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Iglesias denuncian limpieza étnica en Oklahoma

Agencia EFE. Desde Washington. | 9 de Octubre de 2007 a las 00:00
Una coalición de iglesias presentará una demanda en Oklahoma contra una ley que permitirá la "limpieza étnica" y la expulsión de los inmigrantes de América Latina en el condado de Tulsa, anunció el martes el presidente de la organización. Miguel Rivera, presidente de la Coalición Nacional Latina de Ministros y Líderes Cristianos (CONLAMIC por su sigla en inglés), dijo que los esfuerzos por sacar a los inmigrantes de ciertas áreas "han estado ocurriendo en toda la zona del condado de Tulsa, y afectan a la comunidad hispana". CONLAMIC es la principal organización de defensa de pastores evangélicos hispanos en los Estados Unidos y representa más de 16.000 iglesias cristianas hispanas en 33 estados. La demanda se presentará ante la corte federal en Oklahoma. Rivera puso de manifiesto la existencia de "abusos de índole racial y controles de carretera que está llevando a cabo el Departamento del Alguacil del condado Tulsa, en unión del Departamento de Policía de Tulsa". Estas acciones son "evidencias innegables de que existen grupos de intereses especiales que presionan a los hispanos del condado para amedrentarlos y obligarlos a que abandonen sus viviendas y negocios en la zona", dijo el activista. Para Rivera, estas tácticas coinciden con la celebración hoy de un referendo en el condado de Tulsa, con vistas a la aprobación de un presupuesto de 282 millones de dólares para obras de urbanización en el río Arkansas. "Estas labores de construcción prometen proporcionar millones de dólares en descuentos, que podrían beneficiar a numerosos hispanos de bajos recursos en caso de aprobarse el presupuesto", añadió. El gobernador de Oklahoma, Brad Henry, promulgó en mayo la Ley HB1804 que comprende una reforma estricta de las normas de inmigración en el estado. La ley HB1804 niega a los inmigrantes indocumentados todo tipo de documento estatal de identidad y requiere que todas las agencias estatales y locales verifiquen la ciudadanía de quienes soliciten ayuda o beneficios. La legislación, asimismo, exige que los responsables de contratación de empleados en agencias gubernamentales verifiquen el estatus legal de los solicitantes de trabajo. El gobernador Henry, quien se había opuesto a la legislación, dijo que ésta no resolvería el problema de la inmigración ilegal y que la responsabilidad real del problema es del Gobierno federal. Desde entonces, según Rivera, como consecuencia de las prácticas intimidatorias "las iglesias evangélicas hispanas pierden feligreses; los negocios hispanos están siendo afectados negativamente y muchas personas venden sus propiedades inmobiliarias por debajo del precio de mercado, para evitar que alguno de sus familiares que carece de documentos de inmigración sea arrestado o deportado".

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