enormes rezagos que aún presentan el estado y la región Sur-Sureste.

Gabino Cué resaltó que el potencial productivo de la entidad, sólo será capitalizable cuando se consoliden polos de desarrollo y se aprovechen las ventajas comparativas que el Sur-Sureste ofrece para el comercio internacional, la minería, la generación de energías limpias, para la actividad turística de clase mundial, la pesca y la producción agroindustrial, entre otras actividades.

Cabe señalar que el gobernante oaxaqueño firmará próximamente convenios con los distintos mandatarios de los estados destino, para el cuidado y protección de los derechos laborales y de las condiciones generales del trabajo.

INCENTIVAN EMPLEOS CON INFORMACIÓN: SETRAO

En este sentido, el titular de la Secretaría del Trabajo del Gobierno de Oaxaca, Daniel Juárez López, dio a conocer que a través del Programa del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la administración estatal ofrece a los trabajadores servicios en información, vinculación y orientación, así como apoyos de tipo económico, de capacitación y de movilidad laboral de manera gratuita y personalizada.

El encargado de la política laboral en el estado recordó que la situación de los jornaleros agrícolas en la entidad tiene una historia de varias décadas relacionada con la falta de incentivos al agro oaxaqueño durante más de 80 años.

Por ello -dijo- el Gobierno del Estado creó en esta administración la Secretaría del Trabajo, que aplica políticas públicas claras como el apoyo a los jornaleros agrícolas. De este modo, la realización de un diagnóstico en la materia que no existía anteriormente, ha permitido ubicar los municipios donde existe mayor migración de jornaleros agrícolas, principalmente en las regiones de la Mixteca, Cuenca del Papaloapan, Istmo de Tehuantepec y Valles Centrales.

"Parte de las actividades que realizamos en favor de los jornaleros migrantes ha sido la generación de condiciones adecuadas, como por ejemplo, que los trabajadores del campo tengan su mascarilla, que se cumpla la jornada laboral como debe ser, que tengan agua", expresó Juárez López.

Y agregó: "tenemos contacto con algunos sindicatos para cuidar este tipo de situaciones, y  en caso de existir alguna anomalía nos apersonamos con los inspectores y generamos, como lo establece la Ley Federal del Trabajo, una llamada de atención que va desde 5 mil días de salario mínimo hasta la clausura de la empresa; de esta forma estamos desplegando acciones para ayudar a generar el empleo formal".

Cabe mencionar que desde la creación de la Secretaría del Trabajo, el Gobierno del Estado de Oaxaca ha promovido los derechos laborales de las y los oaxaqueños en distintos sectores. Esto ha permitido que tan solo en el año 2014 se colocara a 15 mil 502 jornaleros agrícolas en un puesto de trabajo formal y temporal, en una empresa o campo agrícola, además de apoyar a 282 trabajadores repatriados.

Asimismo, en coordinación con cuatro consulados mexicanos en el estado de California, se iniciaron acciones de difusión de los Derechos Laborales en Leyes Federales y Locales, con lo que se benefició a 100 mil oaxaqueños que trabajan en ese estado de la Unión Americana. Dicha legislación se ha traducido al español y las lenguas indígenas de Oaxaca, y también se han producido productos audiovisuales de materiales consulares en lenguas como el zapoteco, mixteco y triqui.

Como resultado de una nueva cultura laboral, incluyente y respetuosa de los derechos de los trabajadores, el Gobierno de Oaxaca ha generado cerca de 34 mil empleos formales, además de lograr que la entidad se ubique como el segundo estado con menor tasa de desocupación a nivel nacional, al cierre del año pasado.


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