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Sigue pleito judicial por ordenanza contra ilegales en Dallas

LaVoz.com. Desde Dallas, Texas. | 16 de Octubre de 2007 a las 00:00
Un juzgado de apelaciones estatal rechazó la solicitud presentada por la población de Farmers Branch para desechar una demanda en la que se acusa al Concejo de la Ciudad por violar las leyes estatales de transparencia al tratar a puerta cerrada una política que tenía que ver con inmigrantes indocumentados. El residente Guillermo Ramos demandó a este suburbio de Dallas, reclamando que violaba la ley de Reuniones Abierta de Texas porque los residentes no fueron notificados debidamente cuando los miembros del concejo trataron el tema de una ordenanza que prohíbe alquilarle a la mayoría de los inmigrantes indocumentados. El concejo anuló la ordenanza después que Ramos presentó la demanda, después, una vez que notificaron a los residentes para darles la oportunidad de estudiar y hablar sobre el texto, adoptaron una política parecida a la anterior. Los electores votaron y aprobaron la ordenanza en mayo, pero ha estado bloqueada por un juez federal hasta tanto todas las disputas legales no se hayan resuelto. El abogado de Ramos, William A. Brewer III, dijo que el fallo del viernes de la 5° juzgado de apelaciones permite que el caso prosiga y significa que la ciudad tiene que entregar cualquier grabación o transcripción de las reuniones conducidas a puerta cerrada. Michael Jung, un abogado de la firma Strasburger & Price que representa a la ciudad, le restó importancia al fallo. "El juzgado dijo que si todo lo que ellos dicen es cierto, entonces habría una violación en potencia de reunión abierta", dijo Jung. "No ha habido una resolución que diga que hubo una violación de reunión abierta. De hecho nosotros no creemos que haya habido una", sostuvo Jung. La ciudad tiene las opciones de pedirle al juzgado de apelaciones que deseche el caso,pasarlo al Tribunal Supremo de Texas o abandonar las apelaciones y seguir adelante con el juicio. Brewer dijo que tiene planeado publicar los documentos de las sesiones de la ciudad, con lo que él cree demostrará que hubo hostilidad hacia los latinos. "Todo esto fue hecho a espaldas y a puerta cerrada porque las razones para tomar las decisiones que estaban tomando están muy fuera de lo correcto de lo que yo encuentro apropiado", aseveró Brewer. La ciudad argumentó que la demanda de Ramos era dudosa ya que la ordenanza inicial había sido anulada. Asimismo reclama que Ramos no logró documentar su demanda con suficientes hechos para sustanciarla. Ese argumento fue rechazado por el juzgado estatal, lo que llevó a la ciudad a solicitar a apelar ante un juzgado de apelaciones estatal. En respuesta, la juez del juzgado de apelaciones Molly Francis escribió en su fallo: "Si un cuerpo gubernamental ilegalmente delibera y decide sobre un tema a puerta cerrada, anular la acción para que no pueda retomarse en otra sesión no justifica el propio derecho protegido por TOMA (ley de reuniones abiertas de Texas)".

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