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Llueven demandas civiles contra alguacil por acoso a latinos

Agencia EFE. Desde Chaparral, New Mexico. | 17 de Octubre de 2007 a las 00:00
Varias organizaciones presentaron el miércoles cuatro demandas civiles en Nuevo México contra el alguacil del condado de Otero por efectuar redadas supuestamente ilegales en las que numerosos latinos fueron arrestados, detenidos y entregados a la Patrulla Fronteriza sin órdenes judiciales. Las demandas fueron presentadas por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, el Fondo Educacional y de Defensa Legal Mexicano-Estadounidense (MALDEF) la Red Fronteriza para los Derechos Humanos y el Proyecto de Derechos Civiles de Paso del Norte. Los demandantes aseguran haber sido detenidos en su mayoría en sus propias viviendas, a las que dicen llegaron los oficiales del alguacil bajo pretexto de responder a una alarma de robo o a multas de tráfico vencidas. La demanda en nombre de la Red Fronteriza por los Derechos del Inmigrante en representación de las familias afectadas señala que personal del alguacil entró a numerosas viviendas sin órdenes de judiciales, sin un motivo aparente y tratando de aclarar el estatus legal de los residentes. "Un par de agentes del alguacil llegaron a la casa y gritaron que abriéramos, que eran repartidores de pizza, y cuando no abrimos gritaron que eran de la oficina de control de animales, y finalmente, al ver que no respondíamos dijeron ser de la oficina del alguacil". dijo a Efe en Chaparral uno de los demandantes, que prefirió no aportar su nombre. "Finalmente abrimos la puerta y los agentes forzaron la entrada a la vivienda y comenzaron a registrar cajones, bolsas y a preguntarnos por nuestros documentos migratorios", expuso. El personal de la oficina del alguacil arrestó entre agosto y septiembre a cerca de una docena de personas y entregó a los detenidos a la Patrulla Fronteriza para su repatriación a México. Muchos de ellos se encuentran hoy en Ciudad Juárez (Chihuahua) en donde esperan una oportunidad para regresar al lado de sus familias. Las demandas señalan que el alguacil increpó a latinos de la comunidad del poblado de Chaparral (Nuevo México) de 20.000 habitantes y localizado a 48 kilómetros de la franja fronteriza, como parte de una campaña denominada "StoneguardW financiada por el gobierno federal dirigida a combatir la delincuencia en la frontera. David H. Urias, abogado de MALDEF, dijo que las redadas de septiembre violaron el derecho de las personas a un proceso legal y las protecciones que brinda la constitución para garantizar que una persona no sea sometida a averiguaciones injustificadas. El coordinador de la Red Fronteriza, Fernando García, explicó que estas redadas e incursiones de las fuerzas policíacas en los poblados, en donde una gran parte de los habitantes son inmigrantes, han ocasionado miedo entre los habitantes y han separado a muchas familias. Aun cuando el alguacil no emitió hoy comentarios, en septiembre pasado el alguacil asistente del condado de Otero Norbert Sánchez aseguró que las detenciones de estas personas no fueron basadas en el grupo étnico o apariencias de las personas. Sánchez señaló que los alguaciles se acercaron exclusivamente a personas que habían cometido infracciones de tránsito o que tenían órdenes de aprensión pendientes. Sin embargo, García indica que los agentes increparon a todos los pasajeros de los vehículos que detenían por supuestas infracciones. "Nosotros no ejercemos actividades de tipo migratorio, pero no ignoramos el estatus en el país de una persona a la que interrogamos", dijo Sánchez.

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