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Indignación por crueldad en frontera activa a la clase política de EEUU

Washington. Agencias | 26 de Junio de 2019 a las 15:34

Las consecuencias de sellar la frontera sur de Estados Unidos comienzan a desbordarse sobre el debate público en Estados Unidos y está obligando a posicionarse a todos los actores políticos del país. La mayoría demócrata de la Cámara de Representantes decidió este martes tomar la delantera política en el tema de la inmigración. El miércoles, reaccionó la mayoría republicana en el Senado. Ambos lo hacen en medio de la indignación por las últimas revelaciones sobre las condiciones en las que están detenidos algunos menores en la frontera sur y, sobre todo, tras el impacto de la foto de un padre y su hija ahogados en México cuando intentaban cruzar el río fronterizo. La expresión “campos de concentración” empieza a entrar en el debate público como descripción de lo que está pasando.

La propuesta de los demócratas destina 4.500 millones de dólares (3.960 millones de euros) a mejorar los recursos en la frontera. Con ella, metían presión a los republicanos del Senado y al presidente Donald Trump, que trata de presentarles como culpables del dramático caos creado en el último año en la gestión de las solicitudes de asilo. Al día siguiente, el Senado rechazó la versión de la Cámara y aprobó su propia versión que destina también 4.600 millones a la frontera. La diferencia entre ambas es el margen de discreción que otorgan a Trump para decidir en qué se gasta el dinero.

Los líderes de las dos Cámaras pretenden que sea el otro el que acepte su ley, y el miércoles no estaba claro que puedan llegar a una versión común antes de las vacaciones del 4 de julio. Sobre la mesa está una cuestión política marginal hace solo una semana, pero ahora central: a quién van a responsabilizar los votantes por el caos y la crueldad en la frontera. Trump dejó muy claros los términos de la batalla en un tuit: Los demócratas "decían que no había una crisis en la frontera, que era prefabricada. Ahora admiten que yo tenía razón. ¡Tienen que hacer algo para arreglarlo!".

Demócratas y republicanos se pusieron en marcha a toda velocidad el martes después de un fin de semana en el que Estados Unidos ha escuchado un relato de terror de las condiciones en un centro de detención de Clint, Texas. Allí, un grupo de abogados afirma haber visto la semana pasada niños pequeños sin pañales, sin lavarse durante semanas, sin ropa limpia o sin cepillo de dientes, y a menores de siete u ocho años haciéndose cargo de bebés. Alrededor de 300 menores se encontraban allí. Ante el escándalo, la agencia de protección de fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) sacó a 249 de los menores, para anunciar poco después que ha llevado a 100 de vuelta al centro. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos menores siguen allí o si han mejorado las condiciones. CBP puso en duda las acusaciones de los abogados.

A este informe se sumó la desafortunada actuación de una abogada del Estado que, ante un tribunal de California, intentó argumentar que el cepillo de dientes o el jabón no hacían falta para dar un “trato humanitario” a los detenidos, como pide la ley. Por último, este martes todo el país pudo ver en redes la foto de un padre de El Salvador y su hija ahogados en la corriente del río Bravo tratando de llegar a Texas. La foto fue portada en The New York Times este miércoles.

La tragedia de Óscar Martínez y su hija Valeria, ahogados en el río Bravo cerca de Matamoros, Tamaulipas (costa Atlántica), ilustra la desesperación de miles de personas obligadas a esperar en México para pedir asilo en EE UU, debido a la colaboración en este sentido del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el cambio radical que ha hecho Trump en los protocolos de asilo. Además, México ha reforzado la vigilancia en las zonas fronterizas, tanto del norte como del sur, y la persecución de inmigrantes dentro de su territorio forzado Trump.

Todo esto se produce además en un momento en que no parece haber nadie al mando de la política de fronteras en Estados Unidos. El martes, tras las revelaciones sobre el centro de menores de Clint, el director de CBP, John Sanders, anunció a sus subordinados que dejará el puesto en julio. Sanders era el director interino, tras la salida de Kevin McAleenan para hacerse cargo del puesto de secretario de Seguridad Nacional. De ese puesto dimitió Kirstjen Nielsen, supuestamente por oponerse al endurecimiento de la persecución de inmigrantes. La purga en el departamento, del que dependen las aduanas y la seguridad fronteriza, ha dejado una docena de puestos vacantes.

