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Los niños pagan el precio de las redadas y deportaciones

Agencia AFP. Desde Washington. | 31 de Octubre de 2007 a las 00:00
Los niños de indocumentados son los que pagan el precio de las redadas y deportaciones que se multiplicaron en el último año en Estados Unidos, sin tener en cuenta ninguna medida para proteger a los menores, reveló este miércoles un informe del Urban Institute. "Las redadas de inmigración crean angustia económica y trauma emocional para los niños", concluyó el documento encargado por el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), la mayor organización latina de Estados Unidos, que pidió inmediatamente al Congreso una audiencia sobre la situación de los menores afectados. El estudio, realizado por el Consejo Nacional de La Raza (NCLR) y la asociación Urban Institute, reveló que de cada dos personas detenidas en una acción de refuerzo de la seguridad migratoria, un niño se queda sin familia. Según el informe, dos tercios de estos niños son ciudadanos estadounidenses y un número similar son menores de diez años. "En cualquier decisión política debemos tomar en consideración que estamos poniendo a los miembros más jóvenes y vulnerables de nuestra sociedad frente a un riesgo profundo", explicó Janet Murguía, presidenta de NCLR, al presentar el documento a la prensa. "Este informe claramente demuestra que pueden pasar años antes de que conozcamos el efecto completo que las redadas de inmigración tendrán en estos niños y los costos a largo plazo para nuestra sociedad", añadió, después de que las autoridades estadounidenses multiplicaran las deportaciones. Según el documento, por cada dos personas detenidas en una redada contra la inmigración ilegal, "un niño se queda sin familia" en Estados Unidos, ya que las autoridades deportan solamente a las personas que se encuentran sin papeles en el país. En el caso de los niños, dos tercios de los afectados por las redadas tienen la nacionalidad estadounidense por haber nacido en dicho país, por lo que no pueden ser expulsados. Además, los operativos policiales se concentraron principalmente en los lugares de trabajo de los padres, lejos del hogar familiar o las escuelas donde estaban los menores, sin tomar ninguna medida para ocuparse de los niños que se quedaban sin sus parientes. "Los gobiernos locales y comunidades estudiadas no tuvieron los recursos adecuados para atender las necesidades de los niños tras el impacto negativo de las redadas", lamentó Randy Capps, un experto independiente en demografía del Urban Institute. "Asimismo, el gobierno federal no contó con políticas y procedimientos que explícitamente consideraran la protección de los niños", añadió, tras subrayar que las deportaciones constituyeron "una carga pesada para las fuentes de apoyo que actúan como primer auxilio". Los que se ocuparon de los niños tras la detención de sus padres fueron principalmente los vecinos, el sistema escolar, los proveedores de servicios sociales y las instituciones religiosas, destacó el documento. "Fuertes redes de familiares indirectos y amigos tomaron la responsabilidad del cuidado y del apoyo económico de los niños cuyos padres fueron arrestados en las redadas", subrayó la investigadora Rosa María Castañeda del Urban Institute. "Estos ingeniosos grupos se aseguraron de que ningún niño se quedara solo o bajo la custodia del estado", constató, después de que su organización investigara las consecuencias de redadas masivas en tres diferentes lugares de Estados Unidos: Greeley (Colorado, suroeste), Grand Island (Nebraska, centro) y New Bedford (Massachusetts, noreste). En estas tres operaciones, un total de 912 personas han sido arrestadas y 506 niños fueron directamente afectados, según el documento. Las autoridades estadounidenses multiplicaron las redadas el pasado año, mientras fracasaba en el Congreso una reforma migratoria que habría abierto el camino a la regularización de cerca de 12 millones de indocumentados radicados actualmente en Estados Unidos, según las estimaciones oficiales. "Durante varios meses los medios de comunicación no han parado de hablar del impacto de las redadas sobre los niños pero necesitábamos datos precisos sobre qué está pasando exactamente para entregárselos al Congreso ", dijo a Efe Miriam Calderón, directora adjunta del Centro de Análisis Político del NCLR. Calderón explicó que el informe trata de ir más allá de las historias interés humano que se difunden a diario en los medios de comunicación y exponer claramente el impacto que tienen las redadas en los lugares de trabajo sobre los niños de padres indocumentados. "Hay que salir de la emoción de las historias y tratar que el Congreso base sus decisiones en datos", dijo Calderón. "Nosotros no le decimos a las autoridades que no refuercen el control sobre los flujos migratorios, sólo les pedimos que piensen cómo van a hacerlo", añadió. El informe, titulado "Pagando el precio: El impacto de las redadas de inmigración sobre los niños en EE.UU.", señaló también la pesada carga que suponen las redadas de inmigración sobre las fuentes de apoyo que actúan como primer auxilio para las familias afectadas. El objetivo del informe era "proporcionar datos exactos sobre lo que todo el mundo ya sabía", que son las terribles consecuencias de los operativos de aplicación de la ley de inmigración sobre el bienestar psicológico, educativo y social de los niños. El texto recomienda al Congreso que supervise la manera en que se ponen en marcha las leyes de refuerzo migratorio y que proporcione los recursos para los niños afectados por estas leyes estén protegidos. Además insta al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) a que asuma que los niños se verán afectados siempre que los adultos sean arrestados y que por tanto deberá desarrollar una política más adecuada para su trato a los padres detenidos. Capps señaló que "en el caso de la comunidad latina, estas fuentes apoyo son tan fuertes, que no tenemos datos sobre que ninguno de estos niños hayan tenido que pasar a estar bajo custodia del estado". "Esta red está formada por las comunidades, el sistema escolar, proveedores de servicios sociales y las instituciones religiosas, entre otras", señaló Capps. Debido a la importancia de su papel, el informe pidió a las escuelas que sean sinónimo de "lugar seguro" para estos niños y a los servicios sociales y otras agencias a que preparen estrategias de ayuda a corto y largo plazo para este tipo de situaciones. Por su parte, María Castañeda, otra de las autoras del estudio, relató cómo vive un niño el día de la redada y los inmediatamente posteriores. Castañeda resaltó los daños emocionales que sufren estos pequeños y que "muchos de ellos pasan al menos una noche totalmente solos en sus casas". Sin embargo, según Calderón, no se puede señalar ninguno de estos efectos como la consecuencia más grave de las redadas. "Ni siquiera conocemos los efectos a largo plazo sobre los niños, y planeamos hacer más adelante un nuevo informe que las examine", confirmó Calderón. El estudio se realizó entre tres y seis meses después de las redadas en Greeley (Colorado), Grand Island (Nebraska), y New Bedford (Massachusetts). Un total de 912 personas fueron arrestadas y 506 niños perdieron a su padre, a su madre o a ambos durante una temporada indefinida. "Mucha gente piensa que estos padres debían haber pensado en el bienestar de sus hijos antes de venir ilegalmente al país y yo les digo que precisamente fue eso en lo que pensaron, en dar una mejor oportunidad a sus niños", dijo durante la presentación el reverendo E. Roy Riley, obispo del sínodo de Nueva Jersey.

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