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Buenas perspectivas para indígenas panameños

Ciudad de Panamá. Agencia PL. | 2 de Agosto de 2013 a las 11:44

La visita del relator de Naciones Unidas para los derechos humanos James Anaya a las comunas de las siete etnias originarias de Panamá abre buenas perspectivas a los indígenas en sus denuncias por ventas ilegales de tierras y obras perjudiciales.

Las protestas que han costado varios muertos y sacrificios muy grandes en las comarcas y hasta el momento con muy pocos resultados a favor de los indígenas, en apariencia encuentran en la visita de Anaya un respaldo importante, a juzgar por la evaluación que hizo horas antes de marcharse de Panamá.

En el conflicto más importante de los últimos años, que tiene que ver con la venta ilegal de tierras a empresas y particulares, y la construcción de obras, principalmente hidroeléctricas, Anaya fue muy claro en su respaldo a los indígenas.

El funcionario señaló que esos pueblos le reiteraron su máxima preocupación por presencia de terceros tanto dentro como fuera de las comarcas, lo cual ha resultado en la perdida de extensiones de tierras y recursos naturales, así como en la fragmentación del control y toma de decisiones de sus autoridades en sus tierras.

Estos terceros incluyen colonos y empresas privadas agrícolas, ganaderas y de turismo, así como mineros y madereros ilegales, de los cuales tomó nota Anaya.

Corroborada esa situación in situ, Anaya instó al gobierno de Panamá a cooperar con las autoridades indígenas para controlar y poner fin a esas invasiones y privatizaciones de tierras, incluyendo territorios indígenas que continúan a la espera de ser demarcados y titulados por el Estado.

El funcionario de la ONU admitió que el desarrollo de grandes proyectos de inversión en los territorios indígenas ha sido motivo de numerosas alegaciones de violaciones de los derechos de esos pueblos, especialmente en años recientes, y puso como ejemplo el proyecto hidroeléctrico Chan 75 iniciado en 2009 a pesar del informe rendido por él en el que lo cuestionaba y planteaba una serie de recomendaciones incumplidas.

Han pasado cuatro años desde entonces y el relator ha seguido recibiendo información sobres proyectos hidroeléctricos y de minería que tienen un impacto negativo sobre los territorios indígenas quienes alegan irregularidades en los procesos de autorizaciones para la construcción de las hidroeléctricas.

Lo que creó más expectativas en la visita de Anaya fue el caso de la hidroeléctrica de Barro Blanco, teatro de las más fuertes manifestaciones indígenas en los últimos tiempos.

El relator explicó que de sus diálogos con representantes ngÃñbes resulta evidente que aún existe una fuerte oposición al proyecto Barro Blanco y una falta de claridad y de información adecuada sobre sus impactos.

En cambio, sí se manifiesta con claridad que si bien la represa del proyecto hidroeléctrico, actualmente en construcción, está ubicada fuera de la Comarca NgÃñbe Buglé, su embalse inundaría tierras de un área anexa de la comarca con una afectación directa sobre los habitantes de esta zona, que es lo que han estado denunciando los indígenas.

Esa formulación ha sido muy bien acogida por todas las facciones de la comarca NgÃñbe Buglé que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica de Barro Blanco y otras que se construyen sobre el río Tabasara y otros afluentes.

Anaya dijo que toma nota de la mesa del diálogo establecida con el apoyo del sistema de ONU en Panamá para atender esa situación, y alienta a las partes a seguir ese proceso a fin de llegar a una solución consensuada basada en el respeto pleno de los derechos territoriales del pueblo ngÃñbe y de las comunidades directamente afectadas, y eso último es lo que debería subrayarse.

Más aún, Anaya estimó que debió haberse consultado adecuadamente al pueblo ngÃñbe antes del otorgamiento de la concesión para el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco.

De acuerdo con las normas internacionales, agregó, no se debería proceder a inundar las tierras del pueblo ngÃñbe ni afectarlas de otra manera sin un acuerdo previo con sus autoridades representativas.

Anaya fue muy específico al señalar que sin el acuerdo o consentimiento del pueblo ngÃñbe, el Estado solo podría permitir la afectación a los derechos territoriales de este pueblo en virtud de un propósito público válido dentro del marco de derechos humanos, y solo en la medida en que la afectación fuese necesaria y proporcional en relación con ese propósito valido.

Más allá de esa responsabilidad del Estado que incluye proteger los derechos del pueblo ngÃñbe sobre tierras y recursos naturales, la empresa dueña del proyecto Barro Blanco tiene una obligación independiente de respectar esos mismos derechos, de acuerdo con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en el año 2011.

En otro sentido, Anaya recogió las preocupaciones de los pueblos indígenas de todo el país sobre la falta de respeto por parte del Estado hacia su decisiones, que se manifiesta incluso en el desempeño de funciones bajo su jurisdicción al interior de las comarcas.

El relator de la ONU instó a las instancias del gobierno a fortalecer su cooperación con las autoridades indígenas, incluyendo asuntos como la educación, la salud, el desarrollo económico, y la seguridad en las zonas fronterizas del país en las áreas de la Comarca Gunayala y la Emberá Wounaan.

Anaya pidió acelerar y enriquecer el proceso en curso para la creación de un "Plan nacional de desarrollo integral de los pueblos indígena", que podría resultar en un avance significativo si realmente se fundamenta en las aspiraciones de los pueblos indígenas y si se convierte en una acción efectiva que disponga del presupuesto requerido para ser implementado.

También pidió la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes para fortalecer las políticas de respeto a los derechos humanos de esos grupos étnicos.

Panamá es uno de los pocos países en América Latina que aún no ha ratificado ese Convenio el cual es un instrumento que complementa la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en el año 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el voto afirmativo de Panamá.

Lamentablemente, el informe de esta visita del relator de la ONU se hará público el próximo año cuando será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.


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