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Amenazan de muerte a cónsul mexicano por criticar redadas

Agencia EFE. Desde Dallas, Texas. | 12 de Octubre de 2007 a las 00:00
El Cónsul General de México en Dallas, Enrique Hubbard, denunció haber recibido amenazas y sentimientos de odio a través de cartas y llamadas telefónicas por sus críticas en contra de las redadas en Irving (Texas). Hace un par de semanas, Hubbard recomendó a sus compatriotas evitar pasar por la ciudad de Irving debido al número de arrestos de indocumentados que terminan en deportaciones gracias a un programa entre la policía local y las autoridades federales de inmigración. El denominado Criminal Allien Program (CAP) autoriza a las fuerzas del orden a identificar a los extranjeros que han cometido delitos y reportarlos ante Inmigración. También, permite la identificación de quienes se encuentran bajo custodia local, estatal y federal para asegurarse que completen su condena y posteriormente enfrenten su posible deportación. Desde entonces, Hubbard asegura haber sido blanco de ataques por parte de personas que no están de acuerdo con la inmigración ilegal y defienden las acciones de las autoridades de Irving. "No son sólo mensajes de rechazo, también son violentos y amenazantes. Lo que se transmite en esas cartas es increíble e inconcebible. Es odio y no hay otra palabra que lo describa mejor", comentó Hubbard en entrevista con Efe. "Hay una incomprensión que crea intolerancia y esa diferencia, en lugar de enriquecer a la fibra social de este país, está ahora convirtiéndose en un veneno en la atmósfera. Por otra parte hay ignorancia, que es aún peor", agregó. Hubbard aseguró que en las misivas le exigen que se mantenga "alejado de los tratos en contra de los ilegales en nuestro estado y en nuestro país" y le advierten a que no se entrometa en asuntos internos porque "nosotros nos haremos cargo". En una de las cartas se le advierte que "cualquier entorpecimiento por parte del consulado a favor de los ilegales tendrá resultados directos contra su persona". Para el diplomático mexicano, existe un grupo de odio que no necesariamente es la mayoría "que hacen ruido y son vociferantes", y que obligan muchas veces con sus acciones a que las autoridades intervengan en temas en los que quizás no quieran entrometerse pero lo hacen obligados por las circunstancias. Indicó además que ya reportó estas amenazas al Departamento de Estado de Estados Unidos. "No nos quedaremos con los brazos cruzados y seguiremos insistiendo en que la policía se ha extralimitado y ha violado derechos civiles al hacer estos arrestos", aclaró. Hubbard reiteró que sus denuncias no se deben a las deportaciones, sino más bien a la forma cómo se detienen a los indocumentados, llamándoles criminales sin serlo y por "disfrazar" el operativo CAP. Según comentó, las autoridades aseguran que se trata de un operativo contra el crimen, pero que en realidad lleva claramente la etiqueta para atacar a un grupo especifico de gente. "De acuerdo con las leyes de este país, todas las personas acusadas son declaradas inocentes hasta que se le demuestre lo contrario en un juicio. Pero lo que hacen es detener a indocumentados y dan a entender que ya fueron condenados", dijo. "Pero es totalmente falso porque en ninguno de los casos esa gente ha pasado por un proceso judicial y a mi entender, llamar criminales a personas que no han enfrentado un debido proceso, es violar la ley", añadió. Por otro lado dijo que haberse reunido en varias oportunidades con el alcalde y el jefe de la policía en privado para llegar a un acuerdo, pero no hubo consenso y más bien se creó una ruptura en el diálogo. "El problema es que el Ayuntamiento le cree a la policía cuando dicen que no se violaron los derechos humanos cuando se efectuaron las detenciones. Yo por mi parte, le creo a mi gente y por eso dentro del marco leal, les puedo advertir por dónde ir y por dónde van a tener consecuencias desagradables", subrayó Hubbard. Desde que inició el programa CAP, hace trece meses, se han realizado más de 14.000 arrestos, de los cuales 1.638 terminaron en deportaciones y casi el 65 por ciento comenzó con una infracción de tránsito. Mañana, sábado, varios grupos activistas realizarán otra movilización frente al Concejo Municipal de Irving, donde la tercera parte de sus 205.000 habitantes es de origen latino.

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