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Debaten si hospitales deben atender a ilegales quemados por los incendios

Agencia EFE. Desde San Diego, California. | 31 de Octubre de 2007 a las 00:00
El debate sobre el costo social de los incendios forestales continúa tras que se diera a conocer de que son indocumentadas y aparentemente carecen de seguro 11 de las 18 personas internadas en el Centro para Quemaduras de la Universidad de California San Diego (UCSD). El principal diario de esta ciudad, el "San Diego Union-Tribune", enfatizó el miércoles en una nota lo que consideró como altos costos derivados del hecho de que 11 de 18 víctimas de los incendios en esta ciudad carezcan de seguro médico. El doctor Thomas McAfee, médico en jefe del Centro para Quemaduras de la Universidad de California San Diego, el único hospital de esta especialidad en el área, dijo a Efe que buscan mecanismos para sufragar los gastos incurridos por estos inmigrantes pero pese a que perderán dinero la calidad del cuidado no cambiará. "Son 10 hombres y una mujer; la razón por la que su estatus migratorio nos importa es porque tenemos que saber si hay alguna manera de pagar las cuentas del hospital" pues los indocumentados no califican para recibir cobertura del condado o estatal, dijo McAfee. Sin embargo, el especialista aseguró que no hay presencia de la Patrulla Fronteriza ni en el hospital ni a las afueras de él. En el caso de los inmigrantes que reciben atención por quemaduras, el doctor consideró que "están bien enfermos y van a estar aquí por largo tiempo", ya que en estos casos pueden requerir cuidados y terapia física que podría extenderse por meses. En perfecto español, McAfee indicó que es difícil calcular los gastos que este cuidado representa. "Durante los incendios de 2003, las víctimas costaron un promedio de 75.000 dólares por persona", indicó el doctor al explicar que el cálculo puede ser mayor en casos individuales, pues se puede requerir cirugía e incluso trasplantes de piel. En el caso de cultivos procedentes de la piel del propio paciente, para minimizar rechazos, los costos podrían alcanzar el medio millón de dólares en forma individual. Pese a que originalmente autoridades del hospital dijeron a Efe que su política incluye no revelar el estatus migratorio de pacientes, el propio consulado mexicano dio a conocer el pasado 27 de octubre que seguía al tanto de la evolución del estado de salud de sus 11 connacionales, heridos cuando "cruzaron de manera indocumentada" la frontera. De acuerdo con el consulado uno de ellos, de 20 años, sufre quemaduras de segundo grado en todo el cuerpo, para el cual se busca gestionar una visa humanitaria a fin de que lo visite un familiar. El Union-Tribune también dijo que funcionarios del hospital no creen que los contribuyentes de EE.UU. acepten que UCSD deba proveer atención médica costosa para indocumentados, pero que por ley ésta debe ser proporcionada sin distinción de la habilidad de pago del paciente. El reporte "Estimando el Costo al Condado de San Diego de Servicios Dados a Inmigrantes Indocumentados Durante el Año Fiscal 2006-07", compilado por los doctores John R. Weeks y David M. Eisenberg, afirma que el "mayor costo al condado relacionado con indocumentados es el cuidado médico de emergencia". Cifras de la Asociación de Hospitales de los Condados de San Diego e Imperial indican que los indocumentados representan el 25 por ciento de los ingresos hospitalarios en el condado de San Diego, y el costo de cuidado que no se compensa fue de 619.665 dólares en el años fiscal 2006. De acuerdo con información de la Encuesta Comunitaria de EEUU del 2005, uno de cada cinco latinos en San Diego (21 por ciento) y 6,8 por ciento por ciento de la población total del condado serían indocumentados. En 2005 el Condado de San Diego recibió 1,4 millón de dólares en fondos federales para ayudar a pagar los gastos locales incurridos por atención médica a inmigrantes indocumentados. Cuando un inmigrante está detenido por la Patrulla Fronteriza y recibe cuidado médico en un hospital, la agencia es responsable por cubrir los costos médicos incurridos. El vocero de la Patrulla Fronteriza Matthew Johnson dijo a Efe que es política de la agencia no acudir a hospitales a menos de que se haga una denuncia de que hay una persona indocumentada. "Incluso en ese caso, todas las personas tienen derecho a recibir cuidado antes de que se les remueva", dijo Johnson, pues un doctor debe certificar que están listos para enfrentar un viaje o la cárcel.

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