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Nuevo ministro debe respetar a las minorías, exigen activistas

Agencia EFE. Desde Washington. | 16 de Octubre de 2007 a las 00:00
Grupos defensores de los derechos civiles pidieron el martes que el próximo secretario de Justicia de EE.UU. haga valer los derechos de las minorías en el país, en víspera de la primera audiencia de confirmación de Michael Mukasey en el cargo. Mukasey, de 66 años, fue nombrado por el presidente George W. Bush el pasado 17 de septiembre y, de ser confirmado por el Senado, reemplazará al latino Alberto Gonzales, quien renunció en agosto tras 18 turbulentos meses en el cargo. Para muchos activistas, el desempeño de Gonzales al frente del Departamento de Justicia dejó mucho que desear y ahora exigen del próximo titular la independencia jurídica que requiere el cargo. Ante la polémica generada por Gonzales, en particular por su posición en torno a la tortura y detención indefinida de extranjeros, "urgimos que el Senado revise con detenimiento el nombramiento del juez Mukasey", dijo la Conferencia de Liderazgo en los Derechos Civiles (LCCR), que aglutina a cerca de 200 organizaciones cívicas. Para evitar los errores del pasado, el Comité Judicial del Senado debe escudriñar el historial de Mukasey y determinar su compromiso con la protección de los derechos humanos y civiles, agregó el grupo durante una rueda de prensa. Mukasey se dio a conocer por varios casos de terrorismo y seguridad nacional, entre ellos el caso contra el jeque Omar Abdel Rahman y otros sospechosos acusados de conspirar para atentar contra varios sitios emblemáticos de Nueva York. También fue quien determinó que el "talibán" boricua José Padilla podía ser procesado como "combatiente enemigo" pero que, pese a la oposición de la Casa Blanca, también tenía derecho a acceder a un abogado. Pese a que dentro y fuera del círculo jurídico se describe a Mukasey como un profesional "inteligente" y "eficaz", los activistas quieren que éste se mantenga libre de presiones políticas. Señalaron que les preocupa el rumbo que dará Mukasey al Departamento de Justicia y si éste hará cumplir las leyes que prohíben la discriminación contra las mujeres y las minorías negras e latinas no sólo en las urnas sino también en el trabajo y la vivienda. También quieren conocer el plan de Mukasey para resolver, por ejemplo, la crisis en los tribunales de inmigración, aquejados por escasez de personal, sobrecarga de trabajo y presuntos abusos contra solicitantes de asilo. Los activistas dejaron claro que, esta vez, no se dejarán engañar por "frases bonitas" y exigirán de Mukasey un "compromiso inequívoco" con los derechos civiles. "Tiene que mostrar un fuerte compromiso de que le dirá al presidente Bush que, bajo ninguna circunstancia, se podrán violar las leyes", dijo Jennifer Daskal, del grupo Human Rights Watch. Chris Anders, de la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU), manifestó su esperanza de que el proceso de confirmación sea un "borrón y cuenta nueva" para limpiar la mancillada imagen del Departamento de Justicia en los 15 meses que restan del mandato de Bush. Anders dijo que ACLU continuará presionando para que el Gobierno revele o esclarezca los documentos que elaboró sobre el uso de la tortura contra detenidos, la legalidad de las escuchas electrónicas sin permiso judicial y el uso de las llamadas "Cartas de Seguridad Nacional" (NSL, en inglés) para espiar a estadounidenses. Si es necesario, presionarán para que el Comité Judicial del Senado postergue la votación sobre Mukasey hasta obtener respuestas claras sobre estos y otros asuntos, agregó Anders. Mukasey inició su carrera como juez federal en 1987, bajo la presidencia de Ronald Reagan y, hasta septiembre de 2006, presidió el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Aunque en círculos ultraconservadores se le percibe como el menos idóneo para el cargo, su nombramiento fue bien recibido dentro y fuera del Congreso, por lo que no se prevén trabas para su confirmación. La primera audiencia de confirmación de Mukasey mañana, miércoles, coincidirá con el primer aniversario de la promulgación de la ley que estableció los tribunales militares contra sospechosos de terrorismo.

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