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Sigue huelga bananera en Costa Rica

San José. Agencia PL. | 22 de Junio de 2013 a las 12:40

Al entrar este sábado en la decimoctava jornada consecutiva, la huelga contra la transnacional estadounidense Del Monte en Costa Rica continúa sin solución, mientras portuarios de Limón boicotean embarques de la empresa en solidaridad con la protesta.

Banana Development Company (Bandeco), subsidiaria de Fresh Del Monte, sigue la estrategia de vencer por hambre a los más de 600 trabajadores que mantienen detenidas las labores de exportación de frutas en tres fincas de la fronteriza zona de Sixaola, denunciaron fuentes obreras.

El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada (Sitepp), representante de los huelguistas, informó en su perfil de la red social Facebook que Bandeco presiona a los proveedores de alimentos para que no vendan a los sublevados.

Además, la fuente aseguró que la transnacional dio la orden de cerrar los comedores escolares estatales de Daytonia y Cecilia que atienden unos 350 niños, para obligar a sus padres a deponer la huelga y dijo que la "actitud servil del Ministerio de Educación le hace el juego a la empresa".

Nos asquea la actitud del gobierno que se prostituye ante las transnacionales como ésta que recibe todo tipo de dádivas, mientras los trabajadores que producimos las riquezas recibimos como pago violaciones a nuestros derechos fundamentales, agrega el comunicado de Sitepp.

Este gremio hizo un llamado internacional a los sindicatos de los países, donde Del Monte tiene intereses, para que se sumen a la denuncia de la violación de los derechos laborales de los bananeros costarricenses, según el documento firmado por su vicepresidenta Ana María Jra Bolaños.

José María Villalta, diputado del Partido Frente Amplio, presentó esta semana una denuncia penal contra la transnacional bananera por "explotación laboral" de trabajadores migrantes en sus fincas de Sixaola, en la provincia de Limón.

Recordó el legislador que en el Artículo 189 bis de la Ley de Trata de Personas, se indica que "será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años, quien induzca, mantenga o someta a una persona a la realización de trabajos o servicios en grave detrimento de sus derechos humanos fundamentales".

La huelga se inició el 5 de junio pasado en protesta por el despido de unos 60 trabajadores y la amonestación a más de 100, quienes participaron en otro paro en 2012, el cual fue considerado ilegal por un tribunal costarricense.


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