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Fuertes comentarios genera propuesta legislativa migratoria en Panamá

Ciudad de Panamá. PL | 10 de Julio de 2019 a las 13:07

Dísimiles comentarios genera este miércoles en redes sociales la propuesta realizada por la primera vicepresidenta del parlamento panameño, Zulay Rodríguez, que busca endurecer los controles migratorios a través de un nuevo decreto ley.

Extremista, xenofóbica, preocupante, cacería de brujas, son algunos de los calificativos emitidos por extranjeros residentes en Panamá, que con esta iniciativa legislativa ven en peligro su estancia en la nación centroamericana, caracterizada por ser un crisol de razas.

Según algunos analistas, el endurecimiento de las medidas migratorias propuestas por la legisladora no favorecerían a la inversión extranjera, pues podrían sentir inseguridad.

A juicio de la diputada del gobernante Partido Revolucionario Democrático, 'los extranjeros que nos ofendan a los nacionales, se van inmediatamente del país', en alusión a lo establecido para aquellos que manifiesten públicamente ofensas e insultos hacia los panameños, el país y sus símbolos patrios, dejando al libre albedrío la interpretación de estos conceptos.

La iniciativa propone también la deportación, 'sin apelación', de las personas que cometan delitos, no entreguen la documentación requerida y atenten contra profesiones protegidas por la ley solo para nacionales, al tiempo que contempla la revisión de visas y categorías asignadas al momento de ingresar al país.

Rodríguez explicó que el anteproyecto busca dar seguimiento a los procesos de regularización migratoria extraordinarios realizados por el Servicio Nacional de Migración (SNM) para que, una vez cumplidos los requisitos exigidos por la ley, los extranjeros beneficiados con los permisos de residencia temporal puedan realizar cambios de estatus a una de las categorías regulares, a través de abogado idóneo.

El documento, que modifica y adiciona artículos al Decreto Ley de 2008 sobre el SNM, crea la Unidad Migratoria de Acción de Campo (UMAC), la cual deberá fiscalizar y realizar los censos de los procesos de regularización migratoria de los beneficiados, cada seis meses.

Asimismo, los favorecidos con los carnés por medio de procesos de regularización migratoria deberán entregar a la UMAC, en un periodo no mayor a seis meses, un comprobante de domicilio y otro legal que acredite sus fuentes de ingresos y no tener deudas con el Estado, permiso de trabajo e inscripción como asegurado en la Caja de Seguro Social.

De incumplir con estos requisitos, el proyecto de ley establece que el extranjero podrá solicitar una prórroga de un mes, y de no entregar los documentos en ese plazo, deberá abandonar el país voluntariamente en un periodo no mayor de 15 días o de lo contrario el SNM iniciará el proceso administrativo de deportación .

La diputada, quien admitió la rigidez de su propuesta, planteó que la misma deroga todos los decretos migratorios aprobados recientemente por el expresidente Juan Carlos Varela, que a su juicio permiten a determinados extranjeros tener permisos de permanencia de por vida y de manera ilimitada.


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