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Iglesia gala considera inaceptable lritica Ley de Inmigración

París. La Voz. | 22 de Septiembre de 2010 a las 00:00
Tras criticar abiertamente el pasado mes de agosto las expulsiones masivas de gitanos, la Iglesia francesa arremete ahora contra la Ley de Inmigración que la Asamblea Nacional debatirá el próximo día 28. En un duro comunicado, la Conferencia Episcopal califica algunas de las medidas que propone el Gobierno de inaceptables. Los obispos se muestran particularmente severos con los artículos que «tienden a disminuir las garantías de un proceso justo», en alusión al retraso en el período máximo de retención antes de la comparecencia ante el juez. Con el argumento de que «la ayuda humanitaria a los inmigrantes en dificultades no debe nunca confundirse con las actividades de los traficantes» de seres humanos, los obispos critican la pena de cinco años de prisión y 30.000 euros de multa que fija la ley para quienes auxilien a los sin papeles. Las nuevas trabas que se imponen al reagrupamiento familiar, así como la prohibición de volver a territorio francés hasta cinco años después de la expulsión tampoco cuentan con el apoyo de la Iglesia francesa, que, en contra de lo que suele ser su costumbre habitual, ha tomado en este caso una posición política. A primeros de este mes, el ministro del Interior, Brice Hortefeux, se reunió con el cardenal André Vingt-Trois, que en agosto aseguró que el Papa quería encontrarse con el presidente Nicolas Sarkozy. Claude Schokert, obispo de Belfort, se explicaba con claridad hace unos días en el diario Le Parisien : «Nos oponemos a ese discurso de énfasis en la seguridad, nos oponemos a los artículos de la Ley Besson que consideramos más duros». A su paso por la Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional, el texto ha ido incluso más allá del propuesto por el ministro Eric Besson. Las enmiendas aprobadas por los diputados de la derecha establecen penas de hasta 7 años de prisión para quienes contraigan un «matrimonio blanco» para obtener la nacionalidad. También aumentan los requisitos de dominio del idioma para obtener la tarjeta de residencia y se ponen trabas al acceso de los inmigrantes irregulares a la sanidad pública con el fin de evitar «un coste exorbitado al sistema de salud francés». En contra incluso de los criterios del Gobierno, los diputados conservadores eximen sin embargo de persecución penal alguna a los empresarios que contraten a irregulares «de buena fe», es decir, cuando aleguen desconocer las circunstancias en que está el trabajador. Tras su aprobación parlamentaria, la ley tendrá que superar el dictamen del Consejo Constitucional, que ya se ha pronunciado contra la retirada de la nacionalidad a los extranjeros que atenten contra representantes de la autoridad.

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