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Republicanos contra reforma migratoria

Washington. PL. | 15 de Septiembre de 2010 a las 00:00
El Partido Republicano estadounidense tiene una lista interminable de requisitos de seguridad para presuntamente favorecer una reforma de las leyes migratorias en el país. La modificación del código que permita regularizar la situación de millones de personas que viven aquí sin papales es rehén de los intereses políticos, según ilustra un comentario del diario californiano La Opinión. ¿Quién decidirá si la frontera común con México llena los cánones de seguridad que permitirían considerar en el Congreso un plan de reforma migratoria amplia?, pregunta Maribel Hastings, asesora ejecutiva y analista de America's Voice. Lo que sí se sabe es que la seguridad fronteriza es buen tema electoral, subraya, y en ese sentido los republicanos suman requisitos a su interminable lista. La articulista desenmascara argumentos esgrimidos sobre problemas de seguridad e incluso estima que los demócratas ceden posiciones a presiones de la oposición. Un ejemplo de eso, señala, es el envío de mil 200 Guardias Nacionales a la frontera. Sostiene Hastings que después de tanto bombo y platillo en Arizona, zona cero del debate migratorio, ni siquiera estaban listos para ser desplegados el 1 de agosto. Mientras tanto el senador demócrata de Nueva York, Charles Schumer, presidente del panel de Inmigración del Senado, afirma que hay mucha gente, demócratas y republicanos moderados, que dicen que no considerarían una reforma migratoria hasta que no hagan algo en torno a la frontera. La seguridad fronteriza, según la defina cada cual, avanza, más no así la reforma migratoria, señala Hastings. Pese a los argumentos de falta seguridad en el límite entre los dos países, la realidad es otra. Datos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) plantean, por ejemplo, que cuatro de las ciudades con la tasa más baja de crímenes violentos están ubicadas en estados fronterizos. San Diego, California, El Paso y Austin, en Texas, y Phoenix, Arizona, donde rige la ley SB1070, tienen esta situación. Cifras del Centro Hispano Pew, citadas por Hastings, ponen en duda el protagonismo del término de inmigración ilegal. Entre el 25 y el 40 por ciento de los indocumentados no ingresaron al país sin documentos sino con visados que luego expiraron.

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