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Sigue la confusión sobre migración en Colorado

Agencia EFE. Desde Denver, Colorado. | 19 de Octubre de 2007 a las 00:00
Funcionarios públicos y dirigentes comunitarios de Colorado sostienen que las discrepancias en las leyes estatales de inmigración crean un marco legal inadecuado para combatir el tráfico de personas en este estado. El fiscal Scott Storey, del condado Jefferson (al oeste de Denver) indicó que las leyes estatales de inmigración, aprobadas por el Legislativo de Colorado en 2006 son "inadecuadas" ya que, por ejemplo, "resulta difícil presentar cargos contra presuntos contrabandistas de personas, porque los testigos de ese crimen quedan en libertad antes que se inicie el caso". El caso más reciente, y el que provocó las declaraciones de Storey, es el de Gopsalo José Reyes, de 26 años, quien el pasado 13 de abril fue detenido en el condado Jefferson por transportar a diez personas indocumentadas. Aunque en un primer momento se acusó a Reyes de tráfico de personas, según lo establecido por la ley estatal SB06-206 en vigor desde el 1 de julio del año pasado, esos cargos quedaron sin efecto porque las autoridades no pudieron localizar a ninguno de los indocumentados que Reyes transportaba en su vehículo para tomarles declaración. Finalmente, el pasado 17 de octubre Reyes fue condenado a un año de cárcel al reconocerse culpable de usar documentos falsos, ya que en momento de su arresto dijo ser Abram Calderón-García. Tras cumplir su sentencia, Reyes será deportado. Por otro lado, todas las personas que viajaban en el vehículo de Reyes habrían confesado que ya habían ingresado ilegalmente al país con anterioridad, por lo que quedaron a disposición del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que los deportó. "Estamos viendo cada vez más casos de contrabando de personas, especialmente en las jurisdicciones a lo largo de las carreteras I-25 e I-70. Pero la nueva ley estatal contra el contrabando de personas hace difícil presentar cargos contra los sospechosos, porque exige la presencia de testigos a los que no tenemos acceso," manifestó Storey. "Espero que la legislatura resuelva el problema en su próxima sesión (de enero del 2008)", agregó. Según el fiscal, su oficina tiene otros tres casos similares al de Reyes. El más reciente, de septiembre pasado, involucra a 19 presuntos indocumentados. En otro caso, en julio, dos hombres fueron acusados de transportar a nueve personas sin documentos. El tercer caso, de noviembre de 2006, pasó a la justicia federal. El pasado 8 de octubre los fiscales Pete Hautzinger (del condado Mesa) y Mark Hurlbert (del condado Eagle) también expresaron su disconformidad por las discrepancias entre las leyes de inmigración estatales y federales. Por su parte, Fidel "Butch" Montoya, codirector y uno de los portavoces de la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC, en inglés), comentó que "el hecho que el fiscal Storey reconozca que las nuevas leyes migratorias son inadecuadas tiene un explicación simple: los legisladores de Colorado aprobaron esas leyes basándose en emociones y no en datos concretos". "Creo que esto sucede porque las leyes se aprobaron sobre la mesa de mala información, mitos, disgusto y en algunos casos hasta racismo contra los inmigrantes indocumentados. Esa es una mala combinación para crear una buena ley", agregó. Montoya puntualizó que, aunque existan leyes estatales con respecto a inmigración, y aunque los presuntos indocumentados sean detenidos en un primer momento por autoridades estatales o locales, "inmigración sigue siendo un tema federal que debe ser resuelto por el gobierno federal". Pero como cada jurisdicción local tiene un sistema distinto para tratar con los indocumentados, y como no existe un procedimiento único a nivel nacional por parte del ICE (como lo revela un reciente reporte de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, o GAO), "el resultado es que, por un lado, no se presentan cargos contra personas acusadas de serios crímenes y, por otro, se deporta con premura a los testigos de esos crímenes, en algunos casos sin darles la posibilidad de tener una audiencia o acceso a un abogado". "El hecho que un fiscal no puede llevar juicio a un contrabandista de personas porque el ICE deportó a los testigos demuestra que estamos tratando con un enfoque totalmente disfuncional para garantizar la seguridad de nuestras fronteras y la seguridad interna del país", concluyó.

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