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Parlamento salvadoreño acepta informe sobre caso de contrato italiana

San Salvador. Agencia PL. | 16 de Agosto de 2013 a las 11:40

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó por mayoría un informe que confirma irregularidades en la firma de un contrato en 2002 entre el estado y la transnacional italiana Enel Green Power.

La decisión fue alcanzada cerca de la medianoche tras un prolongado debate de varias horas y obtuvo 55 votos a favor y 29 en contra, 28 ellos de la bancada en pleno de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Los partidos que respaldaron el informe fueron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con la mayor fracción, 31; la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA); de Concertación Nacional y Demócrata Cristiano.

El polémico acuerdo fue suscrito durante el gobierno del ex presidente Francisco Flores (1999-2004), de Arena, y ahora principal asesor de la campaña electoral del candidato de ese partido, Norman Quijano.

En el informe se solicita a la justicia investigar las fortunas de Flores y otros dos implicados en el caso, el ex ministro de Economía Miguel Lacayo y el entonces presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL), Guillermo Sol Bang.

En ese sentido pidió que la Corte Suprema de Justicia indague un probable enriquecimiento ilícito de los ex funcionarios y los miembros de la Junta Directiva de la CEL durante el período 1999-2004.

Mediante el acuerdo, ENEL se haría con el 53 por ciento de la empresa LaGeo, que genera electricidad a partir de la energía geotérmica, una concesión que la constitución establece deber ser aprobada por el parlamento y un paso obviado cuando se firmó.

El arreglo fue suspendido en 2008 y desde entonces se encuentra en litigio por la Enel en un tribunal internacional de Paris, Francia, que en dos ocasiones ha fallado a favor de la transnacional.

Debido a las irregularidades encontradas la subcomisión parlamentaria recomendó al gobierno no atender esas sentencias de la corte parisiense.

El caso fue reflotado a la actualidad pública en enero de este año por el presidente Mauricio Funes, quien advirtió que se trató de una privatización encubierta.

Desde entonces el mandatario ha insistido en que la Constitución "claramente establece que no se puede hacer una concesión de un recurso público si no se tiene la autorización de la Asamblea Legislativa".

Funes sostiene que defenderá los recursos del estado. "Mientras yo esté en el gobierno, este caso no quedará en el olvido. Yo no voy a entregar el patrimonio público, el patrimonio que es de los salvadoreños", subrayó.

El caso es investigado también por un equipo especial de la Fiscalía General de la República, cuyo titular, Luis Martínez, adelantó que sus conclusiones pueden hacerse públicas este mes.


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