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Juez federal bloquea a Bush plan contra indocumentados

Agencia EFE. Desde San Francisco, California. | 10 de Octubre de 2007 a las 00:00
Un juez federal de EE.UU. frenó el miércoles un reglamento del Departamento de Seguridad Nacional que contempla reforzar la lucha contra los inmigrantes indocumentados mediante el uso de los archivos del Seguro Social. El juez Charles Breyer, cuya oficina se encuentra en San Francisco (California), emitió una orden preliminar para impedir la puesta en marcha de una medida que, para efectos prácticos, obliga a las empresas a despedir a empleados que no logren comprobar su estatus legal en EE.UU. En caso de entrar en vigor, el reglamento "produciría un daño irreparable para trabajadores y empresas inocentes", dijo Breyer. Con esta decisión, el juez puso freno a la medida -que afectaría a unos ocho millones de trabajadores- hasta que se resuelva de forma definitiva una demanda presentada en agosto por varios sindicatos en contra del reglamento. Según el reglamento, las autoridades debían comenzar a enviar cartas a unas 140.000 empresas, advirtiéndoles sobre la necesidad de verificar la autenticidad de los números de Seguro Social presentados por sus empleados. La iniciativa del gobierno contempla un plazo de 90 días para que las empresas corrijan cualquier error o discrepancia en los documentos, período tras el cual las compañías tendrían que despedir a los empleados con documentos falsos, o afrontar multas y hasta penas de cárcel. De esta forma, el gobierno del presidente estadounidense, George W. Bush, busca hacer cumplir una ley federal de 1986 que prohíbe la contratación de trabajadores "sin papeles", según fuentes oficiales. Pero en la demanda presentada contra el gobierno, el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU) y otras organizaciones señalaron que la medida sólo producirá el despido masivo de trabajadores legales. Los demandantes han señalado que, muchas veces, los errores son de carácter administrativo o por cambios de nombre en los documentos relacionados con cambios en el estatus civil de las personas. Agregaron que 90 días no es un plazo razonable para contestar a las llamadas "cartas sobre datos que no concuerdan", debido a la extensa burocracia federal. Los sindicatos y grupos cívicos como la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), se mostraron satisfechos con la decisión del juez Breyer. "Este es un paso significativo hacia la anulación de este reglamento ilegal, que daría a las empresas mayor poder para impedir que los trabajadores formen sindicatos", dijo en un comunicado John Sweeney, presidente de la federación sindical AFL-CIO. Por su parte, Marielena Hincapié, abogada de NILC, dijo a Efe que su grupo aprueba la decisión del juez ya que se pudo "demostrar que hubiera habido ciertos daños irreparables", como la discriminación contra los latinos. El pasado 1 de octubre, un juez de la Corte de Distrito de EE.UU. decidió suspender el reglamento durante diez días hasta que el juez Breyer emitiera su dictamen de hoy. En Washington, el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, se mostró "decepcionado" con la decisión de Breyer y señaló en un comunicado que la revisará junto con el Departamento de Justicia "para examinar todas nuestras opciones, incluida una apelación" del dictamen. El funcionario defendió el reglamento y aseguró que en ningún momento las autoridades migratorias usarían las cartas de advertencia en contra de las empresas. "El presidente Bush dejó claro en agosto pasado que haremos todo lo que podamos del lado administrativo, y dentro de los perímetros de la ley, para asegurar nuestras fronteras y hacer cumplir nuestras leyes migratorias", dijo Chertoff. "El dictamen de hoy es otro recordatorio de por qué el Congreso debe aprobar una reforma migratoria integral", enfatizó el secretario, al referirse al fracaso de un plan de regularización para más de once millones de indocumentados en el país.

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