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Los inmigrantes sin papeles tendrán atención sanitaria tras noventa días en España

Madrid. Agencia EFE. | 28 de Junio de 2018 a las 18:48

Llevar un mínimo de noventa días empadronado en España o acreditar una situación de vulnerabilidad mediante un informe social, son las condiciones que tendrán que cumplir los inmigrantes en situación irregular para acceder a la sanidad pública.

Esta es la propuesta que presentó la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, a las comunidades autónomas y que se plasmará en un real decreto para modificar la reforma sanitaria aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, que retiró la tarjeta sanitaria a los “sin papeles” (unos 840.000).

Montón quiso que su primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como ministra estuviera dedicado exclusivamente a recuperar la universalidad de la sanidad pública, una reunión criticada por los consejeros del ramo del PP al considerarla “demagógica” por ser una cuestión que ya habían resuelto las comunidades.

Con estos requisitos, un mínimo de noventa días o acreditar vulnerabilidad a través de un informe social, Sanidad quiere garantizar que no haya “ningún abuso” y que ningún ciudadano que lo necesite quede desatendido.

La ministra admitió que tras la reforma del PP las comunidades buscaron soluciones para atender a los inmigrantes en situación irregular, pero de una manera “no armónica y desigual”, por lo que consideró que ahora es el momento de “dar un paso adelante y construir de manera unitaria”.

La reforma planteada por Sanidad trata de recuperar el derecho a la protección de la salud para este colectivo “en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española”, vinculándolo al concepto de ciudadanía, mientras que desliga la atención sanitaria del concepto de asegurado, como establecía la reforma de 2012.

Los consejeros socialistas celebraron la recuperación de la sanidad universal y coincidieron en que se trata de un tema de “voluntad política” y no económico, ya que, a su juicio, la exclusión de los “sin papeles” no supuso ahorro.

En el mismo sentido se pronunció Montón, que recordó que distintos organismos internacionales constataron que la asistencia sanitaria a través de la Atención Primaria es “menos gravosa” que la que se realiza a través de los servicios de urgencias.

Por su parte, las comunidades gobernadas por el PP criticaron la ausencia de una memoria económica, porque, según sus estimaciones, volver a atender a los inmigrantes en situación irregular tendría un coste de 1.200 millones, al tiempo que pidieron a la ministra una mayor concreción sobre el concepto de universalidad, y coincidido en que no era necesaria la modificación, ya que la asistencia está garantizada.

“Lo de hoy es más demagogia que fundamento”, lamentó la consejera de La Rioja, que indicó que la solidaridad debe ir acompañada de seguridad jurídica.

Por el contrario, la consejera de Salud de Andalucía subrayó que “la universalidad no es un asunto económico sino político” y argumentó que la mayoría de la población inmigrante “es joven y sana y no hace mucho uso de los servicios sanitarios”.

La ministra de Sanidad confía en poder aprobar el real decreto “lo más rápidamente posible” y que quedaría derogado automáticamente lo anterior, en referencia a las medidas puestas en marcha por las comunidades.

Se trata, según Montón, de sustituir “todo el articulado que habla de exclusión sanitaria por otro que hable de universalidad”


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