Al puesto de Sanders ascenderá ahora Mark Morgan, un personaje despreciado por el propio Trump al principio de su mandato y que ha escalado de vuelta al Gobierno por el medio favorito del presidente, la televisión. Morgan tenía experiencia en el FBI cuando fue nombrado para dirigir la policía fronteriza por el presidente Barack Obama en los últimos meses de su mandato. Al asumir Trump la presidencia en enero de 2017 fue obligado a dimitir. Según los medios de Washington, Morgan se ganó el favor de Trump a través de sus intervenciones en Fox News, una cadena de informativos que actúa como asesora del Despacho Oval. Morgan ha salido en Fox apoyando la construcción de un muro y la dureza contra los inmigrantes. En una entrevista en Fox en enero, dijo que podía saber si un inmigrante irregular era miembro de la banda MS-13 "solo con mirarle a los ojos".

El pasado mayo, Trump nombró a Morgan de nuevo director de la policía de inmigración. El anterior jefe, Ronald Vitiello, fue obligado a dimitir porque el presidente quería a alguien "más duro". Tras la renuncia de Sanders como director de todo el departamento de fronteras, Morgan ha ascendido en solo seis meses de comentarista en Fox a un puesto clave de la seguridad nacional de Estados Unidos.

En este contexto, la ley aprobada por los demócratas destina 4.500 millones de dólares a servicios en la frontera y exige al departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) que establezca unos estándares obligatorios de salubridad y seguridad para los centros de detención y protocolos para enfrentarse con reglas claras a los picos de llegadas de inmigrantes. Aparte, exige a Servicios Sociales que no tenga a los menores en centros temporales más de 90 días antes de transferirlos a familias o centros de acogida. También prohíbe contratar a empresas que no garanticen un estándar mínimo aceptable en la comida y las camas, así como cepillos de dientes, escuela, atención médica y actividades de ocio, como existían hasta que Trump ordenó eliminarlas.

Algunos demócratas no ocultaban su disgusto por tener que enviar dinero para financiar la política del presidente en la frontera, que ha exacerbado la crisis al bloquear las solicitudes de asilo en los puertos de entrada y empeñarse en mantener a todos los inmigrantes detenidos el máximo tiempo posible. Las cifras de detenciones son mucho menores que el pico de un millón que se alcanzó en el año 2000, los recursos son más y, sin embargo, el sistema está “al borde del colapso” según la administración de aduanas.

La congresista Pramila Jayapal, por ejemplo, dijo a The Washington Post que lo hacía solo por mejorar las condiciones de los niños. “No sé ni cómo describir el hecho de que tengamos que decirles: ‘tenéis que darles comida y agua a estos niños’. Pero eso es lo que estamos haciendo”. La ley se aprobó con los votos a favor de la mayoría demócrata y una gran mayoría de republicanos en contra. Tres republicanos votaron a favor. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, tuvo que empeñarse a fondo para convencer al ala más izquierdista de su partido, que se negaba a dar dinero a las mismas agencias fronterizas que, en su opinión, están creando el problema. Pelosi advirtió que el fracaso de la ley era exactamente lo que quiere el presidente Donald Trump. Aun así, cuatro demócratas votaron en contra.

Hace una semana que Donald Trump anunció en un tuit que ordenaría deportaciones masivas de “millones” de personas. “Los únicos que no hacen nada son los demócratas del Congreso”, dijo, horas antes de arrancar su campaña de reelección. Trump prometió la construcción de un muro en la frontera sur y el Congreso lleva dos años y medio negándole el dinero para hacerlo, tanto con mayoría demócrata como con mayoría republicana. Mientras, el presidente ha vetado dos planes de inmigración que tenían apoyo bipartito.


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